Corregir el error

Acierta el Gobierno cuando orienta la soluci¨®n de las situaciones de bloqueos de la negociaci¨®n colectiva hacia el reforzamiento de los mecanismos de mediaci¨®n y arbitraje, particularmente insistiendo en incrementar el uso de este ¨²ltimo. Uno de los problemas que presentan las conversaciones entre sindicatos y empresarios actualmente es que los procesos de negociaci¨®n son muy lentos, se dilatan en el tiempo y a menudo desembocan en paralizaciones sin alternativa.

La f¨®rmula del arbitraje puede resolver en gran medida este panorama actual. Sin embargo, se equivoca cuando pretende imponer el procedimiento arbitral como obligatorio. Para empezar, la f¨®rmula legal empleada por el real decreto ley traspasa las l¨ªneas rojas de la constitucionalidad. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el arbitraje obligatorio impuesto desde la ley solo es admisible en casos excepcionales que no concurren en el caso previsto en esta ocasi¨®n.

Pero, por a?adidura, se trata de un esfuerzo bald¨ªo, abocado al fracaso. Por muy obligatorio que lo contemple la norma legal, si las partes lo rechazan, el conflicto no se canalizar¨¢ por v¨ªa del arbitraje. El procedimiento tiene que arrancar de la instancia de las partes, bastando la pasividad de ambas, incluso con la resistencia de una sola para que no se tramite el arbitraje. Ser¨ªa suficiente con que una de las partes no se ponga de acuerdo en el nombramiento de la persona del ¨¢rbitro para que el intento fracase. Nadie puede sustituir a las partes en la designaci¨®n del ¨¢rbitro, pues ser¨ªa una barbaridad m¨¢s pensar en que lo hiciera la Administraci¨®n laboral. Por a?adidura, ninguna persona solvente aceptar¨ªa actuar como ¨¢rbitro si ambas partes no est¨¢n dispuestas a someterse a su decisi¨®n. Al final, incluso si se dictase el laudo, el mismo acabar¨ªa siendo impugnado, con lo cual se desembocar¨ªa en el escenario que se pretende evitar: la judicializaci¨®n de los conflictos.

El Gobierno hace un flaco favor a las propuestas de reforzamiento de los arbitrajes, porque el resultado puede ser contraproducente y provocar un desprestigio de estos procedimientos, quemando el ¨²ltimo cartucho que queda cuando llegamos a situaciones de bloqueo. Si se mantiene la previsi¨®n legal, lo ¨²nico que va a provocar es que todos los acuerdos interprofesionales mantengan el car¨¢cter voluntario de los arbitrajes, yendo en la direcci¨®n contraria a los bienintencionados objetivos de la reforma. Esperemos que en la tramitaci¨®n parlamentaria como proyecto de ley se consiga corregir este preocupante error.

Jes¨²s Cruz Villal¨®n es catedr¨¢tico de Derecho Laboral y Seguridad Social y ¨¢rbitro laboral.