Gri?¨¢n rechaza enviar a la juez las actas de la Junta por ser reservadas

El Gobierno aut¨®nomo no quiere un Wikileaks andaluz y se plant¨® ayer ante la juez que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) pagados con fondos p¨²blicos. En un auto firmado el pasado 21 de marzo, la titular del juzgado n¨²mero de 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, pidi¨® a la Junta de Andaluc¨ªa las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, unas 480, sin concretar qu¨¦ acuerdos o informes quiere investigar, si tratan sobre los ERE fraudulentos o de cualquier otro asunto. La investigaci¨®n interna de la Consejer¨ªa de Empleo ha establecido 183 irregularidades en el caso de los ERE, de los que 72 son polizones -personas que nunca han trabajado en las empresas- que habr¨ªan recibido de manera indebida unos nueve millones de euros, y 111 "discordancias administrativas".

La juez reclama el contenido de los Consejos de Gobierno desde 2001

El Ejecutivo considera "in¨¦dita y falta de motivaci¨®n" esa petici¨®n

Para algunos juristas, la decisi¨®n de la magistrada de pedir todas las actas del Consejo de Gobierno, cuyas deliberaciones son secretas, es muy discutible porque parece abrir una causa general contra todos los actos de la ¨²ltima d¨¦cada del Gobierno andaluz, presidido por el socialista Manuel Chaves hasta marzo de 2009, cuando le sustituy¨® Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.

El Ejecutivo andaluz considera que la petici¨®n de Alaya es "indiscriminada", est¨¢ formulada "sin motivaci¨®n alguna" y es "in¨¦dita" en el orden constitucional, que establece la separaci¨®n de poderes, ya que solo el Consejo de Gobierno tiene la facultad para hacer p¨²blicos los documentos. Revelarlos, mantuvo ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, vulnerar¨ªa la ley de Gobierno de la comunidad, que establece lo siguiente: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendr¨¢ car¨¢cter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos p¨²blicos".

En opini¨®n de Mar Moreno, que cit¨® un informe de los servicios jur¨ªdicos de la Junta, la petici¨®n "indiscriminada, obligar¨ªa al Consejo de Gobierno a incumplir la ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias". El Gobierno aut¨®nomo acord¨® ayer "ante la imposibilidad legal y material de levantar el car¨¢cter reservado de los documentos incorporados a las actas", ofrecer a la juez v¨ªas alternativas para obtener la misma informaci¨®n.

La Junta le pide a la juez Alaya que precise su petici¨®n y requiera al Consejo de Gobierno la certificaci¨®n de los acuerdos o informes concretos que el juzgado considere relevantes para la investigaci¨®n del caso. En lo que parece estar m¨¢s interesada Alaya, que ha reclamado a la Junta 57 informes, memorias, actas de distintos centros directivos y contabilidad de las empresas p¨²blicas y consejer¨ªas afectadas, es en los informes de la Intervenci¨®n General en los que se advirti¨® contra el procedimiento administrativo para tramitar los ERE. El Gobierno andaluz mantiene que la Intervenci¨®n no elev¨® ning¨²n informe de actuaci¨®n o alerta roja advirtiendo del menoscabo de fondos p¨²blicos.

Seg¨²n la tambi¨¦n portavoz del Ejecutivo, si la juez motiva su petici¨®n, el Gobierno levantar¨¢ la reserva sobre esos documentos. En el caso "improbable", afirm¨®, de que Alaya no acepte esta salida, ser¨¢ el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n, que depende del Tribunal Supremo, el que se pronuncie si procede o no la petici¨®n de la instructora del caso. Seg¨²n la Junta, no existe ning¨²n antecedente de este tipo y lo que dictamine el citado tribunal marcar¨¢ un precedente para todas las comunidades aut¨®nomas y para el Consejo de Ministros.

Con esta decisi¨®n de parar los pies a la juez Alaya, la Junta, que est¨¢ personada en el caso como acusaci¨®n particular, corre el riesgo de que su estrategia de transparencia y colaboraci¨®n con la juez de la que hace gala sea utilizada por la oposici¨®n para acusarle de ocultar informaci¨®n.