Un esc¨¢ndalo con alma de bomba

Cash Lepe, Hitemasa, Nexprom, R¨ªo Grande, Maginae Solutions... El listado de empresas que figura en la ¨²ltima investigaci¨®n que dirige la juez Mercedes Alaya denota la nueva dimensi¨®n que ha tomado el caso Mercasevilla. Desde ahora la magistrada examina con lupa cada subvenci¨®n que la Junta concedi¨® a empresas durante nada menos que nueve a?os.

Sociedades radicadas en M¨¢laga, Granada, Huelva, Sevilla y cobros desde Ja¨¦n apuntan a que el hilo de esta l¨ªnea de investigaci¨®n puede superar los cuatro detenidos de los dos ¨²ltimos meses. Pero sobre todo trasciende las corruptelas de una empresa p¨²blica sevillana para dar un salto cualitativo: ata?e a un fondo p¨²blico de 647 millones cuestionado por la polic¨ªa, decenas de Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE), miles de prejubilaciones y un alto cargo del Ejecutivo implicado. La comparecencia judicial de varios ex consejeros de Empleo es previsible. Su imputaci¨®n est¨¢ por ver.

Hay indicios de que la lista de prejubilaciones ficticias aumentar¨¢

El PP llevar¨¢ la bronca pol¨ªtica al Congreso de los Diputados

Esta nueva magnitud de un sumario imprevisible da a¨²n m¨¢s munici¨®n a la arena pol¨ªtica. Mientras que el PP espera sacar grandes r¨¦ditos del esc¨¢ndalo de corrupci¨®n, el PSOE conf¨ªa en que la red desarticulada no tenga tent¨¢culos a¨²n m¨¢s grandes de los conocidos. Lo cierto es que hay indicios de que la lista de intrusos en empresas ajenas para prejubilaciones ficticias seguir¨¢ aumentando. La cantidad ingente de informaci¨®n, generada desde que en 2001 Empleo cambi¨® su sistema de ayudas a empresas, indica que la investigaci¨®n se demorar¨¢ meses.

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados preguntar¨¢ sobre el esc¨¢ndalo en la pr¨®xima sesi¨®n de control al Gobierno. Ayer el secretario general andaluz del PP, Antonio Sanz, tild¨® el caso de "tsunami". Para el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jim¨¦nez, no debe implicar un desgaste pol¨ªtico: "Estamos ante una cuadrilla de cuatro sinverg¨¹enzas que aprovecharon su posici¨®n al frente de algunas empresas ajenas a la Administraci¨®n auton¨®mica". Y aunque el PP puede pronto acabar los superlativos para denominar la investigaci¨®n, implicados como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero no ayudan al PSOE con expresiones tan gr¨¢ficas como "fondo de reptiles" (comisiones ilegales desde un Gobierno para influir en empresas y c¨ªrculos de poder) para definir el fondo de 647 millones que gestion¨® la Consejer¨ªa de Empleo para financiar estos ERE.

"En el momento en que pueda, la coloco en alg¨²n ERE". El conseguidor Juan Lanzas resum¨ªa as¨ª al comercial Francisco Gonz¨¢lez su destreza para ubicar personas en diferentes ERE de manera ficticia y generar jugosos dividendos. La polic¨ªa estima que la red desarticulada obtuvo a trav¨¦s de tres ERE al menos 470.000 euros gracias a informes fantasmas de asesor¨ªa y la utilizaci¨®n de "hombres de paja".

Al margen de las comisiones ilegales y enredos de esta trama, la batalla pol¨ªtica reside en que la polic¨ªa cree que la Junta mantuvo el sistema de ayudas sin los controles estipulados y de manera arbitraria. "Guerrero dispuso de fondos p¨²blicos sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", seg¨²n refleja el informe policial. "Con la firma del convenio (...) se evita los controles y la fiscalizaci¨®n", a?ade la polic¨ªa judicial, que estima que las ayudas a empresas debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en el BOJA al superar los tres millones.

Al d¨ªa siguiente, la respuesta del consejero de Empleo, Manuel Recio, fue contundente: "No hay nada que temer. Ha habido absoluta transparencia y legalidad". Recio sostiene que los controles fueron suficientes porque las ayudas se concedieron a las personas y no a las empresas. Sin embargo, de momento la ausencia de documentos que avalen la tesis de la Junta hace que las dudas sobre la legalidad se disparen.

La polic¨ªa recuerda c¨®mo en 1998 el Consejo de Gobierno debi¨® autorizar 1.000 millones de pesetas en ayudas a Puleva, antes de que el sistema cambiara. La batalla jur¨ªdica acaba de comenzar y en paralelo la investigaci¨®n policial apunta a que los detenidos aumentar¨¢n de manera notable.