H¨¦roes an¨®nimos

Fue una boda reducida, con unos 80 comensales. Un matrimonio civil y discreto entre un alem¨¢n y una espa?ola afincados en Almer¨ªa. La alerta lleg¨® un a?o despu¨¦s. "Ten cuidado", le anunci¨® a ella una compa?era de trabajo, "se rumorea que algo va a pasar". Primer aviso de que su vida privada no era moralmente satisfactoria a juicio de sus empleadores. No hubo m¨¢s. Poco despu¨¦s se encontraba en un despacho de la Delegaci¨®n Episcopal de Ense?anza, con un miembro de la curia, discutiendo los pormenores de su estatus civil y el problema que supon¨ªa para seguir ejerciendo de profesora de religi¨®n en un colegio p¨²blico. "Si os hubierais quedado cada uno en vuestra casa...", le dijo aquel hombre. Pero un matrimonio civil con un divorciado resultaba intolerable a ojos de quien estaba en disposici¨®n de renovar los contratos de los docentes: el obispado. Resurrecci¨®n Galera, que entonces ten¨ªa 36 a?os, sali¨® de aquella reuni¨®n pregunt¨¢ndose qu¨¦ hab¨ªa ocurrido. Pero sin ning¨²n sentimiento de culpa. Al rev¨¦s: con la sensaci¨®n de que una enorme injusticia comenzaba a apartarla de la profesi¨®n que amaba. "No hab¨ªa hecho nada malo. Solo quise formar una familia".

"Te tienes que mojar, entrar en la pelea judicial. por las buenas no lo resuelves"

"Quise solucionar un problema personal Y aquello se convirti¨® en algo p¨²blico", cuenta emilio silva

El abogado del canon digital: "Hab¨ªa que ganar la calle, despu¨¦s los juzgados y finalmente el BOE"

"Es triste que algo normal se denomine heroicidad", dice quien denunci¨® los abusos de un cura

Su marido, Johannes Romes, la vio entrar en casa aquella tarde "con las piernas temblorosas". En cuesti¨®n de minutos, este exjefe de prensa del Bundestag alem¨¢n desempolv¨® sus herramientas de periodista, poniendo a funcionar toda la maquinaria de la opini¨®n p¨²blica con precisi¨®n germana. El caso apareci¨® en los diarios, la televisi¨®n y la radio. Pero a pesar de la presi¨®n, o quiz¨¢ enardecido por ella, en agosto de 2001, el obispado de Almer¨ªa excluy¨® definitivamente a Galera de sus listas de profesores. Con la injusticia atragantada, la pareja decidi¨® comenzar otra batalla, m¨¢s larga y exasperante: los tribunales. Resurrecci¨®n y Johannes se lanzaron a un vac¨ªo jur¨ªdico como quien se lanza contra los molinos, con la ayuda de un abogado de Comisiones Obreras veterano en asuntos laborales, Francisco Escobar. No exist¨ªan precedentes ni jurisprudencia. Pero s¨ª albergaban la convicci¨®n de que reclamaban algo que les correspond¨ªa. Y que la raz¨®n, en alg¨²n momento, les ser¨ªa devuelta.

Las personas que recorren estas p¨¢ginas sintieron algo similar en alg¨²n momento de su vida. Un desequilibrio, un grito interior, una pieza que no encajaba. Plantaron cara a un desafuero. En los tribunales o en la calle. De forma individual o trav¨¦s de asociaciones y plataformas. Sacaron horas y ganas de donde ya no quedaba nada. Y al cabo del tiempo ganaron. Algunas, de forma rotunda; otras, con alg¨²n frente a¨²n abierto. Ninguno de estos siete casos sucedi¨® de la noche a la ma?ana. Detr¨¢s hubo tes¨®n. Perseverancia. A?os de lucha. Quiz¨¢ un golpe de suerte. Algo de ayuda externa. Apoyo de la familia, de amigos o desconocidos que se fueron uniendo a su causa. Pero siempre sintieron la justicia de su lado, o que iban en busca de ella, y eso, cuentan, las manten¨ªa firmes en su objetivo. Todas tienen en com¨²n un esp¨ªritu en¨¦rgico. Y un adem¨¢n meticuloso. O esa era la sensaci¨®n que transmit¨ªan, algunas con cientos de recortes de prensa archivados, citaciones judiciales, sentencias subrayadas, pilas de faxes y correos. Son h¨¦roes. H¨¦roes civiles. A pesar de que ninguno de ellos se vanagloriar¨ªa de ello. Jam¨¢s se les ocurrir¨ªa definirse de este modo.

