La justicia reconoce atrasos dispares a los dependientes

Las sentencias de los tribunales por causas relativas a la Ley de Dependencia van cayendo como un goteo, hoy Valencia, ma?ana Catalu?a. Otras est¨¢n atascadas en los juzgados, a la espera de una firma, una decisi¨®n. Generalmente se refieren a pagos atrasados de ayudas econ¨®micas concedidas. Pero las diferencias entre comunidades aut¨®nomas sobre la forma y el tiempo para hacer efectivos los pagos atrasados tampoco encuentran una respuesta ¨²nica en los tribunales. As¨ª que, diferencias sobre diferencias, los derechos de los ciudadanos dependientes se vuelven distintos de un territorio a otro.

En Barcelona habl¨® el Supremo hace unas semanas, pero no para unificar doctrina. Simplemente dio la raz¨®n al tribunal superior de la comunidad, que ya hab¨ªa condenado a la Generalitat a pagar los atrasos a una familia desde el 1 de enero de 2007, fecha de entrada en vigor de la ley.

El Supremo aval¨® que una familia cobre desde que se aprob¨® la ley

Diez valencianos ganan en el tribunal lo que les niega su Gobierno

En Valencia los jueces est¨¢n reconociendo a los dependientes los derechos que les niega la Generalitat. Al menos una decena de personas han recibido ya el respaldo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad. Pero en este caso, no desde enero de 2007 sino desde la fecha en que el usuario solicit¨® sus ayudas, que es m¨¢s de lo que est¨¢ dispuesto a conceder el Gobierno regional. La comunidad dice que el derecho a cobrar es efectivo desde el momento en que se determina la ayuda. Los tribunales le han quitado la raz¨®n. Esta diferencia no es un detalle sin importancia. Entre uno y otro momento pueden transcurrir 18 meses, como le sucedi¨® a Pau Agull¨®, un ni?o de 11 a?os de Cocentaina (Alicante) que sufre par¨¢lisis cerebral por problemas derivados del parto.

El caso de Pau es el ¨²ltimo en el que el TSJ valenciano ha sacado los colores a la Generalitat. "Para pagarnos, la Generalitat nos requiri¨® que demostr¨¢ramos que el ni?o estaba recibiendo atenci¨®n del entorno familiar desde que se present¨® la solicitud; nos indign¨® tanto que acudimos a los tribunales", dicen los padres. Y como sucedi¨® con otras dos sentencias anteriores, que ha ganado la abogada valenciana Asunci¨®n Badia, se ha conseguido que se acople la solicitud de la ayuda con el alta en la seguridad social para el cuidador familiar.

La Ley de Dependencia, en su disposici¨®n final primera, dejaba claro para todos que se cobrar¨ªa siguiendo el calendario previsto para cada grado de dependencia, o bien desde la solicitud. A mediados del a?o pasado, en su decreto anticrisis, el presidente Zapatero concedi¨® un respiro a las comunidades de seis meses, a partir de los cuales, si no hab¨ªan finalizado los tr¨¢mites, se har¨ªan cargo de los atrasos que se generaran.

Pero ni una cosa ni la otra han modificado mucho la situaci¨®n, porque las comunidades tienen sus propias ¨®rdenes y en algunas ni siquiera se pagan los atrasos, en otras se hace desde la solicitud, en otras desde la concesi¨®n de la ayuda, en otras el comportamiento es err¨¢tico. En fin, un puzle, si no de 17 colores, al menos de unos cuantos.

Las asociaciones de dependientes en la Comunidad Valenciana calculan que debe haber miles de personas a las que la Generalitat no ha pagado las ayudas desde el primer d¨ªa frente a la decena de sentencias que ha emitido el TSJ. ?Por qu¨¦ tan poca gente ha reclamado el derecho que le corresponde?

Los asuntos de la dependencia se resuelven en la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, en lugar de los tribunales de lo social. Esos procesos son lentos y caros. En muchos casos se prolongan m¨¢s all¨¢ de los cinco a?os, mucho m¨¢s tiempo que el que les queda de vida a algunos ancianos dependientes. En septiembre del a?o pasado se vio luz en este asunto. La Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral inclu¨ªa el cambio de jurisdicci¨®n, de lo contencioso a lo social. Las organizaciones que trabajan con los dependientes aplaudieron la medida. Pero de eso nunca m¨¢s se supo. Cuando el texto lleg¨® al Consejo Econ¨®mico y Social, el cambio hab¨ªa desaparecido. Y ahora, las organizaciones implicadas vuelven a demandarlo.

En Madrid tambi¨¦n hay reclamaciones, muchas, pero los tribunales "deben estar m¨¢s atascados que en Valencia, porque no hay manera", lamenta el abogado Jos¨¦ Aus¨ªn, que representa a varios afectados de una plataforma montada en Alcorc¨®n. "Tengo un primer juicio para noviembre de este a?o que inici¨¦ en la primavera del a?o pasado. Y otros, los que tienen fecha fijada, para 2015".

"Conocemos la desesperanza de la gente que espera que sus derechos se cumplan, aunque tengan que ir a tribunales para ello", dice el presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez. A pesar de ello, dice, "comprendemos que esta ley es compleja y ha necesitado tiempo para ponerse en marcha. No nos preocupan tanto los pagos de los atrasos como que la ley siga su curso y se vayan tramitando las ayudas en un tiempo razonable. Hay que tener en cuenta que estamos en tiempos de crisis y que los pagos atrasados sobrecargan m¨¢s la maquinaria. Es m¨¢s importante que haya voluntad pol¨ªtica para cumplirla", a?ade.