Una colaboraci¨®n imposible

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha culminado el anunciado auto de procesamiento de tres mandos policiales por el denominado caso Fais¨¢n, desde que el 24 de enero de este a?o abri¨® un sumario por revelaci¨®n de secretos y colaboraci¨®n con banda terrorista, en relaci¨®n con el supuesto chivatazo policial a la red de extorsi¨®n de ETA en mayo de 2006.

Nada nuevo bajo el sol desde ese punto de vista, salvo que la notificaci¨®n del auto se haya producido al d¨ªa siguiente de la toma de posesi¨®n de Antonio Camacho como ministro del Interior, lo que no parece casual.

Y no hay nada nuevo, porque el auto no contiene ninguna revelaci¨®n ni prueba que no se conociera. Los mismos indicios circunstanciales y las mismas inferencias que ya se sab¨ªan.

Para Ruz, avisar a un enlace de ETA de que los miembros de la red de extorsi¨®n iban a ser detenidos, aunque sea con la finalidad de no entorpecer las negociaciones entre el Estado y la banda terrorista y de acabar con la violencia en Euskadi, constituye un delito de colaboraci¨®n con banda terrorista, castigado con un m¨¢ximo de 10 a?os de prisi¨®n, y otro de revelaci¨®n de secretos, con un tope de tres.

Sin embargo, y al margen de que los hechos deber¨¢n probarse, la calificaci¨®n jur¨ªdica de colaboraci¨®n con banda terrorista es la madre de todas las calificaciones, que es la que mantiene el caso en la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ya dej¨® claro en los casos de los GAL y Lasa y Zabala, que ese delito solo existe cuando el servicio que se presta a los terroristas persigue ayudarles a conseguir sus fines. Y en este caso, todo lo m¨¢s, se persegu¨ªa acabar con la violencia en Euskadi. Hay una sutil diferencia.