Al contrario. Carlos S¨¢nchez Mato, un ciudadano del barrio de Aluche (Madrid) que tambi¨¦n se enfrent¨® a la Iglesia cuando denunci¨® en 2002 un caso de abusos sexuales a menores en su parroquia, dice: "Es triste que algo que se supone normal se denomine heroicidad. En este sentido, la sociedad est¨¢ enferma". S¨¢nchez Mato fund¨® adem¨¢s, junto a otros compa?eros del barrio, la Asociaci¨®n Iglesia sin Abusos, la ¨²nica en este pa¨ªs que ha metido las manos en la ci¨¦naga de la pederastia en la Iglesia cat¨®lica. La parroquia de la que fue miembro desde la infancia se le cerr¨® en banda. Recibi¨® amenazas. Mucha gente le retir¨® la palabra a ¨¦l y a su familia. Pero aquel p¨¢rroco fue condenado a dos a?os, y al arzobispado de Madrid se le impuso una sanci¨®n de 30.000 euros. Y hasta su asociaci¨®n ha ido llegando desde entonces la denuncia silenciosa de unas 70 personas, cuenta S¨¢nchez Mato. Ninguna ha acudido a los tribunales. Esa es quiz¨¢ la ¨²nica cuenta pendiente.

"Te tienes que mojar. Y entrar en la pelea judicial. Por las buenas no lo vas a resolver". Habla Pilar Moreno G¨®mez, licenciada en F¨ªsicas, de 62 a?os, profesora jubilada. "Cabezona", dice, y con el pelo cano y breve sobre esa cabeza dura. Su caso, una "novela por entregas" que dur¨® ocho a?os, lleg¨® hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Moreno G¨®mez vs. Reino de Espa?a) tras superar sin ¨¦xito tres instancias en este pa¨ªs. Hoy se estudia en las facultades de Derecho. Un asunto tan tristemente com¨²n como el ruido nocturno en una ciudad espa?ola (Valencia) provocado por los bares y la juerga acab¨® con una sentencia a su favor cuya argumentaci¨®n rompi¨® los moldes en su momento. "Estamos hablando de la ¨¦poca del bakalao", explica Moreno G¨®mez, para mostrar la hondura del abismo.

El TEDH estim¨® que exist¨ªa un nexo causal entre el ruido ocasionado por la acci¨®n u omisi¨®n de los poderes p¨²blicos (el Ayuntamiento de Valencia, que conced¨ªa las licencias a los locales) y el perjuicio ocasionado (las noches de insomnio). Pero la verdadera revoluci¨®n lleg¨® con la ampliaci¨®n de un concepto jur¨ªdico indeterminado: el derecho a la "inviolabilidad del domicilio", reconocido en la Constituci¨®n Espa?ola y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dijo el TEDH: "Las vulneraciones del derecho de respeto al domicilio no son solamente las de ¨ªndole material o corporal [...], sino tambi¨¦n las agresiones inmateriales e incorp¨®reas". Le concedieron 4.500 euros a Moreno G¨®mez por los perjuicios morales y una doble ventana que se hizo colocar. La gran victoria fue otra: la suya es hoy una de las sentencias m¨¢s citadas de Europa. Su "cabezoner¨ªa" a lo largo de los a?os abri¨® un nuevo camino.

