?Sin administraci¨®n valenciana de justicia?

Resulta conocido que nuestra administraci¨®n de justicia padece graves problemas que parecen instalados como integrantes del paisaje de nuestros juzgados y tribunales: dilaciones estructurales, penuria de medios, falta de coordinaci¨®n o serias insuficiencias tecnol¨®gicas, entre otras muchas deficiencias. Sin duda, buena parte de estas carencias debe ser solventada por el Gobierno central, a trav¨¦s de las correspondientes reformas legislativas y de la asignaci¨®n de los jueces necesarios. No obstante, hemos de recordar que nuestra comunidad aut¨®noma tiene competencias transferidas en materia de justicia, por lo que la Generalitat es la responsable de la gesti¨®n de la mayor parte de los recursos personales y materiales.

"Lo que est¨¢ fallando es una gesti¨®n auton¨®mica que ser¨ªa manifiestamente mejorable"

Por desgracia, la actuaci¨®n de la Administraci¨®n valenciana en materia de justicia no s¨®lo es m¨¢s que discutible, sino que parece estar marcada por cierto desinter¨¦s y por una falta de voluntad que provocan la mayor parte de los problemas diarios en el ¨¢mbito judicial. La reciente paralizaci¨®n de decenas de miles de asuntos por el impago de la Generalitat al servicio de Correos representa una met¨¢fora muy significativa sobre una gesti¨®n poco cuidadosa. M¨¢s preocupante es todav¨ªa la suspensi¨®n por falta de presupuesto de la puesta en marcha de buen n¨²mero de ¨®rganos judiciales. Resulta parad¨®jico que la administraci¨®n auton¨®mica reclame al Gobierno central m¨¢s medios y, concretamente, m¨¢s juzgados para la Comunidad Valenciana, a menudo con un discurso especialmente victimista. Pero, cuando son asignados estos recursos, es la propia Generalitat la que se muestra incapaz de poner sobre la mesa la parte que le corresponde. Ello ha provocado la paralizaci¨®n sine die de nuevos juzgados que ten¨ªan que haberse inaugurado a finales de 2010, en lugares tan necesitados como Alicante, Orihuela, Benidorm, Elche, D¨¦nia, Torrevieja, Novelda, Villajoyosa, Nules, Gandia, Carlet, Ll¨ªria, Massamagrell y Quart de Poblet. Sin embargo, no parece que el recorte presupuestario sea un mal presente en todo el ¨¢mbito auton¨®mico, a la vista de otras inauguraciones conocidas por todos y de numerosos fastos que se han mantenido a pesar de la crisis.

La situaci¨®n de numerosas sedes judiciales es alarmante, entre goteras, humedad o insectos que amenazan el propio papel de los procedimientos. Sirva como ejemplo que nuestro edificio m¨¢s emblem¨¢tico, el Tribunal Superior de Justicia, no re¨²ne las condiciones m¨¢s elementales de salubridad. Por otro lado, la gesti¨®n en materia de personal mantiene un elevado n¨²mero de funcionarios interinos, que llegan a los juzgados sin la m¨¢s m¨ªnima formaci¨®n previa y deben asumir en muchas ocasiones el tr¨¢mite de expedientes que pueden afectar a la vida, a la integridad o al patrimonio de las personas. El continuo retraso en la asignaci¨®n de funcionarios y el recorte de las partidas de refuerzo ha agravado la demora de los procesos. Y, a diferencia de otras comunidades aut¨®nomas, la Administraci¨®n valenciana ha sido incapaz de aportar un dise?o de la nueva oficina judicial, que es el modelo de futuro para nuestros ¨®rganos jurisdiccionales. En consecuencia, no puede sorprender que sigamos estando muy lejos de una administraci¨®n de justicia moderna, din¨¢mica y eficaz. Y lo peor es que quienes sufren estos perjuicios son los ciudadanos, que tienen derecho a un servicio p¨²blico de calidad. En el contexto descrito resulta muy ilustrativa la desaparici¨®n org¨¢nica de la Consejer¨ªa de Justicia, que ha pasado a integrarse en el ¨¢rea de Solidaridad y Ciudadan¨ªa. En un momento en el que se est¨¢ haciendo balance sobre la gesti¨®n auton¨®mica, estos problemas no pueden pasar desapercibidos, pues necesitamos soluciones de quienes pueden tener en el futuro la responsabilidad de gobernar, sean del signo pol¨ªtico que sean, para que se aporten alternativas con la finalidad de afrontar las reformas que precisa la administraci¨®n valenciana de justicia.

Como si esper¨¢semos a Godot, los jueces nos hemos acostumbrado a aguardar resignadamente la soluci¨®n de cualquier problema que deba ser solventado por la Generalitat. Y ello abarca desde la falta de folios hasta los frecuentes bloqueos del sistema inform¨¢tico, pasando por las m¨¢s variadas tardanzas en el mantenimiento de medios materiales imprescindibles. Debe recordarse que estas preocupaciones no s¨®lo las hemos venido reiterando de forma constante desde el ¨¢mbito judicial, sino que han sido igualmente denunciadas por los colegios de abogados y procuradores, as¨ª como por los sindicatos de funcionarios. No puede sorprender que el decano del Colegio de Procuradores haya solicitado la devoluci¨®n de las competencias auton¨®micas a la Administraci¨®n central. Sin embargo, el modelo auton¨®mico de nuestro Estado es el m¨¢s apropiado para que se pueda profundizar en el principio constitucional de autogobierno. Desde el necesario respeto institucional, no podemos silenciar que lo que est¨¢ fallando es una gesti¨®n auton¨®mica que ser¨ªa manifiestamente mejorable con una mayor sensibilidad, atenci¨®n, inversi¨®n p¨²blica y comprensi¨®n de las estructuras judiciales. El problema no estriba en que la Comunidad Valenciana tenga atribuidas competencias en materia de justicia, sino en que ¨¦stas deben ejercerse con una adecuada responsabilidad.

Joaquim Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la Comunidad Valenciana