La lista de bodas del soborno

La notificaci¨®n el pasado viernes a Francisco Camps y a otros tres imputados del auto del 6 de julio dictado por el juez instructor nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) solo pudo sorprender a los interesados. La revocaci¨®n por el Supremo en mayo de 2010 del inconsistente y sospechoso sobreseimiento a favor del presidente de la Generalitat y de sus tres acompa?antes acordado por el TSJCV en agosto de 2009 conten¨ªa ya en filigrana la fundamentaci¨®n jur¨ªdica de esa decisi¨®n. El a?o largo transcurrido hasta el definitivo pronunciamiento del juez instructor no ha hecho sino confirmar el abundante material probatorio que ha llevado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a solicitar la celebraci¨®n de la vista oral ante un tribunal de jurado por la comisi¨®n de un delito de cohecho pasivo impropio de Camps y los dem¨¢s acusados.

Si Camps es condenado, el PP en su conjunto padecer¨ªa las consecuencias en las urnas

El relato de los hechos del auto judicial mueve a la verg¨¹enza ajena. La delegaci¨®n valenciana de la trama G¨¹rtel -una organizaci¨®n mafiosa pol¨ªtico-empresarial empotrada en el PP- no solo consigui¨® contratas por importe de m¨¢s de 13 millones de euros de la Generalitat (las ferias de turismo y la visita del Papa). Tambi¨¦n sirvi¨® a los populares para triangular operaciones de financiaci¨®n irregular realizadas en su beneficio por empresas concesionarias y destinadas a ocultar pagos publicitarios en las campa?as electorales de 2007 y 2008 por encima de los topes legales. Y todav¨ªa queda por averiguar la cuant¨ªa de las comisiones percibidas por la trama G¨¹rtel a cuenta de sus servicios de intermediaci¨®n en provecho de empresas beneficiadas por la Generalitat valenciana.

Al menos por ahora, Camps y sus secuaces no ser¨¢n juzgados por su eventual responsabilidad penal en esos oscuros asuntos, sino solo por haber aceptado regalos de la trama G¨¹rtel que aceitaron objetivamente el privilegiado acceso de Orange Market -su nao capitana en Valencia- a la Generalitat aun sin responder estrictamente a contraprestaciones espec¨ªficas. El auto del 6 de julio subraya que esos obsequios -"dada la peculiaridad del objeto regalado, la reiteraci¨®n en la entrega y su mismo valor"- no pueden ser equiparados con "los presentes o las atenciones de cortes¨ªa o de mero reconocimiento que los usos sociales admiten como inocuos y admisibles".

La lista de bodas c¨®mica y hortera del cohecho pasivo impropio sum¨® m¨¢s de 40.000 euros gastados en ropa y complementos; al presidente Camps le correspondieron 12 trajes, 4 americanas y 9 prendas de vestir. El irresistible deseo de los cuatro cargos p¨²blicos de incrementar su fondo de armario para lucir su palmito en actos p¨²blicos o en la tribuna de oradores les impidi¨® percatarse siquiera -en el mejor de los casos- de que estaban abriendo las puertas de la Generalitat a una banda de estafadores. Este episodio mezquino, rid¨ªculo y pijo se agrava con el recurso a la mentira y la obstrucci¨®n a la justicia de los acusados. Francisco Camps se ha comportado como el Pato Donald en las pel¨ªculas de dibujos animados, cuyo tama?o se va reduciendo mientras enrojece su rostro a medida que sus cambiantes embustes resultan cada vez menos convincentes. Las dignas y desde?osas respuestas iniciales seg¨²n las cuales pagaba de su bolsillo todos sus trajes han ido descendiendo de tono hasta estrellarse contra el suelo con la tesis de su letrado defensor de que habr¨ªa recibido los posibles regalos a t¨ªtulo de presidente del PP regional.

Todo hace suponer que la vista oral del juicio contra Camps y sus tres acompa?antes se celebrar¨¢ casi en v¨ªsperas de las pr¨®ximas elecciones generales. La antidemocr¨¢tica teor¨ªa de que la reciente victoria del 22-M del PP valenciano implicaba su absoluci¨®n en los tribunales quedar¨¢ sometida a una dura prueba. Si se produjese -como parece altamente probable- una condena, el PP en su conjunto padecer¨ªa las consecuencias, por muy curtida que est¨¦ la piel de sus votantes. Federico Trillo, el estratega de la defensa en las diferentes piezas del caso G¨¹rtel, quedar¨ªa rebajado a la condici¨®n de gran organizador de las derrotas. Y Esteban Gonz¨¢lez Pons, que anunci¨® hace cinco meses su prop¨®sito de "poner las dos manos sobre el fuego" por Francisco Camps, correr¨ªa el peligro de ser ingresado en la unidad de grandes quemados de alg¨²n hospital. Y a menos que el todav¨ªa presidente de la Generalidad valenciana brindase la soluci¨®n de presentar la dimisi¨®n de su cargo, Rajoy se enfrentar¨ªa con una situaci¨®n especialmente peliaguda si el juicio contra Camps se celebrase antes de las elecciones generales y pusiera en peligro su victoria por mayor¨ªa absoluta.