D¨¦ficit para todos

La agria pol¨¦mica entre las comunidades y el Gobierno central por el impago de los fondos de convergencia, que suman 3.773 millones de euros, ha acabado desatando una guerra entre Gobiernos que amenaza con dirimirse en los tribunales. La cantidad contribuir¨¢ a la tarea del Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero de reducir el d¨¦ficit de la Administraci¨®n central hasta el 2,5%, pero dificulta a las comunidades alcanzar su objetivo del 1,3%. Catalu?a, que deb¨ªa absorber 4.900 millones, ya ha anunciado que lo incumplir¨¢. Ejecutivos aut¨®nomos, partidos de la oposici¨®n y varios acad¨¦micos han acusado al Gobierno central de "centrifugar el d¨¦ficit" hacia las comunidades con esta y otras decisiones.

Catalu?a rebajar¨ªa su d¨¦ficit en 0,7 puntos m¨¢s con el fondo de competitividad

"Hay m¨¢s ruido que contenido", afirma el profesor Javier Loscos

L¨®pez-Casasnovas critica que no se publiquen los planes de reequilibrio

Todos los n¨²meros que manejan los Gobiernos son meras estimaciones. El complejo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica pactado entre el exministro Pedro Solbes y el exconsejero Antoni Castells todav¨ªa carece de cifras oficiales, que no se conocer¨¢n hasta que se liquiden los presupuestos de 2009 -el primer a?o de funcionamiento del modelo-, previsiblemente el mes que viene. Sin embargo, la financiaci¨®n de las comunidades funciona con anticipos. El Gobierno estima cu¨¢l va a ser la recaudaci¨®n de impuestos y adelanta dinero a los Gobiernos auton¨®micos de acuerdo con ese c¨¢lculo. Pero este a?o ha decidido dejar fuera de esos avances los fondos de convergencia (cooperaci¨®n y competitividad), que no abonar¨¢ hasta 2013.

La decisi¨®n del Ejecutivo central, opinan los expertos consultados, puede ser legal, pero no "leal". Catalu?a estima que deber¨ªa recibir un anticipo de 1.350 millones por ese fondo. Eso le permitir¨ªa reducir su d¨¦ficit en 0,7 puntos, lo cual situar¨ªa a la comunidad pr¨¢cticamente dentro de los objetivos de d¨¦ficit acordados. Para el Gobierno, no abonar esa cantidad le permite contribuir a rebajar su d¨¦ficit en 0,4 de los 2,5 puntos que se ha fijado para este a?o.

El abono de los fondos, que se abord¨® al final del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera del pasado 27 de abril, volver¨¢ a saltar la semana que viene. El Congreso de los Diputados votar¨¢ el martes una moci¨®n de CiU que reclama el pago de los 1.350 millones a Catalu?a. El portavoz del Gobierno catal¨¢n, Francesc Homs, inst¨® ayer a todos los partidos catalanes a "dejar de lado los intereses propios de la campa?a electoral" para sacar adelante la moci¨®n.

La profesora titular de Econom¨ªa Pol¨ªtica y Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona (UB) Maite Vilalta considera que la decisi¨®n del Gobierno central "pone de manifiesto una falta de lealtad al incumplir un pacto". "Ante los ciudadanos parece que quienes est¨¢n causando el d¨¦ficit son las comunidades aut¨®nomas", lamenta. Tambi¨¦n la catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la UB N¨²ria Bosch opina que la decisi¨®n permitir¨¢ reducir d¨¦ficit al Gobierno central a costa de las comunidades.

El impago del fondo ha sido, no obstante, la puntilla. La Generalitat considera que el Gobierno incumple con el principio de "lealtad institucional" al tomar decisiones que afectan a las comunidades y que no se compensar¨¢n hasta el final del quinquenio.Entre las decisiones que el Gobierno de Artur Mas considera "desleales", fuentes de la Generalitat ponen como ejemplo la decisi¨®n de eximir pagar el impuesto de operaciones societarias en algunos casos, lo cual mermar¨¢ los ingresos de Catalu?a en 90 millones de euros. O que la aplicaci¨®n de la Ley de la Dependencia implica una aportaci¨®n equivalente a la del Estado de recursos propios de las comunidades. Adem¨¢s, recuerda que la Generalitat no podr¨¢ beneficiarse de algunas medidas adoptadas por Zapatero para aumentar los ingresos, como la subida del IVA de los impuestos sobre el tabaco, a pesar de contar con el 50% y 58% del rendimiento de estos dos tributos (v¨¦ase gr¨¢fico).

