Astapa, el secreto de un r¨¦cord judicial
El caso contra la corrupci¨®n en Estepona lleva m¨¢s de cuatro a?os de sigilo sumarial
Si el caso Astapa contra la corrupci¨®n en Estepona (M¨¢laga) fuera un barco, tendr¨ªa las dimensiones de un transatl¨¢ntico o un superpetrolero. La causa lleva cuatro a?os y tres meses en instrucci¨®n, acumula 30.000 folios divididos en 45 tomos y 30 piezas documentales y afecta a 94 imputados. Por el n¨²mero de implicados, solo se ve superado por el caso Malaya (95) de Marbella, y va muy por delante de otros procesos famosos como el caso Ekin, contra los aparatos de apoyo a ETA, en cuyo juicio -el m¨¢s largo de la historia judicial hasta ahora- se cit¨® a 71 acusados.
Siguiendo con la socorrida met¨¢fora mar¨ªtima, el caso Astapa parece a¨²n bastante lejos de tocar puerto, e incluso se podr¨ªa decir que sufre alguna v¨ªa de agua preocupante. Fuentes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n calculan que por la "complejidad" de la investigaci¨®n y el "ingente volumen de documentaci¨®n intervenida" la instrucci¨®n todav¨ªa se demorar¨¢ un a?o m¨¢s, para desesperaci¨®n de los imputados y de sus defensas. Estos se quejan de la duraci¨®n extremadamente larga del secreto del sumario, que han ido prorrogando mes a mes los tres jueces que se han sucedido en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Estepona desde el 29 de marzo de 2007, Isabel Conejo, Virtudes Molina y Jes¨²s Torres.
Barrientos: "Con el secreto estamos en una indefensi¨®n total y absoluta"
Mansilla: "A este ritmo se tardar¨¢n cuatro o cinco a?os en llegar a juicio"
La Fiscal¨ªa lamenta que la Junta no ayude a digitalizar el material intervenido
"Esta causa no es ni parecida a Malaya; ni en el fondo ni en los medios"
El m¨¢s conocido de los imputados es Antonio Barrientos, alcalde socialista de Estepona hasta el 17 de junio de 2008. Ese d¨ªa, decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa tomaron las dependencias municipales y detuvieron al regidor y a otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios con intereses diversos -aunque predominaban los urban¨ªsticos- en la ciudad. Se iniciaba la operaci¨®n Astapa, que acapar¨® portadas de peri¨®dicos y abri¨® los informativos de todas las televisiones.
Tras declarar ante la juez Conejo por espacio de "no m¨¢s de un cuarto de hora", Barrientos ingres¨® en prisi¨®n provisional el 19 de junio. El regidor, que dimiti¨® de su cargo, no abandonar¨ªa la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre hasta seis meses despu¨¦s, el 10 de diciembre de 2008. Barrientos asegura que no ha vuelto a ser llamado por el juez instructor.
"Mi abogado [Horacio Oliva] me aconseja que no declare nada m¨¢s hasta que no se levante el secreto. No s¨¦ m¨¢s que cosas gen¨¦ricas del caso. Es una impotencia y una indefensi¨®n total y absoluta. Llevamos tres a?os desde las detenciones, pero los pinchazos telef¨®nicos arrancan en marzo de 2007. Han sido cuatro a?os de calvario sin poder defendernos", afirma el exregidor.
No todo el sumario permanece secreto. Con el paso de los meses, los diferentes instructores fueron levantando el sigilo sobre algunos tomos. Esto ha permitido conocer que el exalcalde fue enviado a prisi¨®n en virtud de un informe policial sobre su patrimonio y el de su familia plagado de errores, como reconoci¨® en un auto el pasado octubre el ¨²ltimo juez instructor de la causa, Jes¨²s Torres. Este magistrado orden¨® la elaboraci¨®n de otro informe -que permanece bajo secreto- y rechaz¨® la pretensi¨®n de Barrientos de sacar del caso a los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la polic¨ªa con base en Madrid que elaboraron el primer dossier.
Este sigilo sumarial sobre la "corrupci¨®n generalizada" que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, afect¨® al Ayuntamiento de Estepona y a sus sociedades municipales hasta 2007 sigue dando frutos: el pasado jueves se anunci¨® la imputaci¨®n de 21 personas m¨¢s. Sin embargo, su enorme duraci¨®n escandaliza a los abogados: "Astapa representa un claro ejemplo del recurso abusivo al secreto: se est¨¢ menoscabando de forma irreversible el derecho de defensa", se queja el letrado Jos¨¦ Carlos Aguilera. "Estamos ante un verdadero caso de justicia secreta. A estas alturas el que haya querido manipular o eliminar una prueba ha tenido tiempo m¨¢s que suficiente; nada justifica el mantenimiento del secreto a estas alturas", prosigue.
