G¨¹rtel provoca la ca¨ªda del segundo alcalde de Boadilla en dos a?os
Juan Siguero, sucesor de Arturo Gonz¨¢lez Panero, deja el cargo tras ser imputado por el juez a petici¨®n del PSM, que ejerce la acusaci¨®n particular
La decisi¨®n del magistrado que instruye el caso G¨¹rtel, Antonio Pedreira, de llamar a declarar como imputado el pr¨®ximo mi¨¦rcoles al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (Partido Popular), ha obligado a este a anunciar su dimisi¨®n, seg¨²n confirm¨® una escueta nota hecha p¨²blica ayer por el gabinete de prensa del Ayuntamiento.
Ya son dos los regidores del PP de este municipio de 42.430 habitantes que se han visto obligados a abandonar su cargo en la actual legislatura. En febrero de 2009 su predecesor, Arturo Gonz¨¢lez Panero, fue expulsado del partido pero sigui¨® manteniendo el acta de concejal en el Consistorio.
En el ¨¢mbito de la Comunidad de Madrid, la instrucci¨®n del caso G¨¹rtel -la mayor trama de corrupci¨®n destapada en la democracia espa?ola ligada al PP- el n¨²mero de alcaldes imputados se eleva a cuatro: los mencionados Juan Siguero y Arturo Gonz¨¢lez Panero (de Boadilla), Jes¨²s Sep¨²lveda (de Pozuelo de Alarc¨®n) y Gin¨¦s L¨®pez (de Arganda del Rey).
Pedreira ha comunicado en una providencia su decisi¨®n tras recibir la petici¨®n de la acusaci¨®n particular ejercida por los concejales del PSM-PSOE de Boadilla del Monte, que fue registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 10 de enero. El magistrado tomar¨¢ declaraci¨®n al regidor como presunto autor de los delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, negociaciones prohibidas a funcionarios, as¨ª como por su posible participaci¨®n como cooperador necesario en los delitos que se le imputan al exalcalde del municipio Arturo Gonz¨¢lez Panero.
A su vez, este ¨²ltimo, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, est¨¢ acusado de los delitos de cohecho, asociaci¨®n il¨ªcita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. El propio Panero, en declaraciones a EL PA?S, lleg¨® a acusar a Siguero de ama?ar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendr¨ªan que investigarle antes a ¨¦l que a m¨ª", aconsej¨® el ex alcalde.En el comunicado hecho p¨²blico por el Consistorio, Siguero manifiesta tambi¨¦n "su total y absoluta inocencia". "Con la finalidad de aclarar de forma inmediata su inocencia se pone a disposici¨®n judicial, toda vez que el escrito de la fiscal¨ªa se basa en una solicitud del Partido Socialista". Fuentes del PP aseguraron ayer que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, recibi¨® a las tres de la tarde una llamada de Siguero en la que le comunic¨® su intenci¨®n de dimitir para no perjudicar al PP.
Sobre Siguero pesaban graves acusaciones contenidas en varios informes policiales en los que los agentes solicitaban su detenci¨®n tras constatar su "estrecha relaci¨®n" con las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama G¨¹rtel. En uno de los informes se relata que el regidor lleg¨® a pedir a las empresas de la trama un puesto de trabajo para su mujer: "Retomando el favor que te ped¨ª en su d¨ªa acerca de la posibilidad de un trabajo para Beatriz, (...), si sabes de alg¨²n cliente tuyo o conocido que necesite contratar a alguien te agradecer¨ªa que te acordases de ella. Espero tus noticias y gracias de antemano", escribi¨® Siguero en un correo electr¨®nico.
La decisi¨®n del alcalde dimisionario se produce el mismo d¨ªa en el que se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de noviembre que declara nulo el vigente Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Boadilla, aprobado en 2002, por denegar el Ayuntamiento la documentaci¨®n del plan a miembros de la oposici¨®n. La sentencia, que no es recurrible, estima un recurso de casaci¨®n de lo contencioso-administrativo presentado por un particular contra los acuerdos de la comisi¨®n de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, celebrados el 7 de noviembre de 2001 y el 20 de febrero de 2002, que se declaran nulos. En el orden del d¨ªa de estos acuerdos se inclu¨ªa la aprobaci¨®n de forma definitiva del PGOU del municipio, ahora paralizado, y que tendr¨¢ que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa, como es la declaraci¨®n de impacto ambiental.
El particular inici¨® el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificaci¨®n de una parcela de su propiedad: "Ten¨ªa un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobaci¨®n definitiva del plan general que se recurr¨ªa, pasaba a zona verde p¨²blica", explica el fallo.
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