Prescripci¨®n e indignaci¨®n

Algunos delincuentes de cuello blanco consiguen eludir sus responsabilidades penales amparados por el beneficio de la prescripci¨®n de sus delitos. Con harta frecuencia, en tales casos, se tienen por inocentes, y como tales se presentan y son considerados por muchos medios. Pero no lo son. La prescripci¨®n es para los delincuentes, no para los inocentes.

La prescripci¨®n es una conquista del derecho penal humanitario para poner l¨ªmites temporales al poder punitivo del Estado. La prescripci¨®n de los delitos significa que decae el inter¨¦s del Estado en castigar un delito a causa del tiempo transcurrido sin perseguirlo desde que se cometi¨®. Es algo as¨ª como el efecto del olvido. Cuanto m¨¢s grave es el delito m¨¢s tiempo tardar¨¢ en olvidarse. Por eso los delitos de lesa humanidad o de genocidio no prescriben nunca, porque siempre debe guardarse memoria de ellos.

La rapi?a millonaria al amparo del privilegio econ¨®mico genera esc¨¢ndalo

Muchos delitos econ¨®micos o financieros, generalmente llamados de cuello blanco, son de complej¨ªsima elaboraci¨®n, de inteligent¨ªsima disimulaci¨®n jur¨ªdica, y, por ello, de muy dif¨ªcil descubrimiento. Y mientras no llega, los plazos de la prescripci¨®n corren a su favor, irremediablemente.

Todos recordamos a los Albertos, condenados por el Tribunal Supremo en 2003 como autores de estafa y falsedad cometida en 2000, en la venta del solar de las torres KIO de Madrid, y despu¨¦s beneficiados por una discutible y discutida aplicaci¨®n de la prescripci¨®n por parte del Constitucional en 2008, en otra muestra m¨¢s de celeridad judicial. La prescripci¨®n les eximi¨® pero eran estafadores y falsarios. Tambi¨¦n merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas obtenido por C¨¦sar Alierta con una delictiva informaci¨®n privilegiada burs¨¢til de car¨¢cter reservado, impune al amparo de la prescripci¨®n. Acabamos de saber que la familia Bot¨ªn tiene un asunto con Hacienda, con una deuda tributaria que, al parecer, supera los 200 millones de euros que, si fuera delito, podr¨ªa estar ya prescrita, y que todos los funcionarios especializados juntos no han sido capaces de analizar, por su complejidad.

Cosas as¨ª no solo pasan en Madrid. Una sentencia de la Audiencia de Barcelona, del pasado mes de marzo, describ¨ªa un plan de determinados directivos de Ferrocarriles de la Generalitat, que en 1991 idearon un fondo de la entidad, para su enriquecimiento como "premio de dedicaci¨®n y permanencia", pese a que la ley lo prohib¨ªa, las normas de la entidad no lo preve¨ªan, y se ocult¨® al consejo de administraci¨®n. El fondo ascendi¨® a 452 millones de pesetas, y lo repartieron entre ellos. El presidente de la entidad conoci¨®, consinti¨® y apoy¨® el saqueo, pero su cooperaci¨®n, sin lucro personal, result¨® beneficiada por la prescripci¨®n. Su conducta no es, desde luego, ni meritoria ni ejemplar. No es inocente.

Por razones de derecho penal humanitario y de legalidad democr¨¢tica, debe asumirse que el Estado tiene un l¨ªmite temporal para perseguir los delitos. Pero esto es compatible con el rechazo moral que esos delitos merecen, aunque est¨¦n prescritos. La rapi?a millonaria al amparo de situaciones de privilegio econ¨®mico o social genera esc¨¢ndalo.

St¨¦phane Hessel, incansable nonagenario ejemplar, dijo la palabra que hac¨ªa falta para que brotara el enojo vehemente y prolongado, latente y generalizado de mucha gente. Grit¨® "?Indignaos!", ante la inmoralidad de los delincuentes que tratan de pasar por inocentes y las plazas de muchas ciudades se llenaron de j¨®venes y no tan j¨®venes, expresando pac¨ªficamente su indignaci¨®n. La gente, en general, les aplaudi¨®, o les toler¨® c¨ªvicamente. Las autoridades, ante un ejercicio tan claro del derecho de reuni¨®n, respetaron inteligente y democr¨¢ticamente las concentraciones.

Estos adjetivos, lamentablemente, no ser¨ªan aplicables a las autoridades de Barcelona, que, ordenando una violencia policial intempestiva y desproporcionada, m¨¢s parec¨ªa que defend¨ªan a los responsables de las conductas indignantes, que a los pac¨ªficos indignados. Si nos atenemos al principio de investigaci¨®n criminal de quid prodest, (a quien beneficia) cabr¨ªa obtener alguna conclusi¨®n relacionando aquella violencia desproporcionada, por excesiva, con la tambi¨¦n desproporcionada, por insuficiente, previsi¨®n de protecci¨®n a nuestros parlamentarios.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, exfiscal jefe de Catalu?a.