Impugnar a ciegas

Entre ilegalizar todas las listas de la coalici¨®n Bildu, ¨²ltima exigencia del Partido Popular en su caleidosc¨®pica y oportunista pol¨ªtica antiterrorista, y cuestionar solo la legalidad de las listas con indicios de "contaminaci¨®n" por parte de Batasuna, el Gobierno parece haberse inclinado hacia la primera opci¨®n. Se trata de una opci¨®n jur¨ªdicamente complicada y el PP lo sabe mejor que nadie, pero el hecho de proponerlo reduce todav¨ªa m¨¢s el campo de maniobra del Gobierno. Seguramente, es lo que en ¨²ltima instancia pretende el PP.

La coalici¨®n Bildu presenta en las elecciones municipales y forales del Pa¨ªs Vasco y Navarra 258 listas formadas por miembros de dos partidos legales (EA y Alternatiba, escisi¨®n de la Izquierda Unida de Madrazo) y personas identificadas con Batasuna, pero que se presentan como independientes. Haber pertenecido a un partido ilegal no inhabilita para formar parte de candidaturas de otra formaci¨®n legal, como ha establecido el Tribunal Constitucional, salvo que este sea continuidad del ilegal. No es el caso de EA y Alternatiba, por lo que los indicios para impugnar las listas de la coalici¨®n no pueden basarse solo en la presencia en esas listas de exmilitantes o simpatizantes de Batasuna. Los informes policiales no aportan tales indicios, lo que no impide establecer que la alianza electoral responde a un dise?o de Batasuna del que forma parte una cuidadosa "limpieza" de todo rastro de vinculaci¨®n org¨¢nica y funcional con esa formaci¨®n ilegalizada.

La impugnaci¨®n de las listas de Bildu parte, m¨¢s que de indicios constatables, de una deducci¨®n que se deja al criterio y al trabajo de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Se impugna a ciegas, con ¨¢nimo preventivo, lo que pol¨ªticamente puede ser comprensible, pero tiene dif¨ªcil encaje en un procedimiento judicial. Es cierto que la mayor¨ªa de la Sala del 61 -nueve magistrados frente a siete- aplic¨® en la reciente ilegalizaci¨®n de Sortu una estrategia eminentemente preventiva a partir de documentos de ETA y Batasuna de 2008 y 2009 de los que se deducir¨ªa que no ha habido ruptura de v¨ªnculos entre la izquierda abertzale y la banda terrorista. Pero esa estrategia es m¨¢s dif¨ªcil de aplicar en el caso de las listas de una coalici¨®n electoral entre partidos legales, lo que no dejar¨¢ de tener reflejo en el debate entre los magistrados del Supremo.