Pero hay que ir a buscarlo. La fortuna sonr¨ªe a los audaces. A quienes no desisten. Antonio Me?o y Juana Ortega, matrimonio, de 67 y 65 a?os, respectivamente, la encontraron 21 a?os despu¨¦s, acampados en la calle frente al Ministerio de Justicia, en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid. Durmieron all¨ª durante 18 meses, junto a su hijo Antonio, con sus m¨²sculos agarrotados y como hechos un nudo y la mirada perdida en alg¨²n punto inconcreto, lejos de esta realidad. A Me?o lo sedaron el 3 de julio de 1989 en un quir¨®fano, algo se torci¨® durante la operaci¨®n de est¨¦tica, y la falta de ox¨ªgeno lo dej¨® como un vegetal, sumido en una especie de sue?o con los ojos abiertos. Sus padres litigaron durante dos d¨¦cadas, por v¨ªa penal y civil, intentando probar una negligencia m¨¦dica. Nadie parec¨ªa querer desempolvar qu¨¦ sucedi¨® realmente en aquel quir¨®fano. Un v¨®mito aspirado por el paciente, mala suerte, esto fue lo que se dijo. Solo ganaron el primero de los juicios. Perdieron los sucesivos recursos, incapaces de demostrar lo ocurrido. Fueron acumulando costas judiciales hasta sumar una cifra astron¨®mica que ronda los 400.000 euros. En junio de 2009, con el agua al cuello, decidieron colocar una tienda de campa?a en el centro de Madrid. Repart¨ªan octavillas. Explicaban su caso a quien se dejara caer por all¨ª. A principios de 2010, un hombre que se interes¨® por su historia le coment¨® a Juana: "?Sab¨ªa usted que su hijo nunca tuvo un v¨®mito?". Se llev¨® una de las octavillas y a la semana el guion traz¨® un giro inesperado.

Aquel se?or enigm¨¢tico result¨® ser la pieza clave. Un nuevo testigo con una visi¨®n clara y divergente de lo sucedido en el quir¨®fano. La aparici¨®n casual del cirujano Ignacio Frade, presente en la operaci¨®n, seg¨²n su testimonio, logr¨® que el Tribunal Supremo reabriera el caso y sentenciase que existi¨® "un fraude procesal gestado [...] entre los profesionales intervinientes en la rinoplastia est¨¦tica [...] con el fin de impedir a los perjudicados aproximarse remotamente [...] a la realidad de lo ocurrido". El Supremo anul¨® los juicios anteriores y orden¨® que el caso volviera a juzgarse. Al parecer, el doctor Frade, que nunca ha querido hacer declaraciones a la prensa, crey¨® desde el principio que la familia hab¨ªa ganado el caso (como sucedi¨® en primera instancia). Luego se olvid¨® del asunto, hasta que 21 a?os despu¨¦s se lo encontr¨® de bruces en la calle. Quiz¨¢ ¨¦l sea el verdadero h¨¦roe de esta narraci¨®n. A la espera de que se celebre el nuevo juicio, Juana, sentada en la penumbra de un piso con grietas y telara?as, dice: "Me quedar¨ªa satisfecha con que la persona responsable estuviera d¨ªa y noche cuidando de gente como mi hijo. Limpi¨¢ndole el culo". El abogado que defendi¨® a la familia Me?o durante a?os, Luis Bertelli, dice sobre ella: "Al defender su caso, como S¨®crates, Juana estaba defendiendo al mundo. Jam¨¢s ha de conformarse uno cuando lo apartan de la raz¨®n. Quien abandona la lucha por el derecho, lo hace a costa de su honor".

En el antiguo barrio pescador de El Cabanyal, en Valencia, llevan 12 a?os de lucha, y a¨²n les queda. "Somos la aldea gala resistiendo contra el Imperio Romano", dice David Fariza, de 27 a?os, habitante de este lugar por el que apenas ha pasado el tiempo, con fachadas de cer¨¢mica y puertas enrejadas, y la luz anaranjada del Mediterr¨¢neo col¨¢ndose entre las callejas y las galer¨ªas, y para el que el Ayuntamiento de la ciudad ten¨ªa un plan que una plataforma de vecinos logr¨® tumbar antes de que se llevara un buen tajo de casas hist¨®ricas por delante. Aqu¨ª, en una reuni¨®n vecinal celebrada todos los mi¨¦rcoles desde hace 12 a?os, elaboraron otro plan, el de la resistencia contra el "manual de especulaci¨®n urbana" que quiso abrir una gran avenida hasta el mar, con pisos residenciales, m¨¢s modernos (y que dejaran mayores plusval¨ªas). Hubo pelea en los tribunales, manifestaciones, concentraciones, infinidad de sesiones informativas. Los vecinos, o una parte de ellos porque hay otros a favor del plan, lograron que la justicia se pronunciara, obligando al Ministerio de Cultura a tomar cartas en el asunto. Y este declar¨® en 2010 que el barrio es un bien de inter¨¦s cultural, intocable. Cualquier derribo supondr¨¢ un "expolio" en el patrimonio. La plataforma Salvem El Cabanyal gan¨® el primer asalto. Pero denuncia que el "manual de especulaci¨®n" liderado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢ (PP), tambi¨¦n se ha perfeccionado en el ¨²ltimo a?o. La victoria a¨²n les sabe amarga. Pero ah¨ª siguen los galos.

