Un tribunal avala que los docentes de la concertada recuperen su sueldo
El Superior del Pa¨ªs Vasco obliga a los colegios a pagar a los profesores el 5% que recort¨® la Administraci¨®n - El Supremo decidir¨¢ sobre la reducci¨®n salarial
Unos 160.000 profesores de la ense?anza concertada est¨¢n a la espera de las resoluciones judiciales sobre los recortes de sus sueldos a cuenta de la crisis econ¨®mica: en torno a un 5% de media, en consonancia con los de la ense?anza p¨²blica. Hasta ahora, los tribunales superiores de distintas comunidades (por ejemplo, en Arag¨®n y en Castilla y Le¨®n) han respaldado esos recortes, a pesar de que estos profesores no son funcionarios. Al ser centros privados subvencionados, sin embargo, las Administraciones abonan directamente los sueldos docentes por medio del pago delegado. Adem¨¢s, en la mayor¨ªa de autonom¨ªas hay acuerdos de equiparaci¨®n salarial con los profesores de la p¨²blica, lo que vincular¨ªa para bien, pero tambi¨¦n para mal. As¨ª, como las decisiones anteriores est¨¢n recurridas, ser¨¢ el Tribunal Supremo el que finalmente tenga que dirimir.
160.000 maestros est¨¢n a la espera de que se resuelva este contencioso
Extremadura les ha compensado la disminuci¨®n con un complemento
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco ha venido a introducir m¨¢s complejidad a la situaci¨®n. La resoluci¨®n, hecha p¨²blica la semana pasada, obliga a los centros concertados a pagar el sueldo ¨ªntegro a sus profesores, despu¨¦s de que el Gobierno vasco redujera por ley la financiaci¨®n para pagar los salarios. El fallo, que tambi¨¦n ser¨¢ recurrido ante el Supremo, declara no ajustado a derecho el recorte de sueldos porque incumple el convenio colectivo. Aunque es el Departamento de Educaci¨®n el que paga los salarios, la diferencia creada por el recorte con respecto a los salarios establecidos en el convenio deber¨¢ ser sufragada por los colegios. En la comunidad vasca hay unos 15.000 docentes en la escuela concertada.
Aunque la situaci¨®n del Pa¨ªs Vasco tiene algunas diferencias con el resto de comunidades, la sentencia puede tener impacto en toda Espa?a, ya que "el Supremo resolver¨¢, posiblemente hacia finales de a?o, a partir de las fundamentaciones jur¨ªdicas de estas primeras sentencias", dice Juan Mart¨ªnez, del Gabinete de Estudios de CC OO.
Los recortes a la concertada comenzaron a mediados del a?o pasado, cuando el Gobierno central public¨® el decreto de austeridad. Aquel texto rebajaba el sueldo de los docentes funcionarios un 5%, pero nada dec¨ªa de la escuela subvencionada. Sin embargo, la mayor¨ªa de comunidades se lo aplicaron tambi¨¦n, aunque con distintos criterios y sobre los complementos auton¨®micos. As¨ª, el resultado va desde el 0,7% de recorte en Asturias -unos 220 euros menos al a?o- hasta entre el 6% y el 7% en Catalu?a -unos 2.200 euros anuales en secundaria-, seg¨²n los c¨¢lculos del sindicato Fsie. En el Pa¨ªs Vasco no afectaba aquel decreto, sin embargo, el Gobierno aut¨®nomo decidi¨® rebajas similares. Ahora, los Presupuestos Generales del Gobierno central de 2011 ya mencionan expresamente a la concertada, y complican a¨²n m¨¢s la situaci¨®n, pues se refieren al sueldo base, no a los complementos, lo que toca m¨¢s de lleno a los convenios colectivos.
Para Jes¨²s Gualix, responsable de educaci¨®n concertada del sindicato FETE-UGT, ser¨¢ clave la decisi¨®n judicial en Catalu?a sobre este mismo tema, que se espera que llegue en breve. "Sumada a la del Pa¨ªs Vasco, puede sembrar dudas sobre la legalidad de los recortes", dice Gualix.
Extremadura ha encontrado una soluci¨®n particular al conflicto: ha acordado con los sindicatos que lo que se les quita por ley del salario base, se les compensar¨¢ con un complemento auton¨®mico, explican tanto Gualix como Jes¨²s Pueyo, secretario general de Fsie. Pueyo a?ade que su organizaci¨®n est¨¢ dispuesta a llevar la cuesti¨®n al Tribunal Constitucional si es necesario.
Mart¨ªnez, de CC OO, se queja de una falta de criterios claros por parte del Gobierno central "que puede acabar con el modelo de negociaci¨®n colectiva en la concertada", y reclama "un acuerdo estatal entre Administraci¨®n, sindicatos y patronales". A?ade que, si bien la sentencia del Pa¨ªs Vasco garantiza la prevalencia de los convenios, tambi¨¦n "puede poner en una dif¨ªcil situaci¨®n a muchos centros concertados".
Ese fallo "supone la quiebra del pago delegado [por el que la Administraci¨®n paga los sueldos de los docentes de la concertada] y de la negociaci¨®n colectiva", se queja Luis Centeno, director de la asesor¨ªa jur¨ªdica de Escuelas Cat¨®licas (patronal mayoritaria de la concertada en toda Espa?a). Se trata de que esos convenios pueden ser papel mojado si la Administraci¨®n puede cambiar las condiciones del juego sin ser responsables de las consecuencias, asegura Centeno.
Cuotas para pagar las n¨®minas
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco obliga a los centros concertados a poner la diferencia entre lo que aporta el Gobierno aut¨®nomo y los sueldos estipulados en el convenio de sus profesores. Seg¨²n Aitor Bilbao, director general de la religiosa Kristau Eskola, una de las patronales con mayor peso del sector, necesitar¨¢n nueve millones de euros para hacer frente a lo que se les exige, lo que les aboca a la desaparici¨®n, asegura.
El problema radica en c¨®mo lograr esa financiaci¨®n adicional, ya que cobrar cuotas de ense?anza a las familias en las etapas concertadas es ilegal. As¨ª que los magistrados proponen un modo de pagar: "Pueden alegar otros ingresos por el desarrollo de actividades complementarias o de servicios, am¨¦n de la posibilidad de impartir ense?anzas en niveles no concertados". Dicho de otro modo, se ofrece la alternativa de que sean las familias las que paguen el resto.
Las cuotas en la concertada han sido siempre pol¨¦micas, ya que, aunque es ilegal cobrarlas por los servicios educativos ordinarios, se ha estado haciendo con car¨¢cter m¨¢s o menos voluntario y, en ocasiones, exigiendo la contrataci¨®n de actividades extra de pago. Para algunos, esto supone un sistema de segregaci¨®n en unos colegios que deber¨ªan ofrecer una ense?anza gratuita. La concertada siempre se ha defendido diciendo que son pagos voluntarias y que, adem¨¢s, los necesitan porque la subvenci¨®n p¨²blica no cubre las necesidades reales.
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