Las Administraciones p¨²blicas que vienen

La crisis est¨¢ obligando a un cambio acelerado en la forma de llevar las empresas, los hogares y, tambi¨¦n, las Administraciones p¨²blicas. Ciertamente, son las dificultades financieras extremas a las que ha llevado el hundimiento de los mecanismos habituales de gastos e ingresos en cada uno de estos agentes lo que est¨¢ obligando al cambio acelerado. Pero la acumulaci¨®n de disfunciones disimuladas por la bonanza de los a?os previos a la crisis resulta, por fin, evidente y hace inviable la continuaci¨®n del modelo todav¨ªa vigente durante los a?os venideros que se caracterizar¨¢n igualmente, desde el lado menos amable, por el formidable ajuste real, de capacidad y empleo, que estamos sufriendo. A cambio, la necesaria reinvenci¨®n de los modelos de funcionamiento de todos estos agentes econ¨®micos implica promesas de futuro respecto a las nuevas funciones y la eficiencia con las que dichas funciones se desempe?ar¨¢n en los pr¨®ximos a?os. Habr¨¢, si se hacen bien las cosas, muchos ganadores a medio y largo plazo.

Los servicios colectivos concesionados son m¨¢s baratos y siguen siendo de la Administraci¨®n

Otra cuesti¨®n es si el beneficiario debe participar en la evaluaci¨®n y en la financiaci¨®n

Este ajuste no es transitorio, lo que deber¨ªa ser evidente en estos momentos para todos. Y m¨¢s vale que no lo sea. Debe ser permanente, y solo la creaci¨®n de nueva capacidad productiva basada en nuevos modelos de negocio, bienes y servicios renovados, m¨¢s competitivos a base de conocimiento, permitir¨¢ evitar que los j¨®venes vivan peor que sus padres, al menos en el plano material. En realidad, siempre ha sido as¨ª, siempre se han sucedido episodios de cambio estructural que abarcan desde lo organizativo hasta los estilos de vida pasando por los procesos productivos. Pero el actual es un momento bisagra del incesante curso de cambio global en el que, un tanto inadvertidamente para muchos, nos encontramos desde hace a?os.

Las AAPP tambi¨¦n deben cambiar, y lo har¨¢n irremediablemente tarde o temprano. La gran cuesti¨®n es c¨®mo se van a conciliar en el futuro la provisi¨®n de los servicios p¨²blicos a los ciudadanos con la austeridad econ¨®mica impuesta por la necesidad de reformular un modelo fiscal insostenible. La producci¨®n de la compleja amalgama de servicios p¨²blicos aporta alrededor del 20% del valor a?adido bruto en cualquier econom¨ªa, grande o peque?a. Muchos de estos servicios poseen decisivas derivadas tecnol¨®gicas, industriales y empresariales que no se explotan porque su r¨¦gimen de producci¨®n y prestaci¨®n a los ciudadanos no ha sufrido modificaciones en d¨¦cadas, a pesar de que todo lo dem¨¢s ha cambiado. Pero muchos otros servicios p¨²blicos se prestan a trav¨¦s de modelos concesionales que, en algunos casos, han supuesto la base para la emergencia de las multinacionales espa?olas l¨ªderes globales en sus respectivos sectores.

El concepto de "lo p¨²blico" est¨¢ muy arraigado en el imaginario colectivo espa?ol. Al fin y al cabo, tan solo hace unas d¨¦cadas que se establecieron servicios p¨²blicos esenciales para toda la poblaci¨®n como la educaci¨®n obligatoria, la sanidad o las pensiones, cuando en otros pa¨ªses avanzados aquellos datan de mucho antes. Por ello, seguramente, se cuestiona escasamente la eficacia o la eficiencia de muchos modelos vigentes de prestaci¨®n de estos servicios o de su financiaci¨®n. Tambi¨¦n hay que decir, que la cultura de evaluaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas es todav¨ªa escasa en nuestro pa¨ªs, a pesar de los intentos m¨¢s o menos nominales, por generalizarla y de la excelente producci¨®n acad¨¦mica sobre este particular.

