Mandadi?os

Es un hecho incuestionable que en un breve per¨ªodo de tiempo Espa?a ha pasado de tener un Estado fuertemente centralista a ser uno de los pa¨ªses m¨¢s descentralizados de Europa. La transformaci¨®n ha sido tan r¨¢pida y espectacular que el Estado ya no puede ser gobernado sin tener en cuenta a las comunidades aut¨®nomas que, adem¨¢s de disponer de un importante poder pol¨ªtico, gestionan cerca del 40% del gasto p¨²blico del pa¨ªs. Todo ello genera importantes tensiones, algunas muy notorias desde hace tiempo. Pero sin duda una de las causas que agrava el conflicto permanente que vive el Estado es la pervivencia de la vieja cultura centralista en abierta contradicci¨®n con la nueva realidad institucional del pa¨ªs. Contradicci¨®n que afecta de forma especial a los dos grandes partidos pol¨ªticos -a uno m¨¢s que a otro, desde luego- que cotidianamente dan muestras de su incapacidad para adaptarse a la nueva distribuci¨®n territorial del poder que consagra la Constituci¨®n. Esto explica que el PP y determinados sectores del PSOE confundan a menudo las instituciones auton¨®micas con simples delegaciones de la Administraci¨®n Central, cuando no con terminales pol¨ªticas de las c¨²pulas de sus respectivos partidos.

Hay una campa?a para estigmatizar a las comunidades aut¨®nomas aprovechando la crisis

Esta trasnochada concepci¨®n del Estado est¨¢ muy presente cuando tanto Zapatero como Rajoy pretenden imponer, a trav¨¦s de un pacto entre sus respectivas fuerzas pol¨ªticas, un techo de gasto a las comunidades aut¨®nomas. Y se manifiesta tambi¨¦n en la dura campa?a que, aprovechando la grave crisis que atraviesa el pa¨ªs, se ha desatado para desacreditar el Estado auton¨®mico, estigmatizar a las comunidades aut¨®nomas y atribuirles, contra toda evidencia, la responsabilidad del d¨¦ficit p¨²blico, presentando como alternativa las viejas recetas centralistas, precisamente aquellas que se hab¨ªan superado con la vigente Constituci¨®n. Pero esta estrategia involucionista solo puede prosperar a trav¨¦s de una acci¨®n concertada, uniformizadora y jerarquizada de los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal. ?Qui¨¦nes son Zapatero y Rajoy, constitucionalmente hablando, para tomar una decisi¨®n que solo corresponde a los presidentes de los Gobiernos aut¨®nomos, en funci¨®n de los intereses de los ciudadanos que institucionalmente representan, y en tanto que representantes ordinarios del Estado en sus respectivas comunidades?

Teniendo en cuenta que las autonom¨ªas gestionan una parte importante del gasto social en Espa?a (sanidad, educaci¨®n y la mayor¨ªa de los servicios sociales), y que dicho gasto representa una parte sustancial de los presupuestos auton¨®micos - en el caso de la Xunta, el 73%-, es evidente que una decisi¨®n trascendental como ser¨ªa la imposici¨®n de un techo de gasto no puede hacerse exclusivamente entre las c¨²pulas del PSOE y del PP para trasladar luego el acuerdo mec¨¢nicamente a las distintas comunidades aut¨®nomas. Decisiones de este tipo necesitar¨ªan otro foro en el que las comunidades tuvieran el peso pol¨ªtico que les corresponde por mandato institucional.

Pero la concepci¨®n centralista a la que me refer¨ªa m¨¢s arriba es tambi¨¦n uno de los motivos por los que, despu¨¦s de 30 a?os, no ha sido posible realizar la reforma que convierta al Senado en una C¨¢mara de representaci¨®n auton¨®mica, tal como contempla el art¨ªculo 69 de nuestra Constituci¨®n, y tal como sucede en todos los Estados que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos. Hasta que una reforma constitucional habilite al Senado como C¨¢mara auton¨®mica, decisiones de la importancia de las apuntadas deber¨ªan debatirse en foros como la Conferencia de Presidentes, evitando, eso s¨ª, que ¨¦sta se convierta, como sucedi¨® en el pasado, en un suced¨¢neo de debate parlamentario entre fracciones pol¨ªticas con el ¨²nico fin de desgastar al adversario, y a la que los presidentes, abdicando de sus responsabilidades pol¨ªticas, acuden como simples correas de transmisi¨®n de las direcciones de sus respectivos partidos.

En el ¨²ltimo debate parlamentario, Feij¨®o acus¨® a Pachi V¨¢zquez de actuar como delegado del Gobierno en vez de hacerlo como secretario general del PSdeG. Con mucha mayor raz¨®n es preciso que el presidente de la Xunta aclare si est¨¢ dispuesto a comparecer como representante de Galicia, tomando en consideraci¨®n las opiniones del Parlamento, o, por el contrario, como viene haciendo hasta ahora, volver¨¢ a asumir el papel de portavoz y ariete del PP contra el Gobierno, subordinando una vez m¨¢s los intereses de Galicia a la estrategia de su partido y a sus propios intereses personales. Porque si no despeja esta inc¨®gnita, cualquiera puede pensar, ateni¨¦ndose a sus palabras, que el debate en Galicia se reduce a una confrontaci¨®n entre el delegado del Gobierno y el representante de G¨¦nova. Es decir, entre mandadi?os.