El juego de las tres esquinas

El magistrado Baltasar Garz¨®n, suspendido hace un a?o cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como titular del Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional debido a su situaci¨®n procesal, aguarda la fijaci¨®n de la vista oral de dos de los tres procedimientos abiertos por prevaricaci¨®n en el Supremo, relacionados con la exhumaci¨®n de enterramientos clandestinos durante la Guerra Civil en la zona sublevada y con escuchas en locutorios carcelarios de las conversaciones entre los imputados del caso G¨¹rtel y sus abogados. La Sala Especial del Supremo deber¨¢ pronunciarse antes sobre la recusaci¨®n por el imputado de varios magistrados procesalmente contaminados que deber¨ªan juzgarle. La tercera querella, referida a un curso universitario en Nueva York financiado por el banco Santander, no ha sido elevada todav¨ªa a la fase de juicio oral.

El sumario del 'caso G¨¹rtel' regresa al juzgado de la Audiencia Nacional del que fue titular Garz¨®n

La Constituci¨®n conf¨ªa la funci¨®n acusatoria no solo al fiscal, sino tambi¨¦n a la acci¨®n popular y a la acusaci¨®n privada. En ese juego procesal de las tres esquinas, el ministerio p¨²blico se ha opuesto a todas las querellas interpuestas contra Garz¨®n. La acci¨®n popular -ejercida por titulares tan extra?os como Manos Limpias y Falange- ha puesto en marcha los procedimientos sobre las fosas del franquismo y los cursos de Nueva York. Instituci¨®n de vieja data, la acci¨®n popular ha sido sometida a restricciones o se ha extinguido en otros pa¨ªses europeos debido a la consolidada independencia del ministerio p¨²blico y a los abusos cometidos por las organizaciones pol¨ªticas, asociaciones ideol¨®gicas o grupos de intereses al utilizarla; en Espa?a, la frecuente manipulaci¨®n de esta figura para situarla al servicio de objetivos ajenos a la Administraci¨®n de la justicia arroja inquietantes dudas sobre las intenciones ocultas de las querellas interpuestas contra Garz¨®n. Finalmente, la acusaci¨®n privada, accesible a los damnificados por los delitos, solo est¨¢ presente en el procedimiento de las escuchas telef¨®nicas.

La filtraci¨®n de los debates del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo interpuesto por el expresidente del Parlamento vasco Juan Mar¨ªa Atutxa contra su condena en el Supremo por un delito de desobediencia -del que hab¨ªa sido acusado en solitario por la acci¨®n popular a cargo del sindicato Manos Limpias- est¨¢ indirectamente relacionado con el futuro procesal de Garz¨®n. El banquero Emilio Bot¨ªn hab¨ªa sido absuelto en el Supremo dos meses antes -febrero de 2008- por un delito financiero arguyendo que no cabe la apertura de juicio oral en un procedimiento abreviado si lo solicita ¨²nicamente -como era el caso- la acci¨®n popular sin acompa?amiento del fiscal y de la acusaci¨®n privada. A Juan Mar¨ªa Atutxa, sin embargo, se le neg¨® la aplicaci¨®n de la doctrina Bot¨ªn, pese a que tambi¨¦n la acci¨®n popular hab¨ªa sido la ¨²nica instancia impugnadora: el motivo fue que no hab¨ªa da?os particulares legitimadores de una eventual acusaci¨®n privada, sino ¨²nicamente bienes colectivos, susceptibles en cambio de defensa por la acci¨®n p¨²blica en el caso de que el fiscal desistiera. Si el TC reconciliase ahora la doctrina Bot¨ªn con la doctrina Atutxa para negar a la acci¨®n popular capacidad de abrir en solitario cualquier juicio oral, la defensa letrada de Garz¨®n podr¨ªa desactivar dos de los tres procedimientos en marcha: la exhumaci¨®n de las v¨ªctimas del franquismo y los cursos de Nueva York patrocinados por el banco Santander.

Solo quedar¨ªa en pie el caso m¨¢s peliagudo: la orden dada a la prisi¨®n de Soto del Real por el suspendido juez de la Audiencia Nacional para grabar las conservaciones de Francisco Correa con sus abogados en el locutorio de la c¨¢rcel. Ciertamente, esas escuchas rozan cuando menos -aunque no sean un acto de prevaricaci¨®n- la integridad del derecho constitucional a la defensa. Sin embargo, las grandes maniobras emprendidas desde el principio por el PP -con Federico Trillo como mariscal de las operaciones- para conseguir por cualquier medio la nulidad de las actuaciones de la trama G¨¹rtel justificar¨ªan las sospechas del m¨¢s ecu¨¢nime e ingenuo observador. Solo los caprichos del azar o el c¨¢lculo de los estrategas podr¨ªan explicar que Alberto L¨®pez Viejo, Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco y Alfredo Bosch Tejedor, los tres diputados auton¨®micos del PP que arrastraron la tramitaci¨®n del sumario G¨¹rtel desde la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por razones de fuero, renunciaran a su esca?o el pasado 28 de abril cuando la instrucci¨®n estaba pr¨¢cticamente concluida. Porque hete aqu¨ª que, una vez desaparecido el aforamiento de los parlamentarios populares, el sumario volver¨¢ por arte de magia procesal al Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional... pero con Garz¨®n suspendido en sus funciones como titular.