La crisis de los servicios p¨²blicos

Los servicios p¨²blicos del Estado del bienestar en Espa?a se hallan en manos de las comunidades aut¨®nomas (CC AA). Sanidad, educaci¨®n y servicios sociales dependen de las arcas auton¨®micas y absorben, en conjunto, casi dos tercios de los presupuestos. Una dependencia econ¨®mica que tiene algunas particularidades. En primer lugar, existe una legislaci¨®n estatal b¨¢sica que limita y condiciona las decisiones descentralizadas. Lo que est¨¢ ocurriendo con el cat¨¢logo de medicamentos impulsado por la Conseller¨ªa de Sanidade es un buen ejemplo de ello.

En segundo lugar, la evoluci¨®n de los recursos en cada comunidad sigue dependiendo fundamentalmente de las decisiones del Gobierno central. La renuencia de las CC AA a utilizar al alza su capacidad normativa en materia tributaria persiste, a pesar de las posibilidades crecientes con las que cuentan desde 1997.

En tercer lugar, el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica de las CC AA de r¨¦gimen com¨²n (todas menos Pa¨ªs Vasco y Navarra) est¨¢ basado en una arquitectura de anticipos y entregas a cuenta de recursos que se liquidan con un retardo de dos a?os. Es decir, los recursos que la Xunta est¨¢ gastando en 2011 proceden en su mayor parte de anticipos por la recaudaci¨®n tributaria que se espera obtener en Espa?a y en Galicia. Pero esa cantidad no se conocer¨¢ definitivamente hasta 2013. Ser¨¢ entonces cuando se liquide el anticipo: si la liquidaci¨®n que le corresponde a Galicia supera el volumen de lo anticipado, la Xunta debe devolver la diferencia; y viceversa. Una devoluci¨®n que puede fraccionarse en varios ejercicios.

En cuarto lugar, el Gobierno central es el responsable de la coordinaci¨®n de las pol¨ªticas fiscales en Espa?a. Con su papel dominante en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera puede, en la pr¨¢ctica, imponer limitaciones al d¨¦ficit y el endeudamiento. Es lo que est¨¢ haciendo con el objetivo de situarse por debajo del 3% de d¨¦ficit p¨²blico agregado en el 2013.

En quinto lugar, el Gobierno central tiene la sart¨¦n por el mango a la hora de interpretar la normativa en materia de financiaci¨®n auton¨®mica: si un d¨ªa decide no anticipar los recursos del fondo de competitividad o de cooperaci¨®n, no lo hace. Y a saber cu¨¢nto tiempo tarda en resolver un tribunal.

Todo lo anterior se precipita para dar lugar a una crisis financiera de los servicios p¨²blicos del bienestar que no est¨¢ sino comenzando. Incluso suponiendo que la recuperaci¨®n econ¨®mica avance, entre 2011 y 2013 vamos a soportar unas tensiones presupuestarias desconocidas y grav¨ªsimas en el ¨¢mbito auton¨®mico. ?Qu¨¦ puede ocurrir? Si nada cambia, se disparar¨¢ el retraso a pago a proveedores, como ya est¨¢ ocurriendo en Espa?a con medicinas y aprovisionamientos m¨¦dicos y se deteriorar¨¢ significativamente la calidad de los servicios (listas de espera para la atenci¨®n m¨¦dica; listas de espera de dependientes con derechos reconocidos pero no activados...). Es verdad que la crisis puede ayudar a ganar eficiencia en el uso de los recursos y a volver a lo b¨¢sico, eliminado programas de gasto auton¨®mico accesorios. Pero buena parte de esto ya se ha hecho y los m¨¢rgenes son cada d¨ªa m¨¢s escasos. Soy muy pesimista.

Por eso llama la atenci¨®n que estos asuntos ocupen un lugar secundario en el debate p¨²blico, como si el paso del tiempo fuese a solucionar el problema. Es posible que el calendario electoral no ayude a ello, con auton¨®micas en mayo y generales en menos de un a?o. Pero a mi juicio es perentorio que Gobierno central y CC AA se sienten y acuerden soluciones. En primer lugar, para reprogramar la ley de dependencia. No es realista mantener el 2015 como fecha de referencia para la implantaci¨®n plena de la ley. En segundo lugar, para acordar medidas efectivas para el ahorro en materia sanitaria; incluso las que sean impopulares. En tercer lugar, para dilatar en el tiempo las devoluciones de las CC AA a la Administraci¨®n central correspondientes a 2008 y 2009. Y en cuarto lugar, para revisar el reparto de objetivos en materia de d¨¦ficit p¨²blico entre niveles de gobierno.

La cooperaci¨®n institucional y el respeto a la legislaci¨®n b¨¢sica son estrategias muy positivas en un pa¨ªs tan descentralizado como es Espa?a. Pero tambi¨¦n lo es la fijaci¨®n de restricciones presupuestarias que repartan los esfuerzos entre todos de forma equitativa.