Regreso al inicio del esc¨¢ndalo

El pol¨¦mico caso de los ERE fraudulentos ha sufrido esta semana una regresi¨®n hasta su origen: las irregularidades en el Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) de 2007 de la empresa p¨²blica Mercasevilla. De sus p¨®lizas de prejubilaci¨®n surgi¨® hace 10 meses el primer intruso (persona que nunca trabaj¨® en una empresa beneficiada) de una posterior lista de 72 casos con ayudas indebidas, y redimension¨® el proceso para darle un ¨¢mbito regional con irregularidades detectadas en todas las provincias.

Ahora el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha exigido a la Junta el pago de nueve millones para ese expediente, la mayor losa financiera para la fr¨¢gil econom¨ªa de Mercasevilla y un abono que el Gobierno andaluz no reconoce. El enfrentamiento tardar¨¢ tiempo en resolverse porque las posturas est¨¢n enfrentadas y la Junta no parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Todo apunta a que el Ayuntamiento se har¨¢ cargo en solitario de las costosas p¨®lizas de los 40 extrabajadores prejubilados. Al menos de momento y hasta que un juez ordene lo contrario.

El Ayuntamiento exige a Empleo que reconozca un pago de nueve millones

Del expediente de la empresa surgi¨® hace 10 meses el primer intruso

Las pruebas del supuesto compromiso de pago de la Junta son confusas. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en la causa judicial, firm¨® diversos documentos en los que confirmaba que la Consejer¨ªa de Empleo se har¨ªa cargo de los nueve millones en diferentes pagos, el ¨²ltimo de ellos el d¨ªa antes de dejar el cargo. Pero meses despu¨¦s los servicios jur¨ªdicos de la Junta estimaron que los documentos carec¨ªan de validez legal.

Desde entonces, las posturas han variado poco pero el problema est¨¢ algo m¨¢s cerca de dilucidarse. Empleo abri¨® un expediente por v¨ªa administrativa tras la reclamaci¨®n de la direcci¨®n de la empresa, que ahora est¨¢ pr¨®ximo a culminarse, aunque lo m¨¢s probable es que se cierre con un silencio administrativo por parte de la Junta. En tal caso, Mercasevilla acudir¨¢ a los tribunales para iniciar la v¨ªa contencioso-administrativa.

La batalla jur¨ªdica ser¨¢ enconada. El principal argumento jur¨ªdico de la empresa es que Empleo tiene una "responsabilidad patrimonial" en el ERE, porque hizo creer a Mercasevilla que asumir¨ªa el 90% del costo de las prejubilaciones y tramit¨® de forma irregular el expediente.

Ejemplos de ERE pagados y sin convenio firmado entre las partes hay varios, pero destaca el del restaurante R¨ªo Grande, en el que la Junta abon¨® 1,5 millones. Este abono de Empleo se produjo gracias a los "pagos cruzados" por los que Guerrero mov¨ªa el dinero de un expediente a otro seg¨²n los compromisos m¨¢s urgentes. ?Realiz¨® el ex director general esta operaci¨®n con el ERE de 2007 de Mercasevilla? De momento nadie lo sabe. Lo ¨²nico cierto son dos datos contradictorios: los prejubilados recibieron de la aseguradora Vitalicio m¨¢s dinero del que aport¨® la empresa, pero Vitalicio certific¨® que la Junta no hab¨ªa abonado cantidad alguna para este ERE. ?Qui¨¦n abon¨® entonces ese dinero extra?

"En Merca tenemos claro que la Junta pagar¨¢, porque hemos visto compromisos de pago calcados de otras empresas. ?Por qu¨¦ a otras empresas s¨ª y a Merca no?", interrogan fuentes de la empresa municipal. "Si Empleo no pagaba, lo l¨®gico es que Vitalicio se quejara. Dicho esto, la Junta no se bajar¨¢ del burro", admiten las mismas fuentes. Y es que con la grave crisis nueve millones es una important¨ªsima cantidad para Empleo. "La postura de la Junta est¨¢ clara y solo nos reiteramos en la misma", insisti¨® el consejero de Empleo, Manuel Recio.

Mientras, los prejubilados se han visto en un fuego cruzado que les llev¨® a protagonizar acampadas ante los prolongados impagos. Rafael Dom¨ªnguez, presidente del comit¨¦ de empresa, recuerda que el responsable de la divisi¨®n Vida de Vitalicio, Jos¨¦ Antonio Mateos, que rechaz¨® ofrecer su opini¨®n, les confirm¨® que "a los trabajadores se les hab¨ªa pagado a trav¨¦s de la aseguradora 500.000 euros de m¨¢s". La soluci¨®n depender¨¢ de un juez y se retrasar¨¢ al menos un a?o.