Verg¨¹enza ajena

Dicen que el concepto de verg¨¹enza ajena s¨®lo existe en nuestro pa¨ªs y que en el resto del mundo no pueden comprender que alguien sienta una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Pues bien, estos ¨²ltimos d¨ªas hemos sentido un intenso bochorno ante el asalto de unos desalmados a los fondos p¨²blicos destinados a prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis.

Al parecer, alguien detect¨® el agujero burocr¨¢tico por el que se pod¨ªan colar como beneficiarios de las p¨®lizas a personas que no hab¨ªan trabajado en su vida en estas empresas. Ni cortos, ni perezosos, compusieron su particular lista de Schindler, s¨®lo que en este caso no era para salvar vidas ajenas sino para hacerles la vida m¨¢s f¨¢cil y lujosa a los beneficiarios. Pero, no nos enga?emos; no se ha tratado de una conducta individual ni aislada, sino m¨¢s bien de una pr¨¢ctica que necesitaba una cierta organizaci¨®n y complicidad como demuestra el hecho de que afecta a casi la mitad de los expedientes investigados.

Cualquier delito es abominable pero en este caso concurre una mezquindad y rater¨ªa dignas de la m¨¢s rancia novela picaresca. Incluso en los delitos existe una cierta escala ¨¦tica. Esconderse detr¨¢s de trabajadores que han sufrido verdaderas odiseas para defender sus puestos de trabajo, como es el caso de Intelhorce o Cydeplas, es realmente abominable. Si quien lo hace ostenta el cargo de representante sindical, no ha podido llegar m¨¢s bajo en la escala de la indignidad.

De un plumazo, los rateros desalmados, sus c¨®mplices y consentidores, han metido a Andaluc¨ªa en el t¨²nel del tiempo y han revitalizado los peores t¨®picos sobre nuestra tierra. Por ello, urge establecer responsabilidades, encontrar a los culpables, ponerlos frente a la justicia e incautar los bienes obtenidos ilegalmente.

Es el momento de que los responsables pol¨ªticos que tienen a su cargo la administraci¨®n act¨²en con contundencia y no se aferren a los t¨®picos y las palabras vac¨ªas. Desde que estall¨® el caso Mercasevilla, con los preocupantes indicios de irregularidades, deber¨ªan haberse encendido todas las luces de alarma que implicaban, de una u otra forma, a la Consejer¨ªa de Empleo. Ha hecho bien el Gobierno andaluz en investigar las ayudas en los expedientes de regulaci¨®n de empleo y en denunciar ante la justicia las irregularidades observadas, pero la investigaci¨®n debe profundizar m¨¢s y abarcar -en vista de las denuncias- un periodo de tiempo mayor. Los anteriores consejeros de Empleo deben dar cuenta de su labor no s¨®lo ante la autoridad judicial sino tambi¨¦n ante el Parlamento de Andaluc¨ªa. Hasta el momento, sus declaraciones siembran a¨²n m¨¢s confusi¨®n y desconcierto. Hablar de "deslealtad" o de "traici¨®n" no contribuye precisamente a tranquilizar a la opini¨®n p¨²blica. Pedir a la sociedad que "sea comprensiva con los fallos humanos que todos cometemos", produce verdadera irritaci¨®n, mucho m¨¢s cuando se acompa?a de frases como que "es muy f¨¢cil opinar cuando se tiene garantizada la n¨®mina a final de mes".

Tampoco vale recurrir al consabido "y t¨² m¨¢s" con que finalizan las intervenciones algunos insignes cargos pol¨ªticos. El hecho de que el PP tenga un n¨²mero importante de cargos p¨²blicos implicados en la operaci¨®n G¨¹rtel no justifica ning¨²n otro caso de corrupci¨®n y enfrascarse en una pelea por el grado de implicaci¨®n de cada cual no es m¨¢s que un torpe reconocimiento de culpabilidad.

Finalmente, tampoco parecen l¨®gicos los argumentos contra las comisiones de investigaci¨®n con la excusa de que es preferible evitar un juicio paralelo del caso. En un sistema democr¨¢tico no s¨®lo existen responsabilidades penales sino tambi¨¦n pol¨ªticas y el lugar para exigirlas es sin duda el Parlamento. S¨®lo m¨¢s luz, m¨¢s control p¨²blico y m¨¢s transparencia nos borrar¨¢ el rubor de la verg¨¹enza ajena que hemos sentido al conocer c¨®mo algunos sinverg¨¹enzas se quedaban con los fondos destinados a trabajadores de empresas en crisis.