Investigadores en fuga

El debate sobre la fuga de talentos, lejos de amainar, arrecia. Nuevos datos han echado le?a al fuego. El ¨²ltimo ¨ªndice de confianza de j¨®venes investigadores, el Innovacef, elaborado entre otros por el Centro de Estudios Financieros (CEF) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), arroja cifras alarmantes: si, en 2010, un 40% de investigadores espa?oles en el extranjero planeaban regresar, este a?o solo son un 29%. La confianza en el sistema de I+D+i, adem¨¢s, ha tocado fondo: los investigadores espa?oles en otros pa¨ªses le dan un 5,7 sobre 10, y los residentes aqu¨ª, un 4,2. Justo cuando m¨¢s urge un viraje laboral hacia la innovaci¨®n, m¨¢s cerebros pierde Espa?a.

La baja confianza en el sistema de I+D+i nacional se produce en un periodo de transici¨®n. La nueva Ley de la Ciencia, aprobada en el Congreso el pasado mayo, pretende atajar estos problemas, pero no entrar¨¢ en vigor hasta diciembre. Una de sus medidas estrella, la creaci¨®n de una Agencia Estatal de Investigaci¨®n para canalizar de forma m¨¢s eficiente la financiaci¨®n en I+D+i, no ver¨¢ la luz hasta junio del 2012. "Con la Lay de la Ciencia hemos perdido una oportunidad para hacer reformas valientes que hubieran cambiado el sistema", dice Juan Carlos Su¨¢rez, uno de los impulsores de la Plataforma Investigaci¨®n Digna.

"En Reino Unido cobro 2.800 euros; en Espa?a ser¨ªan 1.800", dice Alonso

Esta iniciativa reuni¨® el pasado febrero 2.500 firmas de cient¨ªficos de todo el pa¨ªs que reclamaban una mejora de la situaci¨®n. No tanto de fondos y financiaci¨®n, que tambi¨¦n, pues Espa?a sigue siendo uno de los pa¨ªses europeos con menor gasto en I+D, un 1,35% del PIB frente al 2,01% de media en la Uni¨®n Europea. Sus reivindicaciones se centraban en aspectos laborales y contractuales. "Debe haber una concordancia entre el n¨²mero de contratos de acceso y el n¨²mero de contratos fijos. Por ejemplo, no tiene sentido que salgan 250 plazas en el programa Ram¨®n y Cajal y a los cinco a?os no haya contratos estables para todos", dice Su¨¢rez.

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n se apunta que en este debate se est¨¢n confundiendo conceptos. "Hay que olvidar la premisa de que el sistema debe absorber al 100% de los investigadores. Ning¨²n pa¨ªs es capaz de hacer eso. Lo que necesitamos son v¨ªas para que m¨¢s investigadores se pasen del mundo acad¨¦mico, de las universidades y los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n (OPI) a las empresas privadas", explica Montserrat Torn¨¦, directora general de Investigaci¨®n y gesti¨®n del plan de I+D.

Seg¨²n datos oficiales, el personal p¨²blico dedicado a investigaci¨®n en Espa?a ha aumentado un 33% entre 2004 y 2009, el 96% de los doctores espa?oles tienen empleo, y uno de cada cinco cient¨ªficos contratados en nuestro pa¨ªs es extranjero. "Es falso que no se pueda hacer buena ciencia en Espa?a. No es un problema cient¨ªfico, es un problema laboral, de empleo. Ocurre igual en otros sectores. El objetivo es romper con el caf¨¦ para todos y optar por la excelencia", dicen fuentes del ministerio. Traducido: la capacidad de absorci¨®n laboral del sistema es reducida y solo hay hueco para los mejores.

Frente a esta visi¨®n est¨¢ la de los investigadores, que opinan que el sistema deber¨ªa ser capaz de dar empleo estable a todos los profesionales que produce. Y tambi¨¦n la de las empresas espa?olas, con muy poca tradici¨®n inversora en I+D. Solo un 35% de los cient¨ªficos en Espa?a trabajan en firmas privadas, frente a m¨¢s del 80% en Estados Unidos, casi el 70% en Jap¨®n o una media del 50% en la UE. Al final, la ¨²nica salida para el excedente de investigadores que no logran colocarse en el mundo acad¨¦mico o privado en Espa?a es siempre la misma: cambiar de profesi¨®n o irse fuera.

"Cuando oigo a los pol¨ªticos negar la fuga de talento no s¨¦ si re¨ªr o llorar. S¨ª existe fuga de cerebros", dice Ester Artells, de 35 a?os, bi¨®loga con experiencia internacional especializada en gen¨¦tica y biolog¨ªa celular. Estuvo tres a?os en Espa?a con becas de 800 euros al mes y luego como investigadora sin remuneraci¨®n regulada, o ISRR, tambi¨¦n conocidos como "sin papeles", alternando trabajos de telefonista con la finalizaci¨®n de su tesis. La presentar¨¢ en unos d¨ªas y ya ha tomado la decisi¨®n: "En agosto hago las maletas y me voy a Francia. Prefiero vivir en otro pa¨ªs donde me valoren, me paguen m¨¢s y haya dinero para investigar".

Marisa Alonso, de 31 a?os, con estudios de bioqu¨ªmica y farmacia, termin¨® su tesis en Salamanca y se fue con un puesto posdoctoral a Manchester. "Mi idea era venirme aqu¨ª tres a?os y luego volverme. Pero llevo tres a?os y medio y ya no me planteo regresar. En Reino Unido, la situaci¨®n para investigar es mucho mejor, hay m¨¢s recursos y m¨¢s oportunidades laborales", dice. Su sueldo actual supera los 2.800 euros brutos mensuales. "En Espa?a ser¨ªa muy dif¨ªcil conseguir un puesto similar y el sueldo rondar¨ªa los 1.800".

Los ¨²ltimos datos del informe Innovacef arrojan una diferencia abismal entre los sistemas de I+D+i europeos y el espa?ol: solo el 23% de los investigadores que trabajan en territorio nacional van a recibir o reciben formaci¨®n, frente al 71% de los que residen en el extranjero; el 33% de los que viven en Espa?a est¨¢n satisfechos con su carrera investigadora, en comparaci¨®n con el 75% de los residentes fuera; el 48% de los cient¨ªficos en nuestro pa¨ªs est¨¢n de acuerdo con la financiaci¨®n que reciben, frente a casi el 90% de los que trabajan en el extranjero. ?Preocupante?

"El problema es serio y la fuga de cerebros existe, es un hecho. Pero tambi¨¦n existe una buena soluci¨®n: concentrar los recursos y guiar a los investigadores, no perder el contacto con ellos, para luego recuperarlos", asegura Pedro Aceituno, profesor de la Udima y autor principal del informe Innovacef. Mientras regresen menos investigadores de los que se van, agrega, seguir¨¢ habiendo fuga de talento. La duda en el aire es si esa fuga es resultado de errores graves en la estrategia de I+D+i o es simplemente inevitable, estructural e incluso deseable. De momento, ni investigadores, ni Gobierno, ni empresas se ponen de acuerdo en la respuesta.