El tribunal acelera la causa por cohecho contra Camps

El Tribunal Superior de Justicia valenciano respald¨® ayer en un auto al juez Jos¨¦ Flors, instructor de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps (PP), y tres altos cargos. Flors decidi¨® en mayo no incorporar a la llamada causa de los trajes a los cabecillas de la trama G¨¹rtel, que presuntamente regalaron prendas de vestir por valor de miles de euros a Camps y al resto de imputados mientras la red corrupta se enriquec¨ªa a costa de las arcas p¨²blicas. El motivo: el C¨®digo Penal castigaba en el momento de los hechos a la autoridad que recib¨ªa d¨¢divas entregadas en atenci¨®n a su cargo "pero no al particular que lo realiza".

La decisi¨®n acelera el procedimiento contra Camps: si los jefes de G¨¹rtel hubiesen sido incorporados a la causa, esta se habr¨ªa demorado varios meses. La apertura o no de juicio al presidente solo est¨¢ ahora pendiente de que el tribunal decida si acumula el grueso de la vertiente valenciana de G¨¹rtel (financiaci¨®n ilegal, falsificaci¨®n mercantil, cohecho y prevaricaci¨®n) a la causa de los trajes, algo que las fuentes consultadas consideran poco probable.

A la Audiencia Nacional

Flors siempre ha rechazado transformar la causa por cohecho impropio (penado con multa) en otra por cohecho propio (c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n). La raz¨®n es que, pese a que la investigaci¨®n ha acreditado que la trama obtuvo decenas de adjudicaciones a dedo violando las normas de contrataci¨®n p¨²blica, Camps, Ricardo Costa, V¨ªctor Campos y Rafael Betoret no adjudicaron personalmente esos contratos.

El juez llam¨® a declarar como testigos a 35 cargos de la Generalitat en mayo de 2009 que s¨ª intervinieron directamente en dichas contrataciones. Flors les pregunt¨® si recibieron instrucciones de alguien para elegir a Orange Market o a otras empresas de la trama, y todos lo negaron.

El testimonio de esos 35 cargos evit¨® que Camps fuera encausado por un delito m¨¢s grave. Pero ahora les dar¨¢ problemas. Los 10 jueces que han conocido el asunto han avalado los numerosos indicios de que los contratos se adjudicaron de forma irregular y que, por tanto, alguien debe pagar por ello.

Buena parte de esos 35 cargos ser¨¢n ahora imputados en la causa principal de G¨¹rtel, que previsiblemente terminar¨¢ en la Audiencia Nacional. Enfrentados a duras penas por prevaricaci¨®n o cohecho, se?alan fuentes jur¨ªdicas, quiz¨¢ recuerden que efectivamente alguien les inst¨® a contratar con la red corrupta.