Revienta la burbuja alicantina

Ca¨ªa la tarde del 19 de junio de 2010 en el estadio del Real Uni¨®n (Ir¨²n), cuando el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, levantaban los brazos al cielo. El buque insignia del deporte de Alicante, el H¨¦rcules CF, hab¨ªa consumado, despu¨¦s de casi tres lustros de frustraciones, el anhelado ascenso a Primera Divisi¨®n. La gesta del H¨¦rcules complet¨® el escaparate de oropel con el que el poder alicantino (pol¨ªtico, econ¨®mico y financiero) adorn¨® el periplo hacia su particular Arcadia.

Nada m¨¢s superada la resaca de los alicantinos por el ¨¦xito del H¨¦rcules y ah¨ªtos de repetir Somos de Primera, el viaje se vio afectado por tres v¨ªas de agua. La primera desencaj¨® a los cargos p¨²blicos m¨¢s destacados (l¨ªderes del PP locales y provinciales, hegem¨®nicos en el poder desde mediados de los noventa); la segunda fulmin¨® a los empresarios m¨¢s influyentes y afines a los primeros; y la tercera desorient¨® al poder financiero.

El 'caso Brugal' ha destapado la confusi¨®n entre lo p¨²blico y privado

Del medio centenar de cargos p¨²blicos ante los jueces solo dos han dimitido

Un a?o despu¨¦s, los tres pilares del poder alicantino arrojan este abrumador y negativo balance: 25 instituciones p¨²blicas (entre ellas la Diputaci¨®n y el Ayuntamiento de la capital) en los juzgados por supuesta corrupci¨®n; m¨¢s de medio centenar de cargos, liderados por el l¨ªder provincial del PP, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, y la referente del sector opuesto -los campistas- en la ciudad, la alcaldesa Sonia Castedo, imputados o acusados en los distintos sumarios; otra larga lista de empresarios imputados, con el promotor y due?o del H¨¦rcules, Enrique Ortiz, y el industrial ?ngel Fenoll a la cabeza; y la primera entidad financiera, la CAM, apelando al Banco de Espa?a para estabilizar su futuro, tras el estrepitoso fracaso de fusi¨®n fr¨ªa con otras tres cajas de aparente menor potencial.

El 6 de julio de 2010 aflor¨® la primera causa del estallido de la burbuja alicantina y dej¨® al descubierto las miserias de su trastienda. El lastre de sus pilotos pesaba como el ladrillo y el aire con el que se hab¨ªa llenado pas¨® de una ligera contaminaci¨®n a la descomposici¨®n. Ese d¨ªa, la justicia puso en marcha la segunda fase de la operaci¨®n del caso Brugal, investigaci¨®n gestada durante tres a?os que destap¨® la promiscuidad, rayana a veces con la obscenidad, entre el poder f¨¢ctico y electo de la ciudad. Las bases de esas viciadas relaciones eran las contratas de la basura y el urbanismo. Nada sorprendente. Ambas actividades florecieron en paralelo y sin control a la sombra del f¨¢cil y boyante negocio del urbanismo salvaje.

Esa primera semana de julio de 2010 fueron arrestados Ripoll, Ortiz y Fenoll por el caso Brugal. Los tres est¨¢n imputados por cohecho, fraude y tr¨¢fico de influencias derivado de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La polic¨ªa sostiene que la operaci¨®n supuso a Ripoll una ganancia, no justificada, de 1,3 millones de euros. La familia Ripoll se ha gastado la calderilla (300.000 euros) en compras abonadas en met¨¢lico en tiendas de lujo, y en viajes. Esa vertiginosa carrera consumista la dirigi¨® alegremente la mujer del l¨ªder provincial del PP, Margarita de La Vega. Pol¨ªticos y empresarios sol¨ªan celebrar el cierre de estos ventajosos pactos, seg¨²n la investigaci¨®n policial de Brugal, con paradis¨ªacos cruceros a bordo del yate Helena, propiedad de Ortiz.

El sumario Brugal, la mayor causa sobre corrupci¨®n destapada en la historia de Alicante, incluye otra pata no menos capital. Un posible trato de favor al promotor Ortiz en el tr¨¢mite del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante. Por estos hechos, el fiscal acusa, entre otros, al promotor y a los dos alcaldes del PP de Alicante, Castedo y su antecesor Luis D¨ªaz Alperi. El ministerio p¨²blico les atribuye los supuestos delitos de cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de informaci¨®n. Esta pieza de Brugal salpica a dos directivos de la CAM, entre ellos su expresidente Vicente Sala, acusado por el fiscal por supuestas ilegalidades en operaciones de compra de suelo del promotor Ortiz durante el tr¨¢mite del PGOU de Alicante.

Las primeras diligencias secretas del caso Brugal que trascendieron fueron unas escuchas telef¨®nicas que desvelaron la compra de al menos cinco partidos por parte de Enrique Ortiz para asegurarse el ascenso del H¨¦rcules a Primera. La causa se archiv¨® porque esas pr¨¢cticas no han pasado a ser delito hasta la reforma del C¨®digo Penal el pasado mes de diciembre.

El ama?o de los partidos del H¨¦rcules por parte de su due?o y su arresto e imputaci¨®n por el cohecho de la basura llevaron al popular empresario a dar un paso atr¨¢s. Ortiz, consciente de que su imperio econ¨®mico estaba tocado, ha mudado su rampante protagonismo en la vida econ¨®mica y social de Alicante por un discreto segundo plano.

En el mundo pol¨ªtico la aguda sospecha de corrupci¨®n que envuelve a 25 instituciones de la provincia apenas ha hecho mella entre los cargos p¨²blicos. Solo dos dimisiones. Y ambas en el bando socialista: los portavoces del PSPV en la Diputaci¨®n y en el Ayuntamiento, Antonio Amor¨®s y Roque Moreno, respectivamente, por su implicaci¨®n en Brugal.

En el tercio popular, que acapara la mayor¨ªa de imputaciones y acusaciones, todos siguen aferrados a sus puestos. El paradigma de esta indolencia de los cargos populares implicados en causas de corrupci¨®n ha sido la pugna de Ripoll con sus rivales campistas por revalidar la presidencia de la Diputaci¨®n. Los paganos de las supuestas tramas corruptas que salpican al PP son tres ediles populares de Orihuela, arrestados e imputados en Brugal, que no repetir¨¢n en la lista que, en cambio, lidera M¨®nica Lorente, implicada en Brugal e imputada por otro juez por supuesta prevaricaci¨®n.

Los pol¨ªticos populares de Alicante siguen inmersos en la carrera para revalidar sus puestos sin entonar el m¨¢s m¨ªnimo mea culpa y sin hacer gestos de apostar por una ¨¦tica diferente. En su subconsciente prima el hecho de que hasta ahora el lastre de la corrupci¨®n no les ha pasado factura en las urnas y de que la justicia tampoco les ha echado el lazo. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante no ha podido en seis a?os (por una objetiva y alarmante falta de medios y por la ausencia de juzgados especializados en la materia) llevar al banquillo de los acusados a ninguno de las decenas de cargos p¨²blicos que ha imputado.

En el seno de la sociedad alicantina ya surgen voces contra el intento de los pol¨ªticos de prolongar la id¨ªlica imagen de la capital. "Es evidente que algo estamos haciendo mal", comentaba recientemente un destacado empresario alicantino en alusi¨®n al estrepitoso desplome del poder alicantino. "Los culpables somos todos. Es el momento de abrir un debate sobre esta cuesti¨®n", a?ad¨ªa.

El 22 de mayo los ciudadanos vuelven a tener la palabra.