Varios expertos cuestionan las exigencias de la magistrada
La magistrada Mercedes Alaya y la Junta de Andaluc¨ªa "est¨¢n en rumbo de colisi¨®n". Es lo que opina el catedr¨¢tico de la Universidad Carlos III de Madrid V¨ªctor Moreno Catena, despu¨¦s de analizar el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla.
Moreno, uno de los expertos en Derecho Procesal consultados por este diario, cree que no est¨¢ justificada suficientemente la medida cautelar que ha ordenado la juez (el env¨ªo de las actas en un sobre lacrado) antes de decidir si remite el asunto al Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del Supremo. Previsiblemente, este ¨®rgano decidir¨¢ si la Junta debe entregar las actas de los Consejos de Gobierno de los ¨²ltimos 10 a?os que exige la juez y que la Administraci¨®n cree que contienen informaci¨®n reservada. Alaya ha exigido que, mientras se decide sobre el fondo de esta cuesti¨®n, se depositen las actas en su juzgado para evitar "que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes".
"Es grav¨ªsimo", sostiene Moreno. En su opini¨®n, la juez est¨¢ infiriendo que "la Junta puede modificar las actas". "Es una imputaci¨®n indirecta escandalosa", a?ade este catedr¨¢tico, para quien en los autos se estar¨ªa poniendo en cuesti¨®n "el sistema del Estado de derecho".
Cambio de custodia
La catedr¨¢tica de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla Isabel Gonz¨¢lez cree que la "medida cautelar no est¨¢ suficientemente motivada". Gonz¨¢lez considera que la magistrada no explica en detalle "cu¨¢les son los riesgos" existentes para que se tengan que depositar las actas. En definitiva, seg¨²n esta catedr¨¢tica, lo que est¨¢ proponiendo impl¨ªcitamente Alaya es un cambio de la custodia de estos documentos, que legalmente recae en el Gobierno andaluz. Y "no est¨¢ suficientemente motivada la necesidad del cambio de custodia de las actas", insiste.
Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rus no es tan contundente como sus compa?eros, aunque reconoce que el auto "encierra una desconfianza grave". Respecto a si la juez ha justificado suficientemente su decisi¨®n, este catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de C¨®rdoba recuerda que en el 90% de los autos en los que se dictan medidas cautelares "no hay una descripci¨®n minuciosa de los riesgos". Gonz¨¢lez Rus cree que la decisi¨®n de Alaya es "proporcional y provisional", con lo que cumple con los requisitos formales. Pero considera que los autos contienen "una presunci¨®n de riesgo que puede resultar chocante ya que se centra en el Consejo de Gobierno de la Junta", encargado de custodiar las actas.
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