Camps deja en la estacada a los dos acusados que ayer aceptaron la pena

La negativa del todav¨ªa presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, a aceptar la pena y su anuncio de que quiere mantener intacta su honorabilidad y defenderse del delito de cohecho impropio que le atribuye el juez Jos¨¦ Flors genera un batiburrillo procesal. Y su decisi¨®n, adem¨¢s, deja a priori a los pies de los caballos a dos de los acusados que estaban llamados a compartir banquillo con ¨¦l por el caso de los 59 trajes y prendas que todos ellos habr¨ªan recibido de la trama G¨¹rtel; la mayor¨ªa, del jefe de la red en Valencia, el "amiguito del alma de Camps", el hombre al que en una grabaci¨®n policial confiesa querer "un huevo", ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes.

Los dos implicados que quedan en una situaci¨®n comprometida son su exvicepresidente V¨ªctor Campos y al exasesor de la Consejer¨ªa de Turismo de Valencia Rafael Betoret. Ambos, ayer por la ma?ana, siguiendo la estrategia dise?ada por el PP para librar a Camps del pase¨ªllo judicial que se le avecinaba, se presentaron ante el juez del Tribunal Superior de Valencia que presidir¨¢ el juicio del caso de los trajes, Juan Climent, y le dijeron que aceptaban su culpabilidad y que pagar¨ªan la multa m¨¢s grave de las que les piden las partes de ese proceso. Es decir, la suma de 49.500 euros (9.000 m¨¢s que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n) por cohecho impropio que demanda el PSOE de Valencia.

Se enfrentan a una condena de la que se derivar¨ªan antecedentes penales

Pese a su reconocimiento, a¨²n no est¨¢ claro si se librar¨¢n del juicio

El PP ide¨® que la ¨²nica forma legal de evitar el pase¨ªllo judicial de Camps previsto para oto?o, despu¨¦s de que el juez Flors abriera juicio contra ¨¦l, era que los cuatro implicados se conformaran con la pena. Betoret y Campos cumplieron el plan por la ma?ana. Pero por la tarde todo se fue al traste. Ten¨ªa raz¨®n el ex secretario general del PP Ricardo Costa, el cuarto acusado, en desconfiar y no precipitarse en ir al tribunal a aceptar la pena si antes no lo hac¨ªa Camps. Y acert¨®. Todos estos sobresaltos han propiciado que lo que deb¨ªa ser un proceso judicial normal ante un jurado se haya complicado.

?En qu¨¦ situaci¨®n quedan ahora Betoret y Campos? ?Pueden ahora arrepentirse de haber aceptado la culpa ante el juez? Lo que hicieron ayer, salvo que el juez les permita retractarse, supone para ellos una condena firme de la que derivan antecedentes penales, aunque tampoco est¨¢ claro si, pese a su reconocimiento, se librar¨¢n del juicio. Si el juez les deja arrepentirse y finalmente comparten banquillo con Camps en oto?o, ?c¨®mo piensan convencer al jurado de que son inocentes tras haber reconocido justo lo contrario?

Todo esto tendr¨¢ que desmadejarlo ahora el juez Climent, el presidente del tribunal del jurado al que le ha correspondido la celebraci¨®n del juicio. Para evitarlo, el art¨ªculo 50 de la Ley Org¨¢nica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, a la que est¨¢n sometidos Camps y los otros tres implicados en el caso de los trajes, considera indispensable que todos los acusados se conformen con la pena. Pero ahora resulta que dos lo han hecho (Betoret y Campos) y otros dos, no (Camps y Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia).

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el tema es complejo y hay lagunas legales. Cabe la opci¨®n, se?alan, de que el juez esquive para los que ya han aceptado la pena el proceso normal de la Ley del Jurado y, con base en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, les dicte en los pr¨®ximos d¨ªas una sentencia condenatoria por la pena m¨¢xima que se les ped¨ªa, es decir, el pago de la multa que solicita el PSOE de Valencia, personado como acusaci¨®n particular en el caso de los trajes. Si, por el contrario, el juez se ci?e a la Ley del Jurado, puede obligar a todos ellos (dado que no hay unanimidad en la aceptaci¨®n de penas) a ir al juicio y que all¨ª manifiesten si mantienen su aceptaci¨®n de pena o se retractan. En este ¨²ltimo caso, quedar¨ªan en una situaci¨®n delicada, porque ya se encargar¨¢n el fiscal y los abogados de la acusaci¨®n (el PSOE) de recordarles ante los ojos del jurado que ya en su d¨ªa aceptaron su culpabilidad. Hasta que el juez no despeje las dudas procesales, lo ¨²nico di¨¢fano es que a Camps y Costa, que de momento son los que batallar¨¢n por su inocencia, se les aplicar¨¢ la Ley del Jurado y se sentar¨¢n ante nueve vecinos de Valencia convertidos en jueces al menos durante la semana que puede durar la vista.

Otro paso que debe dar ahora el juez, seg¨²n la ley, es elaborar "un auto de hechos justiciables". Es decir, definir el objeto del proceso, las pruebas y el delito al que las partes deben ce?irse, en este caso cohecho impropio -aceptar d¨¢divas en funci¨®n del cargo: dinero, pagos en especie o cualquier trato de favor-, para el que el C¨®digo Penal prev¨¦ penas de multa, no de c¨¢rcel ni de inhabilitaci¨®n.

El cohecho impropio, el establecido para este juicio, se dirige contra la autoridad o funcionario que acepta d¨¢divas a cambio de nada.

Despu¨¦s, hay que seleccionar a los miembros del jurado. Cada uno o dos a?os, los tribunales extraen del censo a varios miles de ciudadanos susceptibles de ser llamados a formar parte de un jurado. Inicialmente se cita para cada caso a 40 personas, que tras un proceso de selecci¨®n y posibles recusaciones quedar¨¢ reducido a 11 personas (9 titulares y 2 suplentes). Al final del juicio, el juez redactar¨¢ una sentencia acorde con los hechos que el jurado haya declarado probados.

Pero para Costa y otros altos cargos del PP (y no cabe descartar que Camps al final tambi¨¦n pudiera verse implicado) en el horizonte se sit¨²a otra de las variantes judiciales que ha destapado el caso G¨¹rtel, la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano por parte de grandes empresarios de Valencia que recibieron sustanciosas contratas del Gobierno de Camps.