El exconsejero Fern¨¢ndez critica que Alaya investigue a sus familiares

"A todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria, inid¨®nea e in¨²til investigaci¨®n sobre sus patrimonios y econom¨ªas personales". La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez define as¨ª la instrucci¨®n de la juez Mercedes Alaya a la polic¨ªa para indagar en su patrimonio y el de su familia tras su imputaci¨®n en el caso de los ERE (expedientes de regulaci¨®n de empleo) fraudulentos. Alaya le acusa de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n.

El exconsejero ha recurrido el auto del pasado 16 de abril, comunicado a las partes un mes despu¨¦s, en plena campa?a electoral, en el que la magistrada decret¨® el an¨¢lisis del capital y los bienes inmobiliarios de la familia al completo de Fern¨¢ndez. Adem¨¢s, el auto aclaraba la imputaci¨®n del exconsejero, hoy presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez, por ser "indiciario conocedor" de las p¨®lizas ilegales que realiz¨® el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas); por conocer los "importantes reparos" que la Intervenci¨®n General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas p¨²blicas; y finalmente por su inclusi¨®n en 2008 en el ERE de la empresa Gonz¨¢lez Byass, donde Fern¨¢ndez dej¨® de trabajar en 1981.

Fern¨¢ndez rebate los tres hechos que le achaca la juez, centr¨¢ndose en que la indagaci¨®n en el patrimonio de sus 12 familiares es innecesaria. "Resulta profundamente injusto (...) supone de hecho entender a todas aquellas personas como sospechosas de participaci¨®n consciente y voluntaria en aquellas conductas irregulares y presuntamente delictivas", argumenta el escrito.

La defensa de Fern¨¢ndez alega que la tranquilidad de sus familiares se ha visto perturbada al figurar ante la opini¨®n p¨²blica "denigrados y estigmatizados al ser objeto de una investigaci¨®n sobre sus patrimonios abiertamente lesiva de su derecho a la intimidad y a la privacidad". La investigaci¨®n patrimonial afectaba asimismo a las familias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario y conseguidor Juan Lanzas y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Este ¨²ltimo ya present¨® al igual que Fern¨¢ndez un recurso contra el auto de su imputaci¨®n.

Si Alaya acusaba al exconsejero de ser "indiciario conocedor" de las p¨®lizas ilegales a los intrusos, este "niega rotundamente" haber conocido las irregularidades supuestamente cometidas desde la Direcci¨®n General de Trabajo, que estaba a su mando. Mientras, la instructora le achacaba conocer los "importantes reparos" que la Intervenci¨®n General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas p¨²blicas. "M¨¢s all¨¢ de la discrepancia t¨¦cnica y de criterios, aquella Intervenci¨®n consider¨® que todas aquellas actuaciones dispositivas y aplicaciones de gasto, figurando como figuraban bajo consignaci¨®n presupuestaria, estaban desde luego plenamente sujetas a la legalidad", reza el recurso, que deber¨¢ resolver la propia Alaya.

El exconsejero imputaba por ¨²ltimo a Fern¨¢ndez por su inclusi¨®n en 2008 en el ERE de la empresa Gonz¨¢lez Byass, donde Fern¨¢ndez dej¨® de trabajar en 1981. Este ERE inclu¨ªa 31.419 euros que cobrar¨¢ cuando est¨¦ desempleado o se jubile, y una p¨®liza por 386.000 euros que el exconsejero rechaz¨® cobrar al no firmar su adhesi¨®n a la p¨®liza ni sumarse a la asociaci¨®n que crearon los empleados afectados. "En ning¨²n momento he procedido a suscribir la p¨®liza de garant¨ªa de rentas (...) lo cual constituye signo inequ¨ªvoco de t¨¢cita renuncia por mi parte a los derechos inherentes a la misma", alega. Fern¨¢ndez adjunta en su recurso siete documentos para aclarar su situaci¨®n, incluido el informe de su vida laboral completa de la Seguridad Social.