La pugna judicial m¨¢s pol¨ªtica

El crudo enfrentamiento entre la Junta y la juez Mercedes Alaya es un cap¨ªtulo aparte en un caso enrevesado, pero un cap¨ªtulo apasionante para las partes implicadas en el caso de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE). Las espadas est¨¢n en alto a la espera de que la magistrada env¨ªe el conflicto de jurisdicci¨®n al Tribunal Supremo, previsiblemente en los pr¨®ximos d¨ªas.

La juez pidi¨® las 480 actas de los Consejos del Gobierno andaluz para incorporarlas a su investigaci¨®n, la Junta se neg¨® al entender que son secretas, plante¨® un conflicto de jurisdicci¨®n, y esta semana la Audiencia ha apoyado a Alaya al sostener que no lo son. Las voces del caso tienen posiciones enfrentadas sobre la decisi¨®n final, en manos del Supremo en cuanto Alaya decida remitirle el conflicto. El alto tribunal estudia ahora la admisi¨®n del conflicto planteado por la Junta, a la que hace un mes se le agot¨® la paciencia porque Alaya hab¨ªa suspendido el env¨ªo a la espera del criterio de la Audiencia. De fondo late la cuesti¨®n de si el poder judicial (Alaya) invadir¨ªa las competencias del poder ejecutivo al acceder a las actas, que seg¨²n arguye la Junta incluye deliberaciones secretas. Y este interrogante admite posiciones enfrentadas. La madre del cordero son los informes verbales de los consejeros y sus opiniones sobre las ayudas p¨²blicas para los ERE incluidos en las actas, y que la Junta equipara a las deliberaciones secretas, pero que otras fuentes diferencian al poner en duda su similitud.

Las fuentes consultadas no dudan de que Alaya remitir¨¢ el caso de inmediato al Supremo, pero su veredicto es incierto. "El Supremo desestimar¨¢ el conflicto porque dir¨¢ que ninguna competencia ha sido invadida. Se trata de una cuesti¨®n procesal de an¨¢lisis sobre si procede o no pedir las actas", opina un letrado. Otro abogado discrepa del auto de la Audiencia, que declara reservados los documentos y las deliberaciones, pero no las actas. "?C¨®mo los documentos que maneja el Consejo de Gobierno son reservados, secretas las deliberaciones, y sin embargo las actas, que se elaboran a posteriori, no lo son? Eso jur¨ªdicamente no se sostiene. Es como si una persona con diabetes va al m¨¦dico y este le dice que no tome az¨²car pero s¨ª dulces y tartas. Dulces y tartas se hacen con az¨²car. Y las actas se hacen tras las deliberaciones y los documentos".

Fuentes del caso aclaran que la Audiencia no tiene por qu¨¦ influir en la decisi¨®n final que adopte el Supremo, que podr¨ªa demorarse unos tres meses. "La Audiencia se ha limitado a decir que pedir las actas es pertinente para la investigaci¨®n porque no son secretas, mientras que el Supremo decidir¨¢ qui¨¦n tiene competencia para darle publicidad a las actas", explican dichas fuentes. Sin embargo, la Audiencia ha dado un espaldarazo a Alaya porque al margen de establecer que las actas no son secretas, los magistrados aclaran que a priori creen que los consejeros pudieron cometer un delito al autorizar "por acci¨®n u omisi¨®n" una financiaci¨®n diferente para las subvenciones excepcionales de los ERE.

?Qu¨¦ significa esta toma de postura? Pues que la Audiencia apoya la tesis de Alaya, que dej¨® entrever una acusaci¨®n contra el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, y los exconsejeros Magdalena ?lvarez y Francisco Vallejo entre otros, por supuesta prevaricaci¨®n al dar por hecho que conocieron los informes de la Intervenci¨®n General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo de los ERE.