Pero, contra la opini¨®n extendida de que la externalizaci¨®n de servicios (recogida de residuos, transporte urbano o sanidad concertada) equivale a la privatizaci¨®n, hay que decir que la Administraci¨®n es siempre el "due?o del proyecto" y determina si el concesionario debe seguir o no con la provisi¨®n del servicio en el caso de que las encuestas de satisfacci¨®n del usuario no den las se?ales adecuadas. La l¨®gica de gesti¨®n que impera en los servicios concesionados, por otra parte, hace que estos se presten m¨¢s eficientemente pues el concesionario debe encontrar rentabilidad en presupuestos concesionales m¨¢s reducidos que los existentes para la producci¨®n directa del servicio con personal propio de la Administraci¨®n. En definitiva, los servicios colectivos concesionados siguen siendo p¨²blicos y tienen un gran potencial para ser m¨¢s baratos a la Administraci¨®n y m¨¢s satisfactorios para el beneficiario. Este potencial, sin embargo, no es evidente ni puede realizarse en cualesquiera condiciones, como demuestra la acumulaci¨®n de los pagos anuales de muchos PPP (partenariados p¨²blico-privados) realizados en el pasado en las mesas de las Consejer¨ªas y Concejal¨ªas de Hacienda, en muchas ocasiones m¨¢s onerosos que los propios desembolsos puntuales de las licitaciones convencionales.

La anterior no es sino una l¨®gica posible para abordar la transici¨®n que las AAPP deber¨¢n realizar en los pr¨®ximos a?os para mantener sus actividades b¨¢sicas sin lastrar la competitividad de la econom¨ªa. A ella se suman otras l¨®gicas, que tienen que ver con la dosis justa de servicios p¨²blicos para preservar la cohesi¨®n social y la igualdad de oportunidades, pero no m¨¢s. O con el compromiso de los beneficiarios de los servicios p¨²blicos en su uso responsable, por ejemplo, mediante participaci¨®n en el coste de los mismos pagando una parte de dicho coste.

Las AAPP no tienen m¨¢s remedio que reformular su modelo de prestaci¨®n de servicios a los ciudadanos. Es evidente que el ajuste de capacidad en el sector p¨²blico no debe afectar a las funciones asignativas (producci¨®n de bienes p¨²blicos) propias de dichos agentes, ni a las funciones redistributivas, claro. Pero las dosis en las que las AAPP acometen dichas funciones s¨ª pueden, y deben, verse recalculadas. Con todo, convendr¨ªa distinguir muy n¨ªtidamente entre el ¨®ptimo (o quantum) de provisi¨®n de servicios p¨²blicos y el modo de provisi¨®n, es decir, a qu¨¦ agente o agentes confiamos la producci¨®n de dichos servicios. Tambi¨¦n es relevante si en dicho proceso debe intervenir el destinatario final del servicio tanto en la evaluaci¨®n de la calidad del mismo como en su financiaci¨®n mediante una tasa, aunque esta sea muy minoritaria respecto al coste total del servicio. Esta es una gran cuesti¨®n, que se resolver¨¢ en breve, creemos que por la afirmativa, a cambio de asegurar la continuidad en la prestaci¨®n de muchos servicios p¨²blicos y mejorar la calidad de los mismos.

Todos los ¨¢mbitos de la actuaci¨®n asignativa del sector p¨²blico son susceptibles de acogerse a este enfoque, aunque es previsible la emergencia de resistencias desde muy diversos sectores m¨¢s o menos vinculados a cada tipo de servicio. Muchas de estas resistencias surgir¨¢n como expresi¨®n de una leg¨ªtima defensa de "lo p¨²blico" basada en la concepci¨®n dominante en las socialdemocracias del siglo pasado; y esta dial¨¦ctica tiene un cierto recorrido hasta que se llegue a un nuevo paradigma consensuado por la mayor¨ªa. Muchas otras resistencias, sin embargo, ser¨¢n una mera defensa del statu quo, es decir, sea el de las propias unidades administrativas, el de los concesionarios o el de los representantes de los trabajadores p¨²blicos o de los ciudadanos destinatarios de los servicios p¨²blicos.

Habr¨¢ que ver la manera de abordar todos estos procesos de di¨¢logo en paralelo, sin quebrar expectativas ni socavar las bases financieras de un conjunto de servicios que han cohesionado a la sociedad, con la pesante realidad de que los recursos p¨²blicos no dan de s¨ª para financiar una cartera de servicios muy amplia con unos est¨¢ndares de calidad y contenido tecnol¨®gico cada vez mayor, pero que tienen un amplio margen para la eficiencia en su producci¨®n y para la implicaci¨®n del beneficiario en un uso responsable de los mismos. Estamos seguros de que en este proceso, conducido con realismo y generosidad de todas las partes, se fraguar¨¢n unas nuevas AAPP que contribuyan decisivamente a la competitividad duradera que necesita nuestra econom¨ªa y a la cohesi¨®n responsable que necesita nuestra sociedad.

C¨¦sar Cantalapiedra y Jos¨¦ A. Herce son socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI).