El Gobierno deber¨¢ fijar este a?o medidas para v¨ªctimas policiales

Todos los grupos del Parlamento han alcanzado un acuerdo para emplazar al Gobierno a que este mismo a?o regule por decreto las primeras medidas para resarcir a las que se ha dado en llamar "otras v¨ªctimas de violencia de motivaci¨®n pol¨ªtica". Bajo esa denominaci¨®n se engloban personas que hayan sufrido vulneraciones de derechos humanos causadas por agentes distintos al terrorismo. En su mayor parte, se trata de v¨ªctimas de excesos policiales y tambi¨¦n en su mayor¨ªa se produjeron durante los a?os setenta y ochenta.

Pese a la existencia del acuerdo, ni el PP ni UPyD prestaron ayer su firma a la iniciativa que lo contiene y que se debatir¨¢ y votar¨¢ en pleno. La raz¨®n fue, seg¨²n explic¨® el portavoz popular, Leopoldo Barreda, el desacuerdo con uno de sus puntos, el que establece la constituci¨®n de una ponencia espec¨ªfica para hacer el seguimiento de los acuerdos sobre esas v¨ªctimas. El resto de los partidos hicieron votos para que los populares se incorporen en el tiempo que mediar¨¢ hasta la votaci¨®n de la iniciativa.

El Ejecutivo tendr¨¢ que fijar las ayudas y los requisitos para acceder a ellas

Aralar considera el acuerdo "el m¨¢s importante" de la actual legislatura

El PP considera que existe riesgo de "manipulaci¨®n pol¨ªtica" y del establecimiento de "paralelismos" respecto del grupo permanente de la C¨¢mara que se ocupa de las v¨ªctimas del terrorismo. El portavoz socialistas, Jes¨²s Loza, desech¨® esa posibilidad: precisamente habr¨ªa quedado desactivada al constituir una ponencia diferenciada. Loza lament¨® que el acuerdo sea por ahora "mayoritario, pero no un¨¢nime" y se mostr¨® confiado: "En el camino nos vamos a encontrar", dijo. La del PP es, en todo caso, una reserva que ese partido ya expres¨® en diciembre, cuando el Gobierno present¨® en la comisi¨®n de Derechos Humanos el informe con las recomendaciones y compromisos b¨¢sicos, que son tambi¨¦n los contenidos en la iniciativa registrada ayer. Ayer Barreda anunci¨® que el PP la enmendar¨¢, y eludi¨® adelantar si, ante la segura constituci¨®n del grupo de trabajo, puesto que cuenta con el apoyo de 61 de los 75 integrantes de la C¨¢mara, sus parlamentarios participar¨¢n en ¨¦l.

El portavoz popular se ocup¨® ¨¦l mismo de quitar hierro a la ausencia del PP, cuyo apoyo al resarcimiento tambi¨¦n a esas otras v¨ªctimas dej¨® expreso. "No hay ninguna discrepancia nueva", dijo, al tiempo que afirm¨® que la decisi¨®n de no firmar con el resto de grupos la iniciativa -la suscribieron el PNV, el PSE-EE, Aralar, EA y EB- no tendr¨¢ "ning¨²n impacto" sobre el pacto que sostiene al Gobierno. "S¨ª compartimos la necesidad de que el Gobierno act¨²e y confiamos en encontrar un espacio para el acuerdo", subray¨®.

El texto consensuado, que pone por delante "el rechazo a la justificaci¨®n del terrorismo por la existencia de un conflicto previo" y advierte de que no admite "equiparaciones", insta al Gobierno a constituir de modo inmediato una oficina "o espacio institucional" que se ocupe del dise?o, la ejecuci¨®n y el seguimiento de las pol¨ªticas para estas v¨ªctimas y la dote de los recursos y la estructura que sean precisos.

El segundo emplazamiento al Ejecutivo le obligar¨¢ a poner en marcha "medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento" de estas v¨ªctimas.

El texto pide tambi¨¦n medidas para reparar el sufrimiento que padecieron, fijando las ayudas a que puedan adquirir derecho, los criterios para solicitarlas y la dotaci¨®n presupuestaria correspondiente, as¨ª como instaurar "un mecanismo accesible y cercano de contacto" con quienes podr¨ªan entrar en esta consideraci¨®n de v¨ªctimas, usando para "la informaci¨®n que sobre las mismas existe ya en el Gobierno". Sin citarlo, esta alusi¨®n se refiere a un informe realizado por la direcci¨®n de Derechos Humanos a cargo de EA en el anterior Gobierno, que incluye un listado de dos centenares de personas. El Gobierno tendr¨¢ que comparecer en cada per¨ªodo de sesiones para dar cuenta de sus avaNce. El ¨²ltimo punto del acuerdo, el de la discrepancia de PP y UPyD, establece la creaci¨®n de la ponencia. Los grupos que la apoyan han descartado de antemano llamar a los afectados a prestar testimonio ante la misma. Muchas de esas personas "ya han sido contactadas dos veces", dijo Loza, que consider¨® "cruel incluso" volverlas a someter a la narraci¨®n de los circunstancias padecidas.

Aralar, el grupo que se ha empe?ado con m¨¢s ¨¦nfasis en esta cuesti¨®n, consider¨® el de ayer "el acuerdo m¨¢s importante y m¨¢s trasversal de este mandato". Para la escisi¨®n de la izquierda abertzale, haber enarbolado con ¨¦xito la bandera de este reconocimiento parlamentario y del Gobierno un triunfo importante de su apuesta adelantada en 10 a?os respecto a la otra parte de ese sector pol¨ªtico. El abordaje de la cuesti¨®n en territorio institucional priva a la izquierda abertzale ilegalizada de lo que podr¨ªa haber sido una importante baza de agitaci¨®n, justificaci¨®n de su historia de amparo a ETA y equiparaci¨®n de violencias.