Tormenta en la SGAE

La entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detenci¨®n de nueve personas, entre ellas sus principales directivos, en una investigaci¨®n sobre apropiaci¨®n indebida y delitos societarios, reabre de manera dram¨¢tica el debate sobre la transparencia de esta entidad. La presunci¨®n de inocencia protege por ahora a los sospechosos de estas supuestas conductas, pero la misma existencia de la investigaci¨®n plantea interrogantes que, lamentablemente, no son nuevos.

Este grueso episodio alimenta nuevamente la necesidad de una reflexi¨®n urgente sobre el oligopolio de las sociedades de gesti¨®n en Espa?a, que ya fue denunciado el a?o pasado y no precisamente desde los m¨¢rgenes de la sociedad. La Comisi¨®n Nacional de la Competencia defendi¨® en un documento la necesidad de corregir el marco legal que ampara a estas sociedades para "evitar abusos e ineficiencias". La Comisi¨®n no supon¨ªa la comisi¨®n de delitos, pero mostraba preocupaci¨®n por su opacidad.

Responsabilidades penales aparte, urge repensar el modelo de gesti¨®n de los derechos de autor

La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de autorizar la creaci¨®n de estas entidades -en un sentido que "favorezca los intereses generales"-, de fiscalizar sus conductas y, en su caso, retirar la autorizaci¨®n de gestionar los derechos de los creadores. La primera reacci¨®n de Cultura ha sido recordar que una sentencia del Constitucional, a ra¨ªz de un recurso de los Gobiernos vasco y catal¨¢n, consagr¨® que la fiscalizaci¨®n era competencia auton¨®mica. Ya es chocante que se reclamen competencias para luego no ejercerlas, pero el Gobierno espa?ol, en 2008 y 2009, encarg¨® dos informes sobre las sociedades de gesti¨®n a la Agencia de Evaluaci¨®n que no detectaron nada sospechoso. El mismo viernes, un ejecutivo de la SGAE recurr¨ªa a estos informes para defender que "siempre hemos salido limpios" y apuntar a una tesis conspirativa sobre la investigaci¨®n en marcha.

El registro se produjo el d¨ªa en que se conoc¨ªan los resultados de las elecciones a la entidad. La mec¨¢nica electoral se basa en un ins¨®lito sufragio censitario. La candidatura que obtuvo el 43% de los votos no tendr¨¢ ning¨²n representante en la directiva. Una sociedad que administra 365 millones de euros al a?o y lo hace sin ¨¢nimo de lucro, debe ser particularmente escrupulosa. Sobre todo cuando una fuente de sus ingresos se basa en la recaudaci¨®n del canon digital, discutido por internautas e industria del sector y cuyo car¨¢cter abusivo obligar¨¢ al Gobierno a cambiar su normativa tras una sentencia del Tribunal Europeo.

El origen del caso est¨¢ en una denuncia, de 2007, de organizaciones opuestas al canon, que ped¨ªa esclarecer presuntas y graves irregularidades de la SGAE. Lo solicitaron aqu¨ª y en Bruselas. Ahora, no bastar¨¢ con castigar, si as¨ª ha ocurrido, a administradores fraudulentos. Han de cambiar tanto personas como un trasnochado statu quo sobre la gesti¨®n de los derechos de autor.