La juez de los ERE insin¨²a que Gri?¨¢n puede alterar las actas del Gobierno

Mercedes Alaya, la juez que investiga el esc¨¢ndalo de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado a la Junta de Andaluc¨ªa que le env¨ªe en un sobre lacrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno de los ¨²ltimos 10 a?os. La juez ha adoptado esta medida cautelar antes de decidir si env¨ªa al Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas. En un auto, la magistrada advierte al Ejecutivo andaluz de que si no entrega copia de las actas en las pr¨®ximas 72 horas cometer¨ªa un delito de quebrantamiento de medida cautelar. La Junta se mostr¨® ayer dispuesta a aceptar esta nueva exigencia.

La Junta est¨¢ dispuesta a aceptar la nueva petici¨®n de la instructora

La magistrada alerta al Ejecutivo de la comisi¨®n de dos posibles delitos

La juez busca "evitar en el terreno de las hip¨®tesis que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas" por la Junta mientras se resuelve el conflicto jurisdiccional. Adem¨¢s, advierte al Gobierno aut¨®nomo de que incurrir¨ªa en desobediencia a la autoridad judicial si no le env¨ªa tambi¨¦n las actas de los consejos de direcci¨®n de las consejer¨ªas de Presidencia, Empleo, Hacienda y Econom¨ªa e Innovaci¨®n de la ¨²ltima d¨¦cada.

El enfrentamiento entre la magistrada y la Junta andaluza es frontal y se recrudece con el paso de los d¨ªas. Al principio, el Gobierno de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n agarr¨® la bandera de la transparencia e incluso cre¨® un equipo especial para atender todas las solicitudes de informaci¨®n de la juez, pero ante la petici¨®n "indiscriminada" de las actas de los Consejos de Gobierno, la Junta se plant¨® y se neg¨® a entregarlas, al entender que contienen informaci¨®n reservada.

La clave est¨¢ en si la investigaci¨®n judicial de los ERE fraudulentos puede justificar el examen que pretende hacer la juez de la gesti¨®n del Gobierno andaluz durante una d¨¦cada, o si supone una injerencia del Poder Judicial en el Ejecutivo. La Junta ha identificado en su investigaci¨®n interna de los ERE subvencionados 111 irregularidades administrativas y 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

La magistrada hab¨ªa solicitado las actas porque considera que no son "ni reservadas ni secretas" y solo considera "secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos", seg¨²n un auto de la semana pasada. El letrado de la Junta reiter¨® el pasado lunes su negativa a entregar esta documentaci¨®n y la magistrada ha respondido con otro auto a¨²n m¨¢s contundente que el anterior, en el que ordena con t¨¦rminos muy duros la entrega en tres d¨ªas de las actas como medida cautelar porque desconf¨ªa de que la Junta las manipule. Para Alaya son "medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acci¨®n de la justicia, se produzca un grave perjuicio al inter¨¦s p¨²blico y se originen da?os graves e irreparables" en la investigaci¨®n.

La magistrada cree que el presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, en su etapa como consejero de Econom¨ªa, y los exconsejeros de Econom¨ªa e Innovaci¨®n Magdalena ?lvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, conocieron los informes de la Intervenci¨®n General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis, dotado con 647 millones.

El Ejecutivo andaluz niega la mayor, pero Alaya apunta a la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n por ignorar los informes contrarios de la Intervenci¨®n a estas subvenciones, denominadas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se retract¨®.En su petici¨®n de inhibici¨®n, la Junta aleg¨® que entre los 55 documentos solicitados por la juez, las actas de los Consejos de Gobierno afectan al "¨¢mbito competencial propio del Poder Ejecutivo, cuyas competencias son irrenunciables". En su argumentaci¨®n, el propio Gri?¨¢n recuerda en un escrito dirigido a Alaya, que el Consejo de Gobierno "es un ¨®rgano pol¨ªtico y no administrativo".

La Junta contest¨® ayer al requerimiento de la juez que no tiene ning¨²n reparo en enviar actas lacradas porque de esta forma se salvaguarda la confidencialidad. "Nos parece una buena soluci¨®n para colaborar con la Justicia sin renunciar al fuero", se?al¨® la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien, por primera vez desde que estall¨® el caso, reconoci¨® que el Gobierno andaluz tiene un "juicio muy cr¨ªtico" sobre algunas actuaciones y consideraciones que refleja Ayala en los autos, informa Isabel Pedrote.

Respecto a las actas de los consejos de direcci¨®n de cuatro consejer¨ªas, un equipo de funcionarios recopila ahora la informaci¨®n, aunque muchas de estas reuniones carecen de actas y solo incluyeron un orden del d¨ªa, seg¨²n fuentes de la Junta. Moreno destac¨® el contraste con el caso G¨¹rtel y la Comunidad de Madrid: "Esperanza Aguirre lleva seis meses bloqueando la informaci¨®n que le ha pedido el juez y que no tiene car¨¢cter reservado".

La juez, que ha admitido parcialmente la querella interpuesta por el PP contra varios altos cargos, considera que la Junta debe a?adir a los 150.000 folios ya entregados, las actas de los Consejos de Gobierno que incluir¨ªan un informe de la Intervenci¨®n que debi¨® alertar del "menoscabo de fondos p¨²blicos". La Junta niega que dicho informe exista.