El segundo asalto

El segundo asalto del combate entre el Supremo y el juez Garz¨®n en el Torneo de la Prevaricaci¨®n -el tercer round a¨²n no tiene fijada la fecha- ha entrado en su fase decisiva: el magistrado instructor de la querella interpuesta por el principal inculpado del caso G¨¹rtel y sus abogados orden¨® la apertura de juicio oral. ?Ser¨ªan la s¨²bita propensi¨®n delictiva de Garz¨®n y la furia inquisitorial no menos repentina del alto tribunal las ¨²nicas hip¨®tesis disponibles para explicar esa colisi¨®n? Los ultragarzonistas atribuyen al Supremo el vengativo prop¨®sito colectivo de castigar al juez que os¨® traspasar las invisibles l¨ªneas rojas del sistema establecido. En cambio, los garzon¨®fobos utilizan la letra grande de los manuales peque?os de t¨®picos psicoanal¨ªticos para destruir una brillante ejecutoria como instructor en la Audiencia Nacional.

El Supremo abre juicio oral contra Baltasar Garz¨®n por un delito de prevaricaci¨®n en el 'caso G¨¹rtel'

Pero tan perjudicial ser¨ªa para la Espa?a democr¨¢tica revelar que un juez popular en el mundo entero por su compromiso con los derechos humanos es un prevaricador compulsivo movido por un narcisismo insaciable, como descubrir que el Supremo pretende tapar los cr¨ªmenes de los vencedores de la Guerra Civil y los esc¨¢ndalos del PP. Otros factores cuentan en esta lamentable historia: las divergencias de interpretaci¨®n jur¨ªdica (?son tipificables como delito o carecen de relevancia penal las malas pr¨¢cticas procesales?), las rencillas dentro de la carrera judicial (un fiscal y un magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional son abogados del caso G¨¹rtel), las aversiones personales (Garz¨®n tiene viejos enemigos en la derecha y en la izquierda de la magistratura) y la manipulaci¨®n ultraconservadora de la acci¨®n popular.

El n¨²cleo de la primera querella no es la cuesti¨®n pol¨ªtica de emprender o impedir una indagaci¨®n penal -70 a?os despu¨¦s de transcurridos los hechos- sobre los asesinatos perpetrados por los sublevados en 1936, sino la cuesti¨®n jur¨ªdica de la titularidad de la competencia para exhumar a las v¨ªctimas de la represi¨®n franquista enterradas clandestinamente: en vez de respetar el procedimiento arbitrado a ese fin por la llamada Ley de Memoria Hist¨®rica de 2007, Garz¨®n pretendi¨® inicialmente -luego rectific¨®- asumir esa tarea.

La segunda querella tampoco versa sobre la esencia del caso G¨¹rtel, sino sobre la grabaci¨®n en los locutorios carcelarios de las conversaciones mantenidas por los acusados con sus abogados. Los ultragarzonistas consideran esa demanda penal una maniobra para conseguir la nulidad de las actuaciones con la ayuda del principio del ¨¢rbol envenenado que transmite su ponzo?a delet¨¦rea a los frutos. Los garzon¨®fobos, en cambio, califican la interceptaci¨®n como un atentado prevaricador contra el derecho fundamental a la defensa. Pero tambi¨¦n cabe sostener que hay suficientes pruebas no contaminadas para seguir adelante con el caso G¨¹rtel y que las eventuales lesiones inferidas al derecho de defensa por Garz¨®n no constituyen un delito de prevaricaci¨®n.