El yugo de la tarifa el¨¦ctrica

La capacidad de gesti¨®n de un Gobierno se mide por la rapidez con que identifica los problemas reales de un sistema econ¨®mico y la presteza en resolverlos. La ¨²ltima subida de las tarifas el¨¦ctricas (9,8%), aplicada desde enero de 2011 como respuesta a la subida del precio de la electricidad en la llamada subasta CESUR (la subasta de Compra de Energ¨ªa para el Suministro de ?ltimo Recurso, t¨®tem inapelable que determina cu¨¢nto pagan los comercializadores por la electricidad y, en consecuencia, los ciudadanos de a pie) expone ante los consumidores la incapacidad del Ministerio de Industria para identificar las contradicciones de la regulaci¨®n el¨¦ctrica y la indecisi¨®n de los servidores p¨²blicos para poner fin a un sistema de fijaci¨®n de tarifas escandalosamente inclinado hacia los ingresos de las compa?¨ªas el¨¦ctricas. Si el equipo energ¨¦tico de Industria hubiera mostrado una capacidad m¨ªnima de respuesta ante la presi¨®n de las empresas (las que acampan en el lobby tradicional, como Endesa o Iberdrola, pioneras en pr¨¢cticas de gardu?a como los planes de pensiones que garantizan el caviar a la familia hasta la quinta generaci¨®n, o los nuevos grupos de presi¨®n de las renovables), hubiera aceptado el encarecimiento del recibo el¨¦ctrico, desde luego, porque el procedimiento legal as¨ª lo exige y conviene respetar el principio de que los precios deben reflejar todos los costes; pero en el mismo momento de tan dolorosa aceptaci¨®n (obligada por principios, podr¨ªa decirse), tendr¨ªa que haber anunciado su voluntad de desmontar el sistema actual de c¨¢lculo de las tarifas y sustituirlo por otro que refleje mejor la evoluci¨®n de los precios de las materias primas energ¨¦ticas en los mercados internacionales.

En 2010 las el¨¦ctricas percibieron m¨¢s de 2.600 millones en beneficios regulatorios

Si esa cantidad se hubiera deducido a las compa?¨ªas, la subida de tarifa del 10% no hubiera sido necesaria

El sistema que regula las subidas del recibo de la electricidad en Espa?a incluye como pieza fundamental la mencionada subasta CESUR, que en resumen no es sino una convenci¨®n de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final. No se trata de una subasta de verdad, una a la que acuden productores por una parte y compradores por otra, sino que las propias empresas y sus filiales compran, venden y encharcan los precios hasta modular a conveniencia las subidas. Algo parecido a la ruleta de la fortuna en el Far West que el ma?oso crupier frenaba o aceleraba mediante un mecanismo pedestre para desplumar a los incautos. Esta subasta de marras es un producto tard¨ªo del suced¨¢neo de mercado el¨¦ctrico o rastrillo del kilovatio, ese cacharro manipulable que dej¨® en herencia el PP tras dos legislaturas de ping¨¹es concesiones a las el¨¦ctricas y que el PSOE ha sido incapaz de desmontar en dos legislaturas. Las promesas de liberalizaci¨®n han resonado durante dos lustros sin que se haya podido conseguir algo tan simple como la separaci¨®n de la propiedad entre generaci¨®n y comercializaci¨®n, la condici¨®n cardinal, sobre la que deber¨ªa pivotar cualquier h¨¢lito de liberalizaci¨®n.

