El juez acelera la causa contra Camps por aceptar regalos de la trama G¨¹rtel

El juez Jos¨¦ Flors, que instruye la causa por cohecho pasivo impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps, y otros tres altos cargos por haber aceptado presuntamente regalos de la trama G¨¹rtel, aceler¨® ayer el procedimiento. Flors decidi¨® no a?adir a la causa a los cabecillas de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, quienes, seg¨²n la investigaci¨®n, dieron los sobornos mientras saqueaban los fondos p¨²blicos con la connivencia del Gobierno y el PP valencianos. De haber incorporado a los cabecillas a la causa, el procedimiento se hubiese retrotra¨ªdo a la fase de instrucci¨®n y la decisi¨®n de abrir o no juicio contra el presidente de la Generalitat se habr¨ªa demorado varios meses.

La negativa de Flors convierte la decisi¨®n de sentar en el banquillo a Camps, Ricardo Costa, V¨ªctor Campos y Rafael Betoret en cuesti¨®n de d¨ªas. Cabr¨ªa, apuntan fuentes jur¨ªdicas, que se produjera antes de las elecciones del 22. Pero dado que contra el auto de Flors cabe recurso (ya que la resoluci¨®n se refiere a la primera inhibici¨®n dictada por el TSJ de Madrid), y de hecho la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya anunci¨® ayer que lo presentar¨ªa, las fuentes consideran m¨¢s probable que la audiencia preliminar tenga lugar la semana que viene o la siguiente. Despu¨¦s, el magistrado tendr¨¢ tres d¨ªas para decidir. Los pasos dados hasta ahora por Flors, agregan las fuentes, indican que est¨¢ determinado a abrir el juicio oral.

El juez se?ala en su auto que a Correa y los otros dos cabecillas se les atribuye, en el grueso del caso G¨¹rtel, "que con la finalidad de conseguir un provecho econ¨®mico" trataron de "ganarse la buena disposici¨®n, la confianza o el favor de diferentes autoridades y funcionarios p¨²blicos con competencia en diferentes lugares del territorio nacional mediante la entrega de diversos obsequios, m¨¢s o menos valiosos, cuyo importe se abonaba con cargo a las cuentas de dichas sociedades, con las que sol¨ªan concurrir ante las Administraciones p¨²blicas para obtener la adjudicaci¨®n de muy variados contratos". Todo ello, sigue, constituir¨ªa un delito de cohecho activo cometido a escala de toda Espa?a con un "prop¨®sito ¨²nico y com¨²n". Y siendo as¨ª, concluye, el principio de "continuidad delictiva" desaconseja que sean juzgados en Valencia por solo una parte de dicha conducta. El magistrado se?ala igualmente que con el C¨®digo Penal vigente en el momento de los hechos, la entrega de d¨¢divas a cargos p¨²blicos acarrea castigo para los funcionarios, pero no para los donantes.

El tribunal tambi¨¦n decidir¨¢ el jueves si asume el grueso de la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel. Hacerlo supondr¨ªa imputar por financiaci¨®n ilegal, prevaricaci¨®n, cohecho y delito fiscal a la c¨²pula del PP y el Gobierno valenciano. A Camps le preguntaron ayer por ambas cuestiones, informa Miguel Olivares. Al primer reportero le dijo que no contestaba porque estaba all¨ª para hablar de econom¨ªa. Al segundo le dijo: "Por la misma raz¨®n [no contesto]. As¨ª quedan empatado uno y otro".