"Estamos cayendo en los mismos errores del caso Malaya, la instrucci¨®n est¨¢ siendo demasiado larga. Creo que se deber¨ªa hacer cuantas piezas separadas se pueda porque de lo contrario el juicio se va a eternizar y eso no hay bolsillo que lo resista", sostiene el tambi¨¦n letrado Jorge Mansilla. Este abogado calcula que, a este ritmo, "se tardar¨¢n cuatro o cinco a?os en llegar a juicio, y habr¨¢ muchos delitos, como los fiscales, que van a prescribir.
Adem¨¢s de a la enorme complejidad de la causa, fuentes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n achacan la lentitud a un factor externo: la escasez de medios que sufre el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Estepona y la polic¨ªa judicial. En el Ministerio P¨²blico est¨¢n "decepcionados" porque la Junta de Andaluc¨ªa "ni siquiera ha contestado a sucesivas peticiones" para digitalizar el material intervenido en los registros. "Esto nos est¨¢ obligando a procesar la informaci¨®n de manera artesanal y mucho m¨¢s lenta", lamentan.
Adem¨¢s, la Agencia Tributaria se ha negado por escrito a proporcionar m¨¢s ayuda para la investigaci¨®n por su propia falta de medios. En este caso, la Fiscal¨ªa es m¨¢s indulgente: "El delito fiscal no es objeto primario de la investigaci¨®n y es cierto que han rebasado el compromiso de colaboraci¨®n que le atribuyen las leyes y los convenios".
Pese a todo, los acusadores p¨²blicos destacan la "encomiable" labor de los t¨¦cnicos de la Agencia Tributaria -"su ayuda en materia de investigaci¨®n patrimonial ha sido excepcional"- y de la Junta, especialmente en la inspecci¨®n urban¨ªstica. En el caso Astapa trabajan dos grupos policiales de Madrid, con unas 15 personas. "Esta causa no es ni parecida al caso Malaya, ni en el fondo del asunto ni en los medios. Esta es una investigaci¨®n m¨¢s ardua, m¨¢s lenta y menos espectacular", afirman en la Fiscal¨ªa.
Los fiscales conf¨ªan en que el secreto de Astapa se levante pronto completamente. "No puede durar mucho m¨¢s, ya ha durado demasiado, aunque est¨¦ justificado."
Las claves del caso
- El caso Astapa contra la corrupci¨®n en Estepona (M¨¢laga) salt¨® a la luz el 17 de junio de 2007, aunque llevaba investig¨¢ndose desde noviembre del a?o anterior. Los entonces concejales del equipo de gobierno, David Valadez y Cristina Rodr¨ªguez, acudieron a la polic¨ªa a denunciar una serie de pr¨¢cticas corruptas en el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Antonio Barrientos.
- Los ediles contaron en una comisar¨ªa de Madrid que desde junio de 2003, cuando fueron nombrados concejales, algunos cargos municipales cobraban a cambio de resoluciones favorables y que se hab¨ªan realizado tasaciones a la baja en la valoraci¨®n de los convenios urban¨ªsticos. En el centro de la trama, los concejales situaron a Jos¨¦ Flores, entonces jefe de gabinete de la alcald¨ªa.
- Seg¨²n la declaraci¨®n de los ediles, Flores "consegu¨ªa financiaci¨®n mediante donaciones de empresarios con intereses en Estepona para las delegaciones del Ayuntamiento en manos de los socialistas". Los concejales aportaron un dossier con 18 folios en los que expon¨ªan que el Ayuntamiento contaba con "tres cajas de contabilidad (A, B y C)". La primera conten¨ªa el dinero fiscalizado y se usaba para los fines previstos por la ley. La segunda se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la tercera, se ingresaba el dinero destinado a cuentas particulares de los corruptos.
- Tambi¨¦n se aportaron documentos con valoraciones de convenios urban¨ªsticos tasados por el t¨¦cnico municipal Javier Wittmeur, que hab¨ªa concurrido a las elecciones de 2003 en las filas de la formaci¨®n posgilista Partido Estepona (PES). Seg¨²n los denunciantes, Wittmeur tasaba los terrenos de los convenios a la baja, de forma que los promotores obten¨ªan mayor beneficio en detrimento de las arcas municipales.
- En la denuncia se mencionaba tambi¨¦n a Jos¨¦ Ignacio Crespo, l¨ªder del PES, a quien el Tribunal de Cuentas responsabiliza de la falta de justificaci¨®n de importantes cantidades de dinero municipal entre 1995 y 1999, cuando fue teniente de alcalde con el Grupo Independiente Liberal.
- Valadez y Rodr¨ªguez apuntaron a la figura de Pedro L¨®pez, gerente de Urbanismo con el PES, como una de las personas a las que las promotoras abonaban las comisiones. Tambi¨¦n se mencionaban adjudicaciones irregulares de obras, servicios, licencias municipales de todo tipo bajo pago y favores municipales a amigos y parientes. A familiares de L¨®pez se les han intervenido 10 millones de euros en cuentas corrientes en el principado de Andorra.
- Francisco Zamorano, exconcejal expulsado del PSOE, recibi¨® entre 2005 y 2006 un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urban¨ªsticos en la localidad, seg¨²n la investigaci¨®n. El dinero se ingres¨® en las cuentas de una sociedad a nombre de la esposa del edil
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