Desde 1998 la ¨²nica tarea de las empresas reguladas ha sido acumular derechos reconocidos de retribuci¨®n (cuyas consecuencias se conocen como d¨¦ficit de tarifa) y hostigar a la Administraci¨®n (Industria, Hacienda, Econom¨ªa) para que se titulicen esos derechos al precio que sea, con la seguridad de que los sobrecostes y gabelas financieras caer¨¢n como un rayo sobre los bolsillos de los consumidores. El truco para esculpir tales derechos en el recibo de la luz se esconde detr¨¢s de la confusi¨®n entre costes reconocidos (montados sobre una ficci¨®n de precio de mercado, es decir, del mencionado rastrillo y de la campanuda subasta CESUR) y costes realmente incurridos. Las compa?¨ªas el¨¦ctricas tienen en su mano elevar los costes o precios reconocidos. Pero lo que deber¨ªa contar son los costes realmente incurridos, desconocidos por la opini¨®n p¨²blica y (es de temer) por el Gobierno. Por esa raz¨®n la trivial proclama del consejero delegado de Endesa, Borja Prado, pronunciada con enf¨¢tica seriedad, de que el Gobierno tiene que subir los precios de la electricidad para acabar con el d¨¦ficit de tarifa, se merece como respuesta que la mejor manera de acabar con el d¨¦ficit es que las empresas dejen de fabricarse e inflarse derechos reconocidos utilizando las grietas de la regulaci¨®n. O que el Gobierno se lo impida, algo de lo que, al parecer, es incapaz. De la misma manera, la petici¨®n de que los precios de la electricidad sean liberalizados que repite el presidente de Iberdrola, Ignacio S¨¢nchez, merece una precisi¨®n: ?esa liberalizaci¨®n debe hacerse antes o despu¨¦s de que el agua que utiliza Iberdrola para producir la electricidad sea pagada por la compa?¨ªa a precio de subasta p¨²blica, en beneficio de los espa?oles que son propietarios del recurso, y no en r¨¦gimen de concesi¨®n ben¨¦fica de la Administraci¨®n a la empresa, como hasta ahora? Si no saben comprar, vender ni competir, ?c¨®mo piden liberalizaci¨®n?

Unos sencillos c¨¢lculos demostrar¨¢n adem¨¢s que el d¨¦ficit de tarifa, esa inflaci¨®n de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno act¨²a en funci¨®n de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotizaci¨®n de las empresas. Veamos qu¨¦ sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operaci¨®n y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producci¨®n nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el a?o pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un c¨¢lculo similar ejecutado con la producci¨®n hidroel¨¦ctrica demostrar¨ªa que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producci¨®n de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el a?o pasado llegar¨ªa a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producci¨®n hidr¨¢ulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compa?¨ªas esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10%.

Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulaci¨®n perversa que deber¨ªa haberse dinamitado en 2004. Por no mencionar el caos de las concesiones auton¨®micas de plantas e¨®licas, fotovoltaicas o solares, cuya desordenada aplicaci¨®n en el sistema ha desplazado a los ciclos combinados sin que los consumidores tengan la electricidad m¨¢s barata y perjudica la recuperaci¨®n financiera de las plantas, calculada sobre una producci¨®n anual de 6.000 horas, cuando en realidad solo operaron el a?o pasado durante algo menos de 3.000 horas.

La responsabilidad pol¨ªtica del desorden energ¨¦tico post PP (que fue quien lo cre¨®) tiene nombres. En vanguardia, Jos¨¦ Montilla, Joan Clos y Miguel Sebasti¨¢n, ministros del ramo, sin inter¨¦s, sin capacidad o sin poder pol¨ªtico para reformar el mercado el¨¦ctrico. En cuanto a los secretarios de la Energ¨ªa, figuran como r¨¦plicas de los morlocks de Wells (en particular Pedro Mar¨ªn y Fabrizio Hern¨¢ndez), puesto que ni salieron ni salen a la luz p¨²blica para explicar la pol¨ªtica energ¨¦tica, si es que existe. La Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE), amueblada con un Consejo sin capacidad pol¨ªtica y hu¨¦rfanos los m¨¢s de sus consejeros de la debida cualificaci¨®n econ¨®mica o t¨¦cnica, tambi¨¦n ha cultivado el dolce far niente de que tocar la regulaci¨®n es fatigoso (sobre todo cuando no se sabe c¨®mo hacerlo) y genera enemistades entre los regulados, m¨¢s agresivos en Espa?a que los reguladores.

Estaba en manos de los Gobiernos de Zapatero reformar la regulaci¨®n el¨¦ctrica, liquidar el d¨¦ficit de tarifa y drenar esos beneficios indebidos en la producci¨®n nuclear e hidroel¨¦ctrica para entregarlos en la Hacienda p¨²blica o evitar el encarecimiento de la luz, que todo viene a ser lo mismo. Si el PP llega a gobernar en marzo de 2012, bastar¨¢ con que imponga una tasa de 2.500 millones a la producci¨®n hidroel¨¦ctrica y a la nuclear para superar la gesti¨®n del PSOE. El Ministerio de Industria, que deber¨ªa haberse planteado como un Ministerio de Energ¨ªa, parece hoy una sombra indecisa y claudicante. Presenta una patolog¨ªa sin precedentes de rid¨ªculo administrativo durante dos legislaturas.