Madrid paraliza la devoluci¨®n de los 'papeles' del archivo de Salamanca
La Comunidad env¨ªa las peticiones de particulares a Cultura y el ministerio las rechaza
Dos a?os y medio despu¨¦s de que el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero aprobara el real decreto que regula el procedimiento a seguir para la restituci¨®n a particulares de los documentos incautados tras la Guerra Civil todo permanece paralizado en Madrid, pero no en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco. El Patronato del Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica aprob¨® hace menos de un a?o el traslado de documentos incautados en Catalu?a a personas naturales o jur¨ªdicas de car¨¢cter privado. Tambi¨¦n se trasladar¨¢n los archivos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que est¨¢n custodiados en el Archivo de la Guerra Civil, con sede en Salamanca
Pero la devoluci¨®n en Madrid est¨¢ paralizada tras la renuncia oficial de la Comunidad, gobernada por Esperanza Aguirre, a colaborar en la restituci¨®n de los denominados papeles de Salamanca, reenviando las peticiones de la UGT, la CNT, Izquierda Republicana (IR) y los descendientes del ge¨®grafo Gonzalo de Reparaz Rodr¨ªguez al Ministerio de Cultura.
La CNT considera "inconstitucional" que la Comunidad impida la restituci¨®n
Esta decisi¨®n ha congelado, de hecho, un proceso que, seg¨²n un dictamen del Consejo de Estado del 18 de diciembre de 2008, que analizaba la posibilidad de que las comunidades no participaran, podr¨ªa impedir la devoluci¨®n de los documentos incautados de propiedad privada. Este dictamen dice textualmente: "No por ello debe el Ministerio de Cultura proceder a tramitar la restituci¨®n, sino que el derecho a la misma viene mediatizado por que la comunidad aut¨®noma decida facilitar el ejercicio del mismo". Por eso, el Ministerio devuelve toda la documentaci¨®n que previamente le hab¨ªa remitido el Ejecutivo regional.
Por su parte, un portavoz de la Comunidad explica que pese a la renuncia inicial, el Gobierno de Aguirre, ante la negativa del Ministerio a hacerse cargo de este proceso, "y con el fin de no dejar en una situaci¨®n de indefensi¨®n a los reclamantes", le comunica al Ejecutivo de Zapatero su intenci¨®n de participar en el procedimiento: "Siempre que el Estado financie los trabajos". Pero el Ministerio considera que esto ya no es posible tras la renuncia inicial.Tambi¨¦n rechaza realizar una transferencia a la Comunidad, porque esta posibilidad no est¨¢ prevista en la normativa vigente.
En la Comunidad de Madrid son cuatro los afectados por la paralizaci¨®n de la devoluci¨®n de los documentos: los sindicatos Confederaci¨®n Nacional del Trabajo (CNT), Uni¨®n General de Trabajadores (UGT); Izquierda Republicana (IR) y Carmen de Reparaz Zamora, en nombre de los descendientes del ge¨®grafo Gonzalo de Reparaz. Todos ellos hab¨ªan solicitado al Gobierno de Aguirre, tal y como obliga la ley, que ejerciera de intermediario para la devoluci¨®n de sus propiedades incautadas durante la Guerra Civil. Adem¨¢s de estos cuatro particulares, el Partido Comunista de Espa?a (PCE) tambi¨¦n pretende recobrar la propiedad de los documentos incautados, pese a que no ha solicitado la devoluci¨®n. En este sentido, el secretario de Organizaci¨®n del PCE, Fernando S¨¢nchez, sostiene que su partido prefiere que sus documentos permanezcan en el archivo de Salamanca, a disposici¨®n de los investigadores.
La renuncia del Ejecutivo madrile?o a participar en el proceso y la negativa del Ministerio de Cultura a proseguir con el expediente iniciado por la Comunidad ha provocado que la CNT, que solicita la devoluci¨®n de unos 50.000 documentos, haya tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Pero la instituci¨®n, en una sentencia, explica que antes de alegar un conflicto de competencias, el sindicato deb¨ªa agotar la v¨ªa administrativa en la Comunidad de Madrid. Por eso, la CNT ha anunciado que interpondr¨¢ un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este sentido, el secretario de Patrimonio de CNT, Ernesto Murcia, considera que las organizaciones que tienen su sede en Madrid no tienen el mismo derecho a la restituci¨®n de sus documentos incautados que las que tienen, por ejemplo, su sede en Bilbao o en Barcelona. "Esto ser¨ªa, a nuestro juicio, inconstitucional, puesto que depende de d¨®nde resides puedes obtener la documentaci¨®n o no". Este sindicato tambi¨¦n pidi¨® a la Generalitat de Catalu?a la devoluci¨®n de la documentaci¨®n obtenida del archivo de Salamanca. Seg¨²n Ernesto Murcia, de CNT, Catalu?a ha contestado que una vez se haya inventariado y identificado la titularidad de cada documento devuelto se proceder¨¢ a la devoluci¨®n a los particulares.
Por su parte, en el PCE destacan que el proceso de restituci¨®n de los documentos hacia Catalu?a podr¨ªa generar problemas internos, pues muchos de los documentos pertenecen al PCE catal¨¢n o al Gobierno de la Rep¨²blica en Catalu?a: "Y por eso nosotros estudiamos la posibilidad de solicitad a la Generalitat que nos devuelva esos documentos", resalta el secretario de Organizaci¨®n del Partido Comunista, Fernando S¨¢nchez.
Seg¨²n la versi¨®n del Ejecutivo regional, la Direcci¨®n General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid simplemente traslad¨® el 10 de febrero de 2010 la solicitud de la CNT y del resto de sindicatos y afectados al Ministerio de Cultura tras constatar que los documentos que ped¨ªan se encontraban en el Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica, cuyo titular es el propio Ministerio. As¨ª, el Ejecutivo regional hizo uso de la posibilidad "contemplada en dicho Real Decreto" de no solicitar al Gobierno la participaci¨®n en el proceso de restituci¨®n, dejando que el Ministerio resolviera directamente, "sin intermediarios".
Pero el 26 de febrero de 2010 el director general de Libroa, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, contest¨® a la Comunidad de Madrid, bas¨¢ndose en un informe de la Abogac¨ªa del Estado, que el Gobierno no deber¨ªa tramitar ni resolver las solicitudes de restituci¨®n de documentos, fondos documentales y otros efectos incautados para la recuperaci¨®n de los documentos custodiados en el Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica. Por lo que devolvi¨® las peticiones, que permanecen congeladas.
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