Los mercados internacionales, desde las agencias de calificaci¨®n hasta medios extranjeros, han se?alado a las comunidades aut¨®nomas -y en concreto, a Catalu?a- como la piedra en el zapato de Espa?a para reducir d¨¦ficit. Pero lejos de ser peque?as Grecias, los acad¨¦micos recuerdan que rebajas presupuestarias dr¨¢sticas en las comunidades significan recortes en el Estado de bienestar, puesto que entre el 75% y el 80% de su gasto corresponde a sanidad, educaci¨®n y servicios sociales. Y debido al aumento y al envejecimiento de la poblaci¨®n, las necesidades en estos ¨¢mbitos no hacen sino aumentar cada a?o.

A grandes rasgos, el 51% del gasto p¨²blico espa?ol est¨¢ en manos del Gobierno central, el 36% lo tienen las comunidades y el 13% las corporaciones locales. La profesora Maite Vilalta recuerda que el 57% de ese gasto corresponde a la Seguridad Social, mientras que el resto se reparte entre los ministerios del Ejecutivo. Vilalta agrega que el Estado auton¨®mico se basa en un reparto de tareas, por lo que la reducci¨®n del d¨¦ficit debe de plantearse desde una visi¨®n del conjunto. "Los recortes deber¨ªan realizarse en el nivel de Gobierno en el que mejor puedan ser explicados", apunta. El catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la Universidad Pompeu Fabra Guillem L¨®pez-Casasnovas considera que el Gobierno central deber¨ªa haber dotado mejor el fondo que garantiza la financiaci¨®n de los servicios b¨¢sicos del Estado de bienestar, que est¨¢n en manos de las comunidades, en lugar de "centrifugar responsabilidades financieras".

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Javier Loscos rechaza que el Gobierno central est¨¦ "centrifugando d¨¦ficit". "Tengo la sensaci¨®n de que hay m¨¢s ruido que contenido", afirma en referencia a las elecciones del 22-M. Loscos recuerda que las comunidades deben m¨¢s de 5.500 millones de euros al Gobierno central por el dinero de m¨¢s que les anticip¨® en 2008. Cuando el Gobierno calcul¨® los ingresos de ese a?o, no contaba con que se hundir¨ªan los de las comunidades por la crisis. Es decir, avanz¨® m¨¢s dinero del que lograron las comunidades, lo cual se constat¨® tras la liquidaci¨®n el a?o pasado. "El Gobierno les ha dado facilidades de pago para no provocar tensiones", recuerda Loscos, que opina que las comunidades deber¨ªan buscar f¨®rmulas alternativas a los recortes en el Estado de bienestar.

Sin embargo, estos anticipos tambi¨¦n crean tensiones entre el Gobierno central y las comunidades. La Generalitat recuerda que los anticipos del Gobierno equivalen al 98% de las previsiones iniciales, de modo que el 2% restante se liquida a los dos a?os. Ese porcentaje se cifra en conjunto de las comunidades en 1.600 millones, aunque si los ingresos finales son inferiores a los previstos, les tocar¨¢ devolver dinero.

Guillem L¨®pez-Casasnovas explica que el "modo en que se imputa el objetivo de d¨¦ficit entre comunidades aut¨®nomas a?ade dudas sobre el rigor exigible a su cumplimiento". L¨®pez-Casasnovas asegura que 2 de los 3,3 puntos de reducci¨®n de d¨¦ficit que se exigen a las autonom¨ªas "responden al exceso agregado de anticipos otorgados en su momento a las comunidades respecto de lo que acab¨® siendo la liquidaci¨®n real de los impuestos participados", que result¨® siendo inferior en una cantidad equivalente a esos dos puntos. "Sin embargo, el Estado no da a conocer los desv¨ªos de cada comunidad aplicando una media que de momento penaliza igual a unos y otros", a?ade.

L¨®pez-Casasnovas critica, adem¨¢s, la "falta de transparencia" del Gobierno al no publicar los planes de reequilibrio que han presentado las comunidades. Solo Catalu?a y Castilla-La Mancha, de hecho, han explicado los suyos. Seg¨²n L¨®pez-Casasnovas, eso perjudica al "modelo federal" que pretend¨ªa imprimir el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. Vilalta cree que el modelo requiere de foros de cooperaci¨®n horizontales, que servir¨ªan para acordar medidas de ahorro y que hubieran podido evitar la carrera por rebajar el impuesto de sucesiones.