Gri?¨¢n crea un equipo especial para atender a la juez del caso de los ERE

Una veintena de personas se dedican desde ayer en la Junta de Andaluc¨ªa de forma prioritaria a atender todas las solicitudes de informaci¨®n procedentes de la juez Mercedes Alaya, que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) pagados con fondos p¨²blicos. Esta decisi¨®n se conoce despu¨¦s de que la magistrada, en dos autos hechos p¨²blicos el mi¨¦rcoles, reprochara a la Junta su "falta de colaboraci¨®n" en la entrega de la documentaci¨®n requerida.

El Gobierno socialista que preside Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n quiere preservar su principal l¨ªnea de actuaci¨®n en este caso -la de la transparencia y la colaboraci¨®n con la justicia-, de la que presume en sus actos p¨²blicos, a diferencia, subrayan los socialistas, del comportamiento del PP de arremeter contra los jueces y "tapar" los casos de corrupci¨®n en los que hay implicados dirigentes de este partido.

El PP denuncia una "trama" para obstaculizar las pesquisas del caso

La Junta entrega m¨¢s de 55.000 folios al juzgado sevillano

Las cr¨ªticas de la titular del juzgado n¨²mero 6 de Sevilla dieron de hecho alas al PP en su denuncia de la existencia de "una segunda trama para impedir" una investigaci¨®n judicial y parlamentaria a fondo sobre el caso, tesis defendida ayer por su presidente, Javier Arenas, quien ha pedido (hasta ahora sin ¨¦xito) un pleno extraordinario de la C¨¢mara andaluza.

Todos los cuadros del PSOE han recibido la instrucci¨®n expresa de que no hacer comentario alguno a los autos de Alaya, de "no polemizar", como dijo ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y de dar largas cambiadas a preguntas inc¨®modas como las que ayer se les formularon. Por ejemplo, sobre si la juez se hab¨ªa extralimitado en sus atribuciones al considerar que la Intervenci¨®n General tuvo que elevar un informe de actuaci¨®n (una especie de c¨®digo rojo) alertando contra el procedimiento seguido para conceder los ERE; o si estaba abriendo una causa general contra la Junta al pedir las aproximadamente 480 actas de los Consejos de Gobierno de la ¨²ltima d¨¦cada. Al recabar esta informaci¨®n, la magistrada intenta averiguar si lleg¨® al m¨¢ximo ¨®rgano ejecutivo andaluz la advertencia de la Intervenci¨®n General sobre el tr¨¢mite administrativo aplicado para pagar los ERE.

La Junta dice estar "muy tranquila" con la actuaci¨®n de la Intervenci¨®n, que en 2005, 2006 y 2007 alert¨® sobre el procedimiento administrativo. En esas fechas, el consejero de Econom¨ªa y Hacienda era el actual presidente andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. El Ejecutivo aut¨®nomo mantiene que nunca se emiti¨® un c¨®digo rojo porque no detect¨® menoscabo de los fondos p¨²blicos y hubo un "proceso de mejora continua" de la tramitaci¨®n. En la actuaci¨®n de la Intervenci¨®n ha centrado su foco el PP, que exige la dimisi¨®n de Gri?¨¢n.

El Ejecutivo andaluz ha puesto en marcha "un dispositivo especial", pilotado por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, para que toda la informaci¨®n que pida la juez a los centros directivos de la Junta se remita a la Consejer¨ªa de la Presidencia, de la que dependen los servicios jur¨ªdicos de la Junta. Dos letrados se han incorporado a este dispositivo de manera permanente, as¨ª como los viceconsejeros de Empleo, Innovaci¨®n, Hacienda y directivos de la agencia IDEA. En cada Consejer¨ªa hay un contacto alertado, y todos los papeles que entren y salgan al juzgado quedar¨¢n registrados.

Ayer, la Junta entreg¨® 68 expedientes de regulaci¨®n de empleo analizados por el Gobierno andaluz y 55.631 folios, seg¨²n inform¨® el consejero de Empleo, Manuel Recio, en su cuenta de Facebook. Seg¨²n los datos de la investigaci¨®n del Gobierno andaluz, en esos ERE se han hallado 183 casos irregulares, de los que 72 son polizones -ocho de ellos militantes socialistas- y 111 "discordancias administrativas".

Mar Moreno asegur¨® que la Junta actuar¨¢ con "m¨¢s diligencia" con la juez, mientras que el expresidente andaluz y ahora vicepresidente tercero, Manuel Chaves, reconoci¨® "posibles errores o retrasos" en el env¨ªo de la documentaci¨®n. La Junta dice estar tranquila con la ingente informaci¨®n reclamada por Alaya porque "comparte su mismo objetivo de perseguir el fraude".

El coordinador de IU, Diego Valderas, opin¨® que la "juez ha abierto una moci¨®n de censura contra el Gobierno andaluz por su negligencia".