Querellas del PP y Manos Limpias por el caso de los ERE
El PP interpuso ayer una querella contra 26 personas por el fraude detectado en los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) de Andaluc¨ªa, donde se han localizado a beneficiarios de ayudas que no hab¨ªan trabajado en las empresas afectadas y otras irregularidades administrativas. La acci¨®n del PP va contra dirigentes socialistas, a los que acusa de haber permitido las irregularidades, los intermediarios que las hicieron posibles y los "intrusos", como se conoce a los adjudicatarios de subvenciones que no les correspond¨ªan.
A esta querella se sum¨® ayer otra de la organizaci¨®n Manos Limpias, admitida parcialmente por la juez del caso, Mercedes Alaya, contra los responsables de la Consejer¨ªa de Empleo, a quienes considera que pudieron cometer delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, falsedad documental y estafa.
El PP acusa a los 26 querellados de supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, cohecho, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, uso de informaci¨®n privilegiada y fraude en subvenciones y en la contrataci¨®n administrativa y falsedades en documentos p¨²blicos y mercantiles.
Denunciados
Entre los denunciados figuran el anterior consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fern¨¢ndez, los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan M¨¢rquez y Manuel Jes¨²s Regidor, el actual responsable de este departamento, Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
Tambi¨¦n figuran implicados cinco directivos de empresas o intermediarios que facilitaron las ayudas a los intrusos. Son el ex dirigente de UGT Juan Lanzas; Antonio Jos¨¦ Albarrac¨ªn, Jes¨²s Mar¨ªa Bordallo y Francisco Jos¨¦ Gonz¨¢lez, de Vitalia; y Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, de Uniter e Ingotor Seguros, seg¨²n inform¨® el PP.
El PP pide que declare el interventor de la Consejer¨ªa de Hacienda cuando el titular de la misma era el ahora presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Un informe de la Intervenci¨®n advirti¨® de supuestas irregularidades administrativas en los ERE, pero no de la existencia de pr¨¢cticas que supusieran menoscabo de dinero p¨²blico. Gri?¨¢n sostiene que no supo de estos informes, mientras que el PP sostiene que tuvo que conocerlos y, por lo tanto, ocult¨® los fraudes.
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