Esa lucha del peque?o contra el grande la llev¨® a su m¨¢xima expresi¨®n una tienda de inform¨¢tica llamada Padawan, como los aprendices de caballero Jedi de Star wars, que se rebel¨® contra el Goliat de las entidades de gesti¨®n de derechos de autor. La batalla contra el canon digital comenz¨® una ma?ana de 2004, cuando lleg¨® a esta tienda una carta solicitando a sus due?os que tuvieran "a bien" abrir sus puertas a una auditor¨ªa. Firmada por la SGAE, se trataba de una inspecci¨®n para reclamarles la "compensaci¨®n de copia privada", una f¨®rmula legal de recaudaci¨®n de derechos de autor heredada de la ¨¦poca anal¨®gica y reci¨¦n trasladada al mundo digital. Disquetes, CD, DVD y cualquier dispositivo de almacenamiento de datos estaban (y siguen estando) gravados con un canon. Y mediante un acuerdo privado, que m¨¢s tarde ratific¨® el Ministerio de Cultura, cualquiera que vendiera estos productos habr¨ªa de "compensar" despu¨¦s a las entidades de gesti¨®n de derechos.

Ana Mar¨ªa M¨¦ndez, de 40 a?os, cuenta que en ese momento crey¨® que hac¨ªa lo correcto mostrando facturas y albaranes a los auditores. A los dos meses de la inspecci¨®n le lleg¨® otra carta en la que se le solicitaba el pago de 48.088 euros en "materia de remuneraci¨®n compensatoria por copia privada". Uno puede imaginarse la cara de p¨¢nico de esta mujer menuda y risue?a. No pag¨®. Al cabo de unos meses le llam¨® una persona de la SGAE ofreci¨¦ndole una rebaja de hasta 32.000 euros. "Qu¨¦ raros estos regateos...", pens¨®. Por aquel entonces, muchas tiendas como la suya hab¨ªan comenzado a pagar, con rebaja y sin ella, para quitarse el problema de encima. Ana Mar¨ªa y su familia decidieron dilatar el pago. La SGAE los demand¨®.

La suerte, dice M¨¦ndez, fue que dio con cierto abogado, "un loco": Josep Jover, un estratega curtido en varios frentes, desde la negociaci¨®n en secuestros hasta la docencia universitaria. Este loco dise?¨® una campa?a al mil¨ªmetro. "Primero ten¨ªamos que ganar la calle, despu¨¦s los juzgados y finalmente el BOE", cuenta. Su orquestaci¨®n se ha ido cumpliendo paso a paso. Convirti¨® la lucha de Padawan en otra mayor, de inter¨¦s social. El debate estaba en la calle y en los corrillos parlamentarios. En palabras de Jover, "ten¨ªamos que hacer comprender una cultura diferente". La ley protege a los autores, de acuerdo. Pero ?qu¨¦ ocurre si uno emplea un disco duro o un DVD para almacenar archivos propios? ?Ha de pagar a alg¨²n autor por ello? Ana Mar¨ªa M¨¦ndez solicit¨® a sus compradores que le enviasen cartas explicando el uso que hab¨ªan dado a los art¨ªculos. Y eso lo cambi¨® todo.

Perdieron en el juzgado. Pero el recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona oblig¨® a los jueces a plantear una cuesti¨®n prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. Su decisi¨®n fue tajante: "La aplicaci¨®n indiscriminada del canon por copia privada [...] no resulta conforme con la Directiva 2001/29". Con nueva luz desde Europa, la Audiencia fall¨® a favor de Padawan hace dos meses. La calle estaba ganada. Ahora llegaban los tribunales. Lo contaba M¨¦ndez poco antes de conocer el fallo: "Si gano, va a ser una gozada. ?Detr¨¢s de m¨ª van a ir todos!". As¨ª ha ido sucediendo. Y al final pareci¨® abrirse la rendija del BOE. Tras el tir¨®n de orejas de Europa, la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, declar¨®: "Buscaremos alternativas al canon digital".

