La cara poco humana de la justicia

No es sencillo encontrar a una persona que no haya ido al juzgado en alguna ocasi¨®n por un accidente de tr¨¢fico, un conflicto laboral, un divorcio, a realizar cualquier gesti¨®n o a declarar en un juicio. El trato que recibe el ciudadano en esas situaciones a menudo no solo es burocr¨¢tico y fr¨ªo, sino, en ocasiones, hasta despectivo. La justicia es un servicio p¨²blico m¨¢s, pero sigue apareciendo como el m¨¢s trasnochado y deshumanizado tras 30 a?os de democracia e innumerables promesas de modernizaci¨®n de los sucesivos Gobiernos, sean del PSOE o el PP, que no se traducen en ninguna mejora.

Las explicaciones a ese trato que recibe el ciudadano hay que buscarlas en la anticuada organizaci¨®n de los tribunales, sus r¨ªgidas estructuras y el boato judicial. A eso hay que sumar las insuficientes reformas del proceso judicial para hacerlo m¨¢s ¨¢gil y r¨¢pido, la necesidad de incorporaci¨®n las nuevas tecnolog¨ªas a los juzgados m¨¢s all¨¢ de ordenadores que sirven para poco m¨¢s que para escribir y la atenci¨®n adecuada al ciudadano siguen siendo asignaturas pendientes.

En 2008 hubo m¨¢s de 7.000 quejas por la impuntualidad y la falta de modales

Ya hay m¨¢s reclamaciones por desatenci¨®n que por lentitud judicial

Seguramente lo m¨¢s preocupante de esa justicia deshumanizada es que la situaci¨®n se agrava con el tiempo y que el n¨²mero de pleitos Espa?a no para de aumentar. La cifra de asuntos totales que tramita la justicia espa?ola ha pasado de seis a nueve millones en una d¨¦cada y en 25 a?os se ha cuadruplicado la media de casos que lleva cada juez. Es una realidad que afecta a todas las jurisdicciones y otros servicios que ofrece la justicia, como el registro civil o la celebraci¨®n de matrimonios civiles, la mayor¨ªa de los cuales se celebran en los juzgados. En 1996 fueron 44.779 y representaban el 23% del total de uniones. En 2009, las bodas civiles superaron a las religiosas por primera vez (94.108 frente a 80.959).

La ciudadan¨ªa se queja cada vez m¨¢s del trato que recibe. Seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en tres a?os casi se han triplicado las quejas relacionadas con lo que se denomina el derecho a una justicia atenta, un cap¨ªtulo previsto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia promulgada en 2002 y que reconoce 41 derechos. En 2008, ¨²ltimo a?o del que se tienen datos, se contabilizaron 7.013 quejas, frente a las 4.436 del a?o anterior y las 2.579 del a?o 2006.

El derecho a la justicia atenta agrupa conceptos como el trato recibido (las quejas aumentaron un 16%), la puntualidad de las actuaciones judiciales (se quintuplicaron), el incumplimiento del deber de identificaci¨®n de los funcionarios (se multiplic¨® por diez) la informaci¨®n sobre las suspensiones de juicios, las condiciones de los juzgados, el pago de indemnizaciones a testigos o el horario de atenci¨®n al p¨²blico.

El Poder Judicial constata en su memoria de 2008 su preocupaci¨®n y recuerda que, por primera vez, los ciudadanos se quejan m¨¢s por la falta de atenci¨®n que por la end¨¦mica lentitud de la justicia. M¨¢s de 7.000 quejas por desatenci¨®n no es nada comparado con los millones de usuarios que acuden cada a?o a los tribunales, viene a decir el CGPJ, "pero esta apreciaci¨®n no resta valor a la llamada de atenci¨®n que subyace en estas quejas, en la que la ciudadan¨ªa parece querer expresar que, adem¨¢s de tomar conciencia de la tradicional carencia de medios, existen adem¨¢s otros obst¨¢culos para que la justicia sea m¨¢s atenta con ellos", dice en la memoria.

"El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenador y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso. La mayor¨ªa de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada y lo que hay que hacer es eliminarlos en lugar de digitalizarlos. Tampoco existe una estructura moderna ni ¨¢gil de gesti¨®n, todo sigue siendo jer¨¢rquico y autoritario y a la gente se la sigue tratando de manera agria y destemplada en la mayor¨ªa de los casos", explica Manuela Carmena, una magistrada que se jubil¨® hace unas semanas a los 66 a?os despu¨¦s de 30 a?os en la carrera judicial y 15 de abogada. Ahora dedica su tiempo a elaborar un blog para "reinventar la justicia", algo sobre lo que ya teoriz¨® en 1998 en un libro.

