La legalizaci¨®n de los n¨²cleos costeros no ser¨¢ inmediata

El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificaci¨®n de 2010 de la ley gallega del suelo no supondr¨¢ la legalizaci¨®n "autom¨¢tica" de los n¨²cleos rurales costeros tradicionales de Mar¨ªn, seg¨²n matiz¨® el conselleiro de Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez. "Es necesario modificar la ley de costas como se plante¨® en su momento a trav¨¦s de la ley de vivienda de la Xunta", aclar¨® ayer el conselleiro.

La regularizaci¨®n de estos n¨²cleos est¨¢ pr¨®xima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Mar¨ªn y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la f¨®rmula para adecuar a la Ley de Costas la situaci¨®n de estos asentamientos a trav¨¦s del plan de ordenaci¨®n municipal.

El Gobierno renunci¨® a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega

El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que public¨® ayer err¨®neamente este peri¨®dico). A cambio, la Xunta acepta la interpretaci¨®n de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos r¨²sticos de protecci¨®n de costas, al r¨¦gimen de aplicaci¨®n sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.

La Xunta, seg¨²n el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protecci¨®n del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que est¨¢n fuera de la zona de servidumbre estatal de protecci¨®n.

En el caso de los n¨²cleos costeros de Mar¨ªn -Mogor, Loira, A Teoira, Cas¨¢s y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en alg¨²n caso m¨¢s de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que est¨¢n en el dominio p¨²blico y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobaci¨®n de dicha norma, en 1988, no se registr¨® en los planos que en la zona hab¨ªa asentamientos tradicionales.

El l¨ªmite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, est¨¢ establecido en 20 metros para ciertos n¨²cleos urbanos. La mayor¨ªa de los intentos de legalizar la situaci¨®n fueron en la l¨ªnea de conseguir que se aplicase a estas casas de Mar¨ªn la misma salvedad. Un decreto del ¨²ltimo Gobierno de Manuel Fraga y una disposici¨®n adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situaci¨®n, pero en ambos casos el Estado llev¨® las normas al Tribunal Constitucional, que a¨²n no se pronunci¨® al respecto. As¨ª lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique M¨¦ndez, como el concejal de Urbanismo de Mar¨ªn, Xos¨¦ Mar¨ªa Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trat¨® de revisar de oficio el planeamiento de Mar¨ªn, pero no prosper¨®.

Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Direcci¨®n General de Costas para regular los n¨²cleos a trav¨¦s de una ordenanza que se incluir¨ªa en el Plan Xeral de Mar¨ªn, que a¨²n no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposici¨®n al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustituci¨®n de la gallega Elena Espinosa.

Al margen de la negociaci¨®n, el Parlamento aut¨®nomo acord¨® a finales del a?o pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificaci¨®n de la Ley de Costas que ataje de una vez la situaci¨®n irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitir¨ªan legalizar n¨²cleos no tradicionales en municipios como Moa?a, surgidos a partir de la d¨¦cada de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidi¨® ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.