Una lucha individual transformada en una batalla colectiva, ese es quiz¨¢ el mayor logro de alguno de estos h¨¦roes; su causa inspiradora y profunda, cuyos efectos les sobrepasan. "Yo iba buscando la soluci¨®n a un problema personal... Y todo aquello de pronto se convirti¨® en algo p¨²blico", dice Emilio Silva, un periodista que quiso escribir una novela sobre su abuelo republicano asesinado en la guerra civil espa?ola, y acab¨® liderando la pelea por la exhumaci¨®n e identificaci¨®n de los "desaparecidos" en la contienda. Dice que empez¨® contactando con gente que conoci¨® a su abuelo, ancianos de Pereje, en El Bierzo (Le¨®n), para que le contaran an¨¦cdotas. Un d¨ªa, alguien le dijo: "Hombre, yo m¨¢s o menos s¨¦ d¨®nde est¨¢ la fosa de tu abuelo". Y otro, poco despu¨¦s, se?alando un punto en la tierra: "Debajo de aquel nogal". La cuesti¨®n era qu¨¦ hacer con aquella informaci¨®n. Silva public¨® un art¨ªculo en la Cr¨®nica de Le¨®n y al d¨ªa siguiente le llam¨® el arque¨®logo Julio Vidal, este a su vez contact¨® con el antrop¨®logo forense Paco Etxeberr¨ªa... Y as¨ª se fue formando el grupo que llev¨® a cabo la primera exhumaci¨®n con protocolo cient¨ªfico de las v¨ªctimas de la guerra, en octubre de 2000. Debajo de aquel nogal se encontraba Emilio Silva Faba, junto a otros 12 ejecutados. Al nieto y el resto les comenzaron a llamar m¨¢s gente, hijos, hermanos, viudas. De pronto hab¨ªa m¨¢s informaci¨®n de la que se pensaba. Comenzaron a elaborar fichas de desaparecidos (las estanter¨ªas de la casa de Emilio Silva est¨¢n repletas de ellas). Organizaron un campo internacional de trabajo para seguir excavando e identificando restos. Crearon la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica, que preside Silva. Nacieron nuevas iniciativas en otros rincones de Espa?a. Desde aquel octubre de 2000 se ha desenterrado a cerca de 5.300 ejecutados. Entre medias se aprob¨® la Ley de Memoria Hist¨®rica (2007). Se mont¨® un l¨ªo judicial sin precedentes cuando el juez Baltasar Garz¨®n quiso investigar aquellos asesinatos. Y hace tres semanas, el Ministerio de Justicia public¨® el primer mapa oficial con las 2.300 fosas conocidas. "Alguien que ha so?ado con un mundo m¨¢s justo tiene en esta causa la posibilidad de conseguirlo", dice Silva.

Suena el tel¨¦fono. Al otro lado de la l¨ªnea, una voz con acento germano: "Voy a leerte una sentencia con fecha de 3 de mayo. Dice: 'Debo declarar y declaro la nulidad del despido [...] y condeno al Ministerio de Educaci¨®n a readmitir inmediatamente a la demandante en su puesto de trabajo [...] con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido". Ha pasado casi una d¨¦cada. Johannes Romes habla con calma de "intentar disfrutar" a partir de ahora. "Resu", a?ade, "a¨²n no ha salido de este bache". Pero hace apenas un mes, el Tribunal Constitucional resolvi¨® a favor de la profesora de religi¨®n Resurrecci¨®n Galera, en una de esas sentencias cuyo valor no estriba solo en el caso concreto, sino que sus efectos se extienden como una marea, marcando una nueva doctrina de la que se podr¨¢n beneficiar otros despu¨¦s. El despido de Galera no pod¨ªa fundamentarse en valoraciones morales sobre su vida ¨ªntima y familiar. Ni en los acuerdos de Espa?a con la Santa Sede. Ni en el derecho can¨®nico. Por encima se encuentran los derechos fundamentales. Nadie puede esquivarlos. Lo explica su abogado, Francisco Escobar: "Ninguna decisi¨®n, provenga de quien provenga, puede quedar sin control alguno. No existe ning¨²n derecho omn¨ªmodo. Esa es la gran victoria colectiva de la sentencia". Las actuaciones volvieron al primer juzgado que conoci¨® el caso. La raz¨®n les fue devuelta. Y otros, gracias a ellos, podr¨¢n encontrarla despu¨¦s.