Carmena no niega que la justicia ha cambiado desde que hay democracia y que han desaparecido corruptelas de otros tiempos, que se han dictado leyes m¨¢s ¨¢giles en el proceso civil oral y que ahora los juicios quedan grabados. "Pero la justicia no ha logrado ser el instrumento que precisa nuestra sociedad para resolver los conflictos que generan los deberes y derechos que a todos nos obligan. Sobran un sinf¨ªn de liturgias procesales", dice. Y falta sentido com¨²n, pues no es razonable, por ejemplo, que un tribunal cite a 70 personas a declarar a la misma hora del mismo d¨ªa (ocurri¨® hace a?os en la Audiencia de Barcelona). O que centenares de ciudadanos pasen toda la ma?ana esperando a declarar y no puedan hacerlo finalmente porque el juicio se hab¨ªa suspendido y no se les hab¨ªa avisado (sucede a diario en muchos juzgados espa?oles). Otra cosa es la incomprensible falta de medios, pues si cualquier persona se puede comunicar con otra de punta a punta del planeta, con o sin videoc¨¢mara, no se entiende que un testigo (sea polic¨ªa, perito o ciudadano), tenga que desplazarse expresamente al juzgado y esperar toda la ma?ana a que le llegue su turno para declarar y responder a una o dos preguntas.

"Los espa?oles contin¨²an recibiendo trato de s¨²bditos, no de ciudadanos, cuando acuden a los tribunales. Eso no tiene parang¨®n con cualquier otro servicio p¨²blico", explica el abogado madrile?o Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, que ejerce desde hace 35 a?os. Para ¨¦l, la soluci¨®n radica en la voluntad pol¨ªtica, pero es muy esc¨¦ptico. "La justicia no da votos y los partidos piensan que no es un problema del todo suyo, lo que no ocurre con los hospitales ni con las escuelas", a?ade. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero la organizaci¨®n de la justicia en todos sus ¨¢mbitos, la dotaci¨®n de medios y la relaci¨®n de personal para hacerla m¨¢s ¨¢gil depende del Gobierno y de las comunidades aut¨®nomas que tienen transferidas las competencias de los medios materiales.

"Los clientes nos empiezan a mirar mal a los abogados y yo creo que acabar¨¦ llev¨¢ndoles un d¨ªa a los juzgados para que vean como funcionan", explica Gal¨¢n, aunque admite que "todos no son iguales" y que, no solo entre jurisdicciones (civil, penal, laboral, mercantil o administrativa) existen diferencias, sino que entre un juzgado y otro "puede haber un mundo en el trato a los ciudadanos, seg¨²n sean el juez y el secretario".

La estad¨ªstica de 2008 del Poder Judicial revela que las quejas de los ciudadanos por desatenci¨®n se achacan mayoritariamente a los funcionarios judiciales (57%), despu¨¦s al juez (24%, cuatro puntos m¨¢s que en 2007). "Es necesario replantearlo todo, pero empezando por el concepto del proceso, cosa que no ha hecho el Poder Judicial hasta ahora", explica Manuela Carmena. Ella fue vocal cinco a?os y asegura que ya expuso estas ideas sin ning¨²n ¨¦xito. "Hay que cambiar la mentalidad y as¨ª se cambiar¨¢ la relaci¨®n de la justicia con los ciudadanos. No puede ser que casi siempre se le haga declarar a la gente de pie, o que si va a una oficina judicial casi nunca tenga silla para sentarse", dice.

Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro del comit¨¦ ejecutivo de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que es la organizaci¨®n mayoritaria entre los jueces espa?oles, quita hierro a las quejas y recuerda que las encuestas revelan que el 68% de los usuarios de los tribunales dice sentirse bien tratado. Tambi¨¦n defiende el trabajo de los funcionarios, que son los que m¨¢s tratan con los ciudadanos, y, por ello, es razonable que soporten la mayor parte de las quejas. Con todo, admite que la justicia act¨²a con mecanismos muy enquistados y que ser¨ªa necesario habilitar espacios en los juzgados para que v¨ªctimas y acusados est¨¦n separados antes del juicio -lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX- y que el juicio se celebrase sin demoras.

"La justicia en Espa?a funciona muy mal, como en Italia. Y en el resto de pa¨ªses de nuestro entorno, mal", sentencia el abogado Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, "porque no ha habido intentos serios de arreglarlo, solo falsas declaraciones de intenciones".

Josep Junyent es un abogado catal¨¢n que vive a caballo entre Barcelona y la ciudad sueca de Ume?. En aquel pa¨ªs, el funcionamiento de la justicia es tambi¨¦n un modelo a seguir. "En Suecia se intenta evitar el pleito siempre que se puede, los equipos de mediaci¨®n est¨¢n muy arraigados y muy reconocidos en la sociedad y todo es m¨¢s simple que en Espa?a". Divorciarse de mutuo acuerdo, por ejemplo, es tan sencillo como rellenar un impreso y comunicarlo a la administraci¨®n.

All¨ª los testigos disponen de un c¨®modo sill¨®n cuando declaran, no han de acudir necesariamente a la sala de vistas y lo pueden hacer por tel¨¦fono -eso significa que los edificios est¨¢n acondicionados para ello- y el proceso judicial est¨¢ despose¨ªdo de toda liturgia. El juez y su ayudante, que es quien dirige el proceso, no visten toga, y se sientan junto a los miembros del jurado, pues casi todos los juicios penales se celebran por ese procedimiento. Y esos miembros del jurado se eligen de unas listas de hombres justos que designan los partidos pol¨ªticos en cada municipio.