La juez investiga todas las reuniones del Gobierno andaluz desde 2001

La juez que investiga los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa, Mercedes Alaya, quiere fiscalizar gran parte de la actuaci¨®n del Gobierno aut¨®nomo desde 2001. La magistrada desconf¨ªa de la informaci¨®n facilitada hasta ahora por el Ejecutivo socialista andaluz y, en un auto, ha solicitado copia de las actas de los Consejos de Gobierno de Andaluc¨ªa (480), as¨ª como de las de los consejos de direcci¨®n de las consejer¨ªas de Presidencia, Empleo, Econom¨ªa e Innovaci¨®n y Hacienda en la ¨²ltima d¨¦cada.

La juez, que ayer traslad¨® a las partes los cuatro tomos de diligencias, investiga la inclusi¨®n en algunas de las empresas beneficiadas por las ayudas a los ERE de 72 intrusos (personas que nunca hab¨ªan trabajado all¨ª) y la legalidad del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

La Intervenci¨®n alert¨® de que el tr¨¢mite para las ayudas era irregular

La juez cuestiona la forma en que el Ejecutivo andaluz dio las subvenciones

El equipo de Gri?¨¢n tendr¨¢ que aportar las actas de 480 consejos

Alaya cree que el n¨²mero de intrusos supera los 72 que hall¨® el Ejecutivo

La clave son tres informes consecutivos de la Intervenci¨®n General de la Junta, que desde 2005 alertaron de que el tr¨¢mite para dar estas subvenciones a los ERE prescind¨ªa "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley". La juez estima que tras ese informe de cumplimiento, la Intervenci¨®n debi¨® emitir otro informe de actuaci¨®n ya que exist¨ªan "circunstancias que pod¨ªan ocasionar un importante menoscabo de fondos p¨²blicos", de ah¨ª que haya pedido esa ingente cantidad de informaci¨®n, que la Junta deber¨¢ entregar en las pr¨®ximas 48 horas. El Gobierno andaluz ha negado en las ¨²ltimas semanas la existencia de ese informe y que recibiera una alerta de uso irregular del dinero p¨²blico.

La juez subraya en t¨¦rminos muy duros que la inexistencia de informes de actuaci¨®n supone un "evidente e intencionado incumplimiento del decreto de 1999" que deb¨ªa regir el control financiero permanente de estos fondos. Mientras que el PP ha acusado al presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, de conocer los reparos de la Intervenci¨®n durante su etapa como consejero de Econom¨ªa, el Ejecutivo andaluz defiende que Gri?¨¢n desconoci¨® los informes y asegura que no existi¨® ning¨²n c¨®digo rojo que encendiera las alertas sobre malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Cuando la Intervenci¨®n se pronunci¨® contra el tr¨¢mite administrativo hizo una auditor¨ªa aleatoria de 20 expedientes en los que "consider¨® correctos desde el punto de vista de la gesti¨®n de los recursos, pero no del procedimiento", seg¨²n el consejero de Empleo, Manuel Recio,

En su ¨²ltimo auto, la magistrada solicita a la Junta los organigramas de las consejer¨ªas afectadas desde 2001, la composici¨®n del Gobierno andaluz desde esta fecha, as¨ª como un centenar de documentos como los presupuestos del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa, auditor¨ªas y cuentas anuales. A pesar de la investigaci¨®n interna que ha llevado a cabo la Junta y que ha hallado 72 intrusos y 111 trabajadores con irregularidades administrativas en los ERE, Alaya censura su "falta de colaboraci¨®n" para entregar la documentaci¨®n que requiere. "La denuncia de la Junta es a todas luces incompleta e insuficiente para que se puedan deducir las irregularidades enumeradas", censur¨® Alaya en un auto. La Junta ha entregado hasta la fecha 25.000 folios a la juez con la informaci¨®n requerida, seg¨²n el Gobierno aut¨®nomo.

En esa resoluci¨®n la magistrada exige al Ejecutivo que aclare las divergencias num¨¦ricas en los diferentes ERE: por qu¨¦ en la empresa Saldauto se?ala solo tres intrusos cuando existen indicios de que ser¨ªan ocho, y por qu¨¦ en Hitemasa identifica a una sola intrusa cuando la polic¨ªa ya hab¨ªa identificado al ex gobernador civil C¨¦sar Bra?a entre otros. Adem¨¢s, la juez subraya que la Consejer¨ªa de Empleo destinara 3,8 millones para un expediente de solo 18 trabajadores de Bonpunt y en cambio para un colectivo de 34 asegurados en la empresa Cydeplast destin¨® 292.548 euros.

Las peticiones de la juez buscan depurar cualquier fleco en una investigaci¨®n compleja y que se prolongar¨¢ durante meses. En otro auto, Alaya exigi¨® los datos de las consultoras que intervinieron en los ERE, la relaci¨®n de los intrusos "con la propia Junta, con alg¨²n partido pol¨ªtico, alg¨²n sindicato o con alg¨²n cargo p¨²blico". La polic¨ªa ya ha identificado una p¨®liza a nombre de la suegra del ex director general Javier Guerrero y otra a nombre del empresario ?lvaro Ruiz-Mateos por 2,4 millones por deudas relacionadas con su empresa Dhul.

El fondo para empresas en crisis inclu¨ªa 87 millones en ayudas directas a empresas, asociaciones y Ayuntamientos distribuidos con un criterio discrecional, y que a menudo carecieron de estudios de viabilidad y seguimiento a posteriori. Ahora, la juez solicita el listado completo de todas las empresas beneficiadas. Entre ellas destaca Matadero de Sierra Morena, propiedad de un exconcejal socialista y que recibi¨® 9,2 millones en ayudas, de la que tambi¨¦n pide "copia ¨ªntegra y compulsada de su ERE".

Mientras que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, consider¨® "absolutamente normal" que la juez solicite "informaci¨®n adicional y aclaraciones" a la Junta, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, estim¨® que las diligencias confirman la existencia de una "trama" y que Gri?¨¢n "obstruye" la labor de la justicia.

El exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, imputado por malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n, y el senador y secretario general del PSOE sevillano, Jos¨¦ Antonio Viera, firmaron en 2001 el convenio que la juez cuestiona ahora.