Una juez condena al alcalde de Alhaur¨ªn por da?os al honor
Mart¨ªn Ser¨®n deber¨¢ indemnizar a un testigo del 'caso Troya'
El alcalde de Alhaur¨ªn el Grande, Juan Mart¨ªn Ser¨®n (PP), ha sido condenado a pagar 15.000 euros por llamar "maltratador" al fontanero y empresario Jos¨¦ Burgos Leiva, conocido como El Perola. Burgos Leiva fue el principal testigo y denunciante del llamado caso Troya, la trama de corrupci¨®n urban¨ªstica destapada en Alhaur¨ªn en enero de 2007 y por la que Mart¨ªn Ser¨®n se sentar¨¢ en el banquillo el pr¨®ximo 22 de septiembre acusado de prevaricaci¨®n y cohecho. Contra esta sentencia sobre el derecho al honor cabe recurso.
Tras ser detenido, y quedar en libertad bajo fianza de 100.000 euros, Mart¨ªn Ser¨®n se refiri¨® al denunciante en varias ocasiones como "maltratador de mujeres". La juez Lidia Berm¨²dez, titular del Juzgado n¨²mero 2 de Co¨ªn, considera que algunas de las manifestaciones del regidor sobrepasaron su derecho a la libre opini¨®n y se transformaron en una lesi¨®n contra el honor del empresario. La juez tambi¨¦n le ha condenado a publicar el fallo de la sentencia en los tres diarios que se hicieron eco de sus declaraciones con el mismo tama?o y condiciones.
El regidor llam¨® "maltratador" al denunciante de la trama de corrupci¨®n
La juez es especialmente severa con unas declaraciones que Mart¨ªn Ser¨®n hizo en una rueda de prensa el 19 de mayo de 2004, tras la detenci¨®n de unos empresarios por la operaci¨®n Troya. El alcalde incidi¨® en que Burgos Leiva ten¨ªa una condena de tres a?os pendiente por malos tratos y asegur¨® que el juzgado hab¨ªa dictado su orden de ingreso en prisi¨®n cinco semanas antes.
El empresario fue condenado el 29 de enero de 2004 a 18 meses de prisi¨®n por violencia ps¨ªquica contra su exesposa y otros 18 meses por obstrucci¨®n a la justicia, debido a que amenaz¨® a una testigo de su anterior pareja antes del juicio. Sin embargo, tres meses despu¨¦s, la Audiencia Provincial de M¨¢laga le absolvi¨® del delito de maltrato. Burgos Leiva ha cumplido nueves meses en prisi¨®n por el delito de obstrucci¨®n.
La juez considera que las palabras del regidor constituyeron un "exceso verbal no amparado por su derecho a la libertad de expresi¨®n". "Deb¨ªa de tener presente que era una persona p¨²blica (...) y que sus palabras iban a disfrutar de mayor repercusi¨®n", destaca.
La juez incide en que el denunciante, que ya soport¨® una vez el calificativo de maltratador, no estaba obligado a que Mart¨ªn Ser¨®n se lo recordara en cada comparecencia p¨²blica con el menoscabo para su dignidad que acarreaba.
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