Tijeretazos tras las elecciones
Las comunidades, cuya deuda se ha duplicado desde 2007, deben limitar su d¨¦ficit al 1,3% este a?o
A Antonio Garc¨ªa, un paciente de 58 a?os, le suspendieron una operaci¨®n de hernia discal en el hospital Joan XXIII de Tarragona, cuando estaba a punto de entrar en el quir¨®fano, alegando la falta de quir¨®fanos y de personal. El vecino de Reus cont¨® su caso a este diario a mediados de abril, cuando el anuncio de un recorte draconiano del gasto sanitario en Catalu?a puso a profesionales y pacientes en pie de guerra. Las protestas -este fin de semana hubo otra manifestaci¨®n- llevaron a la Generalitat a aplazar las medidas m¨¢s impopulares (como el cierre de quir¨®fanos y la supresi¨®n de servicios en algunos centros) hasta despu¨¦s de las elecciones.
Al subir CiU al poder, tras las elecciones de noviembre, el nuevo Ejecutivo catal¨¢n elev¨® el d¨¦ficit de 2010 al 3,6% (luego qued¨® en el 3,9%), frente al 3,1% calculado por el Gobierno tripartito y -dicho sea de paso- muy por encima de 2,4% fijado como objetivo por el Gobierno central.
Se desconoce casi todo de los planes de consolidaci¨®n, aprobados o no
La vida despu¨¦s del 22-M plantea dos grandes interrogantes para las comunidades: uno es si los planes de equilibrio presupuestario que tienen pendientes incluir¨¢n nuevos recortes, inoportunos para el romance electoral; otro es si con el cambio de Gobierno aparecer¨¢n bajo las alfombras algunas sorpresas de contabilidad. El objetivo, en cualquier caso, pasa por recortar el d¨¦ficit.
"Para nuevos Gobiernos la sorpresa ser¨¢ resultado de aflorar deuda de proveedores, mostrando gastos m¨¢s elevados para reflejar herencias del pasado y deflactar responsabilidades propias", opina Guillem L¨®pez-Casasnovas, catedr¨¢tico de la Universidad Pompeu Fabra. A su juicio, "har¨¢ falta una sobredosis de gesti¨®n municipal, veremos subidas de IBI y har¨¢ falta sentido com¨²n auton¨®mico de recortar gastos sin reducir impuestos", apunta.
La Generalitat catalana concentra casi un tercio de toda la deuda auton¨®mica, seg¨²n los datos del Banco de Espa?a. Las comunidades acumulan un pasivo de 115.455 millones de euros, pr¨¢cticamente el doble que en 2007, y solo el a?o pasado se dispar¨® un 32%, la mayor tasa desde 1993. El peso de la deuda en el PIB, no obstante, queda en el 10,9%, y la del conjunto de las Administraciones p¨²blicas en el 60%, a¨²n 24 puntos por debajo de la media europea. Lo que inquieta a los mercados sobre la deuda es la velocidad de crucero.
La historia es sabida: los gastos se hab¨ªan adaptado a un nivel de ingresos p¨²blicos que cay¨® en picado. La mayor¨ªa de comunidades se ha desviado del tope de d¨¦ficit marcado por el Gobierno en 2010 (del 2,4%), que no permite endeudarse a largo plazo a aquellas autonom¨ªas que incumplan.
Para 2011 ha fijado un l¨ªmite del 1,3%, y Catalu?a, por ejemplo, ya advirti¨® el pasado viernes de que quedar¨¢ en el 2,6%, el doble. Los mercados f¨ªan m¨¢s caro el dinero las comunidades que al Estado y las agencias de calificaci¨®n las tienen en su punto de mira. Moody's ha rebajado recientemente la nota de solvencia a Catalu?a, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
"Los Gobiernos regionales crean muchas suspicacias a nivel internacional, b¨¢sicamente porque no se conocen bien", apunta, por otra parte, Javier Loscos, de la Universidad Complutense.
