La Xunta confirma la sanci¨®n a la constructora de Telmo Mart¨ªn

El Instituto Galego de Vivenda en Solo (IGVS) ha confirmado la sanci¨®n de 3,7 millones de euros a la empresa Construcuatro por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas en una promoci¨®n en Vigo durante 2006 y 2007. La resoluci¨®n ratifica su propuesta de sanci¨®n de noviembre y rechaza todas las alegaciones de Construcuatro. El IGVS impone la multa m¨ªnima para la infracci¨®n, calificada como muy grave en la ley gallega de vivienda, y declara responsables solidarios a dos de los socios de la empresa, Jos¨¦ Manuel Torres y Eugenio Sobral, hermano del alcalde de Poio. No menciona, en cambio, al tercer socio de la empresa, el ex regidor de Sanxenxo y actual candidato popular a la alcald¨ªa de Pontevedra, Telmo Mart¨ªn.

La resoluci¨®n cita a sus dos socios pero no al candidato del PP en Pontevedra

El abogado de Construcuatro sigui¨® la l¨ªnea que ha defendido Mart¨ªn desde el principio respecto a este caso, seg¨²n la cual los sobrecostes no eran tales, sino "mejoras" pactadas con los compradores. La resoluci¨®n no admite el matiz y aplica el art¨ªculo 54.1 de la Ley de Vivenda de Galicia, seg¨²n el cual es una infracci¨®n muy grave "la percepci¨®n de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa que sobrepase los precios m¨¢ximos establecidos en la legislaci¨®n". Todo ello en sinton¨ªa, adem¨¢s, con el Plan Estatal de Vivienda vigente en el momento de los cobros y el decreto auton¨®mico que los complementaba.

En las alegaciones tambi¨¦n intentaron los sancionados echar abajo el expediente por defectos de forma, como una supuesta dilaci¨®n excesiva para resolver el caso o una pretendida indefensi¨®n de los investigados. La empresa trat¨® de evitar que la responsabilidad se extendiese indistintamente a la sociedad y a los dos administradores, con el argumento de que el expediente iba dirigido exclusivamente a Construcuatro. Sin ¨¦xito, ya que el instructor rechaza todas sus pretensiones.

El abogado de los afectados, Antonio Salceda, se?ala la importancia de la sentencia judicial que precedi¨® al actual expediente administrativo. Si bien aquella excluy¨® la responsabilidad penal de los administradores, declar¨® probados los sobreprecios. As¨ª lo indica el informe pericial, aportado con posterioridad al expediente administrativo, que entonces constat¨® que Torres firm¨® 42 de estos contratos y Sobral, cinco. Salceda pidi¨® tambi¨¦n que Mart¨ªn fuese declarado responsable solidario, porque si bien su firma no figura en estos contratos, los administradores declararon en su momento en el juzgado que estaba al corriente de las pr¨¢cticas ilegales. La resoluci¨®n del IGVS, ente adscrito a la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no se pronuncia al respecto.

Fija una sanci¨®n de 3,7 millones de euros, resultado de la suma de la multa administrativa -2.470.000 euros- y el importe de los sobreprecios cobrados, que asciende a 1.235.000. La ley obliga tambi¨¦n a la devoluci¨®n de los intereses legales. Construcuatro cobr¨® de m¨¢s en 62 viviendas, en pagos a compradores que fueron desde 9.000 euros hasta algo m¨¢s de 30.000, seg¨²n el caso.

El instructor, Jos¨¦ Luis D¨ªez Y¨¢?ez, no menciona al dirigente del PP pontevedr¨¦s. D¨ªez, nombrado por el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, como jefe territorial de la Conseller¨ªa en Pontevedra, es un viejo conocido de Mart¨ªn. Con ¨¦l tuvo trato en 2006 como apoderado de una inmobiliaria que firm¨® un convenio urban¨ªstico con el Ayuntamiento de Sanxenxo por el cual este recibir¨ªa 4,8 millones de euros y la empresa quedaba liberada de construir vivienda social en una promoci¨®n de m¨¢s de 1.300 viviendas junto a un campo de golf. A las dos semanas de la firma, Mart¨ªn dej¨® la alcald¨ªa. El negocio no lleg¨® finalmente a buen puerto y Y¨¢?ez exigi¨® despu¨¦s judicialmente al Ayuntamiento que le devolviese el dinero a la sociedad.

La resoluci¨®n del IGVS, fechada el 26 de enero de 2011, fija un plazo de un mes para su recurso, que de presentarse deber¨¢ resolver el conselleiro Hern¨¢ndez. Este asegur¨® el pasado diciembre en el Parlamento que el expediente, abierto inicialmente durante el bipartito por la Conseller¨ªa de Vivenda dirigida por Teresa T¨¢boas, respondi¨® a un caso "pol¨ªtico manipulado por los responsables pol¨ªticos de la conseller¨ªa" durante aquella ¨¦poca.