La Audiencia concluye que las actas de la Junta no son secretas

La Audiencia de Sevilla considera que las actas de los Consejos del Gobierno andaluz no son secretas. El tribunal da as¨ª la raz¨®n a la juez que investiga los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, quien exigi¨® la entrega de las actas al Ejecutivo aut¨®nomo, petici¨®n a la que este se neg¨® al entender que son reservadas. La Audiencia rechaza el recurso que la Junta interpuso contra el auto de Alaya que exig¨ªa al Ejecutivo las 480 actas de los ¨²ltimos Consejos de Gobierno desde 2001.

"Se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer, seg¨²n se desprende del art¨ªculo 30.3

La Audiencia estima que en las actas no hay documentos ni opiniones reservadas

[de la ley del Gobierno de Andaluc¨ªa] en las actas, que son lo ¨²nico reclamado por la instructora". De este modo argumenta la Audiencia sevillana en su sentencia que el contenido de las actas puede incorporarse a la instrucci¨®n porque carece de car¨¢cter secreto.

Alaya suspendi¨® el conflicto de jurisdicci¨®n planteado por la Junta a la espera de la decisi¨®n de la Audiencia. Ahora la magistrada tiene v¨ªa libre para enviar el caso al Tribunal de conflictos de jurisdicci¨®n del Supremo. La juez paraliz¨® el conflicto de jurisdicci¨®n y no lo mand¨® al Supremo por "coherencia procesal", y para evitar "tramitaciones paralelas y pronunciamientos in¨²tiles o contradictorios", ya que exist¨ªa el recurso ante la Audiencia.

Antes de decidir si enviaba el caso al Tribunal Supremo, la magistrada advirti¨® al Ejecutivo de que si no entregaba la documentaci¨®n en 72 horas cometer¨ªa un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Finalmente, la Junta entreg¨® las actas para su custodia en sede judicial, despu¨¦s de que Alaya insinuara que el Gobierno podr¨ªa alterarlas. Las actas quedaron guardadas en un armario de seguridad en los juzgados, sin que la juez pueda acceder a ellas hasta que el conflicto se resuelva. La demora no ha impedido a Mercedes Alaya avanzar en el resto de v¨ªas abiertas en la investigaci¨®n.

Mientras, el enfrentamiento entre la Junta y la juez ha subido de temperatura con agrios escritos judiciales. Han transcurrido casi tres meses desde que la Junta solicit¨® a la juez que se inhibiera en favor del Tribunal Supremo hasta que la Audiencia se ha pronunciado.

Sin embargo, entretanto la Junta se dirigi¨® hace un mes (el 23 de mayo) directamente al Tribunal Supremo para que intervenga en el asunto. El Gobierno andaluz decidi¨® mover ficha y solicit¨® su intervenci¨®n tras la decisi¨®n de Alaya de suspender el conflicto de jurisdicci¨®n. El Supremo ha atendido la petici¨®n de la Junta y ha designado (el d¨ªa 7 de este mes) un ponente. El magistrado Octavio Juan Herrero ha requerido a la Junta y a la fiscal¨ªa que presenten sus alegaciones al litigio (14 de junio). La fiscal¨ªa ya se aline¨® con las tesis del Gobierno andaluz al entender que la juez invad¨ªa sus competencias.

En su providencia, el juez Herrero Pina recuerda, seg¨²n establece la ley de conflictos, que ambas partes pueden alegar. La ley dice que el Supremo est¨¢ facultado para declarar que "el conflicto fue planteado incorrectamente, en cuyo caso ordenar¨¢ la reposici¨®n de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto procedimental".

Fuentes del Gobierno andaluz consideran que ahora el magistrado debe instar a Alaya a enviarle de inmediato el conflicto planteado. El abogado de la Junta aleg¨® que la juez deb¨ªa remitir el caso al Supremo, y que "tan pronto como reciba oficio de inhibici¨®n, tendr¨¢ que suspender el procedimiento en lo que se refiera al asunto cuestionado, hasta la resoluci¨®n del conflicto". "Se debe proseguir con la adecuada tramitaci¨®n del conflicto, que se ha paralizado sin amparo legal alguno", argumentan desde el Ejecutivo.

A pesar del choque frontal, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, no quiso avivar la pol¨¦mica el pasado martes y, tras la reuni¨®n del Consejo de Gobierno, lleg¨® a afirmar que no exist¨ªa enfrentamiento entre la Junta y la juez, ni siquiera a trav¨¦s de escritos judiciales.

Por otra parte, el delegado de la Consejer¨ªa de Agricultura en C¨¢diz, Juan Antonio Blanco, anunci¨® ayer que interpondr¨¢ una querella contra el presidente del Consejo Regulador del Brandy, Evaristo Bab¨¦, por injurias y calumnias. El dirigente vin¨ªcola dijo que Blanco le hab¨ªa avisado de que el PSOE falsear¨ªa documentaci¨®n para implicarle en el caso de los ERE fraudulentos si segu¨ªa empecinado en pedir la dimisi¨®n del exconsejero de Empleo, Antonio Fern¨¢ndez, como presidente del consejo del vino de Jerez, informa Ana Huguet.