Alaya pide que la polic¨ªa investigue si Empleo 'reconstruy¨®' expedientes

Mercedes Alaya, titular del Juzgado n¨²mero 6 de Sevilla, que investiga el pago fraudulento con fondos p¨²blicos de la Junta de Andaluc¨ªa a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE), ha vuelto a cuestionar en forma de auto la actuaci¨®n del Gobierno presidido por Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. En su ¨²ltimo escrito, con fecha del pasado d¨ªa 7 de junio, no solo reitera que sigue sin recibir material que solicit¨® al Gobierno andaluz, sino que sospecha sobre la veracidad de la documentaci¨®n que ya ha recibido de la Junta: "Sin dudar de que lo remitido es lo que actualmente existe en los archivos, la apariencia de tales actuaciones diametralmente opuesta a lo que es en realidad un expediente administrativo nos hace pensar en una construcci¨®n o reconstrucci¨®n apresurada de los mismos, debiendo oficiarse a la Polic¨ªa Judicial para que investigue ambos extremos que no han sido explicados o justificados tal y como se ped¨ªa por la Junta de Andaluc¨ªa.

La instructora abre piezas separadas de cada imputado en el caso

La magistrada dice que los expedientes son un "batiburrillo de papeles inconexos"

La juez utiliza en apoyo de su tesis un escrito de la fiscal¨ªa que entrecomilla: "Se observa que dicha documentaci¨®n no merece en ning¨²n modo la citada denominaci¨®n de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas an¨®nimas anotadas en hojas, arrancadas de un bloc de espiral cuando no garabateadas en simples post it adhesivos".

Por todo ello, la juez Alaya ve inapropiado a¨²n realizar un an¨¢lisis pericial de la documentaci¨®n, pues "a los peritos que se designen habr¨¢ que hacerles entrega de una documentaci¨®n que se ha reclamado y a¨²n no consta en las actuaciones como son: todos los convenios suscritos entre la direcci¨®n general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o el IDEA desde el a?o 2001; la documentaci¨®n que posea la C¨¢mara de Cuentas sobre ayudas excepcionales en materia de Trabajo y Seguridad Social realizadas por la Consejer¨ªa de Empleo para trabajadores o empresas en crisis y que fue acordado por auto de fecha de 16 de abril; documentaci¨®n contable e informes reclamados a IDEA en virtud de lo acordado por auto de este juzgado de fecha de 21 de marzo; e incluso la abundante documentaci¨®n que en virtud de la presente resoluci¨®n va a ser reclamada".

Fuentes del Gobierno andaluz indicaron ayer que desconoc¨ªan el nuevo auto de la instructora del caso de los ERE.

La juez apunta directamente a la cabeza del departamento encabezado por Manuel Recio: "Este juzgado estima necesario acreditar si las ayudas sociolaborales que pagaba la Consejer¨ªa de Empleo a trav¨¦s del IFA o IDEA en concepto de primas de p¨®lizas de prejubilaci¨®n, mediante transferencias de financiaci¨®n, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban de alg¨²n tipo de autorizaci¨®n del Consejo de Gobierno en lo que respecta al l¨ªmite del cr¨¦dito correspondiente a los ejercicios futuros o aquel en el que se aprob¨® el gasto". Y solicita que la Intervenci¨®n General lo aclare.

Desde 2000 hasta 2010, las partidas presupuestarias destinadas a financiar prejubilaciones aumentaron en 124 millones de euros, como adelant¨® este peri¨®dico el pasado mes de abril. Salvo en tres anualidades, en todos esos a?os se produjeron incrementos destinados a pagar prejubilaciones de los ERE y ayudas a empresas en crisis. Estos incrementos fueron aprobados en reuniones del Consejo de Gobierno. Todos los cambios, seg¨²n inform¨® la Junta, contaban con el preceptivo informe favorable de la Intervenci¨®n General. Las transferencias de capital se produjeron en 2000 (5,4 millones); 2001 (72,2 millones); 2002 (32,1 millones); 2005 (799.895 euros); 2006 (9,3 millones); 2007 (7,4 millones); 2008 (439.650 euros); y 2009 (300.000 euros).

Otra de las medidas de la juez incluidas en el auto de 37 p¨¢ginas es la de proceder a la apertura de piezas separadas para cada imputado, en las que se incluir¨¢n todas las diligencias que se practiquen respecto de los mismos, declaraciones, vidas laborales o p¨®lizas de seguros. En las citadas piezas - abiertas, seg¨²n la juez "con el ¨²nico fin de poner un poco de orden en un procedimiento que est¨¢ resultando ser tan extenso y complejo"- se recoger¨¢n las declaraciones de renta y patrimonio as¨ª como cualquier otra diligencia de averiguaci¨®n como cuentas corrientes o productos financieros entre otros.

Las investigaciones de la juez sobre el patrimonio de los imputados es un punto que ya ha levantado controversia y m¨¢s de una ampolla. El exconsejero de Empleo e imputado en el caso, Antonio Fern¨¢ndez, ha recurrido la orden de Alaya de investigar tanto sus bienes como los de su familia al completo. En el recurso el exconsejero de la Junta sostiene que la petici¨®n de la magistrada es: "A todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria, inid¨®nea e in¨²til".