C¨¦sar Cantalapiedra, experto en sector p¨²blico de Analistas Financieros Internacionales (AFI), destaca que, en general, los recortes regionales acaban pasando factura a lo social. "El Estado tiene m¨¢s margen para frenar inversiones, y medidas fiscales, mientras que para las autonom¨ªas la parte m¨¢s relevante es el gasto corriente, y eso son servicios p¨²blicos", se?ala. A su juicio, "sanidad, gasto farmac¨¦utico, contrataci¨®n y empresas p¨²blicas se llevan la peor parte".
En general, el 51% del gasto p¨²blico en Espa?a corresponde a la Administraci¨®n central, el 36% a las comunidades y el 13% a las corporaciones locales. Y sanidad, educaci¨®n y servicios sociales se llevan seis de cada 10 euros de los presupuestos auton¨®micos.
En el ¨²ltimo Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, el Gobierno aprob¨® los planes de equilibrio para 2011 de siete comunidades (Galicia, Murcia, Castilla y Le¨®n, Cantabria, Canarias, Asturias y Arag¨®n), pero no los de las m¨¢s delicadas: Catalu?a, Andaluc¨ªa, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana. Varias, adem¨¢s exigen al Estado que les pague el fondo de competitividad.
En general, se desconoce casi todo el contenido de los planes de consolidaci¨®n, de los aprobados y de los pendientes. ?Confiar¨¢n los mercados en ellos? "Los programas de consolidaci¨®n no se conocen", recuerda L¨®pez-Casasnovas, y advierte de que "esta falta de transparencia alimenta las dudas sobre su viabilidad y as¨ª su capacidad de cumplimiento".
Las comunidades han ido adoptando medidas, como los ajustes para los funcionarios en Murcia, con un d¨¦ficit del 4,95% en 2010. Madrid (0,69%) ha reducido de 2.200 a 489 las plazas de maestro, por ejemplo. Andaluc¨ªa impulsa una ley de Reordenaci¨®n del Sector p¨²blico que levanta ampollas. En sanidad, al margen de Catalu?a, se conocen medidas para reducir la factura farmac¨¦utica y otros gastos. "En el segundo semestre, las comunidades ser¨¢n probablemente m¨¢s activas en la comunicaci¨®n de planes de austeridad", apunta Cantalapiedra
LAS ASIGNATURAS DEL 22-M. El D?FICIT Y EL ENDEUDAMIENTO DE LAS AUTONOM?AS
Tres oleadas de recortes en Murcia
Paco Vicente tiene 44 a?os y trabaja como profesor en un centro de adultos de Alhama de Murcia. Cree que el futuro Gobierno regional comenzar¨¢ los recortes sociales el d¨ªa siguiente a los comicios, sea cual sea su signo, "porque no hay dinero". El modelo econ¨®mico de Murcia, basado en la construcci¨®n y el turismo residencial, unido a la crisis, ha generado un 26,16% de paro.
El presidente, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP), a pesar de que est¨¢ al frente de una de las comunidades m¨¢s endeudadas de Espa?a, tiene permiso para endeudarse por 700 millones m¨¢s a cambio de un duro plan de reequilibrio financiero, el segundo en menos de un a?o. En ¨¦l se compromete a corregir el d¨¦ficit de 1.300 millones de euros y a reducir la deuda p¨²blica. Murcia debe 2.300 millones de euros a los bancos y otros 2.000 a los llamados proveedores. Contratistas de obra p¨²blica, colectivos empresariales, farmac¨¦uticos... han empezado a quejarse.
"Ahora no hay con qu¨¦ pagar y nos han recortado a nosotros en derechos y salario, y adem¨¢s por partida doble", dice el profesor Vicente. La primera oleada "vino de Zapatero" y la not¨® en una bajada de 3.000 euros al a?o de su salario que "el presidente aprob¨® a traici¨®n". La segunda, la del Ejecutivo murciano, le ha supuesto una merma en su n¨®mina de 37,5 euros al mes y la p¨¦rdida de su "plan de acci¨®n social". Vicente dice que "en julio se eliminar¨¢n 1.500 trabajadores interinos y habr¨¢ que echar m¨¢s horas". Este es el motivo por el que este maestro murciano ha participado en las 10 manifestaciones multitudinarias que se han celebrado ya contra los recortes.
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