Los obispos llaman a desobedecer la ley de muerte digna "si sale como est¨¢"

"Si sale como est¨¢, no ser¨¢ una ley justa", sentenci¨® ayer el portavoz episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino. Se refer¨ªa al Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno socialista. "No es una ley de eutanasia, pero s¨ª una ley que abre las puertas a pr¨¢cticas eutan¨¢sicas", afirman los prelados en una "declaraci¨®n" sobre el proyecto legislativo, de 12 folios.

El PSOE hab¨ªa prometido la legalizaci¨®n de la eutanasia en esta legislatura, pero renunci¨® para contentar a la Iglesia cat¨®lica. "No ser¨¢ una ley de eutanasia", se comprometi¨® el vicepresidente Alfredo P¨¦rez Rubalcaba cuando anunci¨® el proyecto, en oto?o pasado. Los obispos opinan lo contrario y anuncian que combatir¨¢n al Gobierno mediante "todos los medios democr¨¢ticos disponibles", si sigue adelante con la actual redacci¨®n de la ley.

"Cuando afirmamos que es intolerable la legalizaci¨®n abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuesti¨®n la organizaci¨®n democr¨¢tica de la vida p¨²blica, ni estamos tratando de imponer una concepci¨®n moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayor¨ªas, sino por su adecuaci¨®n a la dignidad de la persona humana", afirman.

Pese a todo, los prelados asumen que no siempre se puede identificar el orden legal con el orden moral, conscientes de que "en ocasiones, las leyes, en aras del bien com¨²n, tendr¨¢n que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas". Pero a?aden: "Esto nunca podr¨¢ ser as¨ª cuando lo que est¨¢ en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es m¨¢s, esas leyes ponen en cuesti¨®n la legitimidad de los poderes p¨²blicos que las elaboran y aprueban. Es necesario procurar, con todos los medios democr¨¢ticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas".

Hace apenas un mes, el cardenal de Madrid, Antonio Mar¨ªa Rouco, que es tambi¨¦n presidente de la Conferencia Episcopal, hab¨ªa dicho que no cre¨ªa que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirm¨®: "El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he le¨ªdo el texto. Lo han le¨ªdo algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opini¨®n sobre los detalles".

Ahora, despu¨¦s de leerlo "despacio", los obispos execran muy severamente del proyecto del Ejecutivo. Parten de la tesis de que "la vida no nos pertenece porque el propietario es quien nos la ha dado: el Creador". Tambi¨¦n subrayan "la esperanza de la resurrecci¨®n y la vida eterna", como el camino para encontrar "el sentido oculto del dolor y la muerte".

Con estas teor¨ªas, todo lo que suene a eutanasia (del griego eu th¨¢natos: buena muerte) les parece a los obispos condenable. Esta es su definici¨®n: "Una acci¨®n o una omisi¨®n que por su naturaleza y en la intenci¨®n causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor".

Entre otros reparos, los obispos subrayan que el proyecto tiene "una concepci¨®n de la autonom¨ªa de la persona pr¨¢cticamente absoluta". Tambi¨¦n echan en falta una definici¨®n correcta del derecho a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales "implicados en situaciones que conllevan ataques legales a la vida humana". E incluso creen que la ley maltrata "el derecho humano de libertad religiosa" porque ni siquiera cita los acuerdos entre Espa?a y el Estado vaticano sobre la asistencia religiosa a los enfermos.

Afirman, textualmente: "El derecho de libertad religiosa, fundamental y primario, no puede ser reducido por una ley a la mera tolerancia de la pr¨¢ctica religiosa, como aqu¨ª se hace. Que los pacientes tengan derecho al ejercicio de sus convicciones religiosas supone que el Estado ha de garantizar y favorecer el ejercicio de ese derecho, sin perjuicio de su justa laicidad".