Una f¨®rmula p¨²blico-privada pondr¨¢ 4.000 pisos de alquiler en el mercado

El Gobierno aprob¨® ayer una operaci¨®n de 430 millones de euros con la que persigue poner en cuatro a?os en el mercado 4.000 viviendas de alquiler de la mano de un inversor privado. Estar¨¢n destinadas a rentas de hasta 39.000 euros, muy por encima de los 22.000 euros en los que est¨¢ colocado el umbral ahora. Se trata de fomentar la cultura del alquiler y no solo para las rentas m¨¢s bajas. Las viviendas tendr¨ªan ese destino durante 20 a?os y despu¨¦s podr¨ªan ser puestas a la venta, con prioridad para sus inquilinos.

El consejero de Vivienda, Obras p¨²blicas y Transportes, I?aki Arriola, que compareci¨® al t¨¦rmino del consejo de Gobierno, explic¨® que el montante de la operaci¨®n la hace adecuada y atractiva para grandes inversores, entre los que cit¨® fondos de pensiones o de inversi¨®n. El Gobierno ya "ha sondeado" el inter¨¦s por la iniciativa entre algunos de ellos.

El Ejecutivo pagar¨¢ la renta al inversor y la cobrar¨¢ a los inquilinos

La operaci¨®n busca tambi¨¦n el saneamiento de Alokabide y Visesa

Arriola explic¨® que los 430 millones aprobados ayer ser¨¢n para realizar un contrato mixto (patrimonial y de arrendamiento) con un inversor privado, que deber a su vez comprometer una inversi¨®n superior a 495 millones hasta 2016.

Este inversor adquirir¨¢ viviendas ya hechas, acometer¨¢ la construcci¨®n de otras nuevas, o comprar¨¢ suelo para edificarlas y las ceder¨¢ en r¨¦gimen de arrendamiento al Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, abonar¨¢ a ese inversor un m¨¢ximo de 700 euros de renta por piso y mes, durante el primer a?o, y los destinar¨¢ a solicitantes de Etxebide. El montante total de la operaci¨®n se ha calculado sobre la base de las rentas que el Gobierno abonar¨¢ a lo largo de un plazo m¨ªnimo de 20 a?os.

El coste neto para las arcas p¨²blicas no ser¨¢n esos 430 millones sino 249, seg¨²n las cifras facilitadas por Arriola: la diferencia la recuperar¨¢ el Gobierno por la v¨ªa de los alquileres que a su vez cobrar¨¢ a los inquilinos.

El Gobierno espera tener adjudicado el contrato a finales de octubre y las primeras viviendas "podr¨ªan ser una realidad a primeros de 2012", precis¨® Arriola.Las viviendas que el Gobierno encontrar¨¢ a su disposici¨®n se dividen en cuatro grupos: 1.072 son viviendas sociales ya construidas que el inversor comprar¨ªa a la sociedad Alokabide; otras 1.875 las tiene en fase de construcci¨®n otra sociedad p¨²blica, Visesa; un cupo de otras 199 se edificar¨ªa sobre suelos urbanizados propiedad del Gobierno, que el inversor adquirir¨ªa tambi¨¦n, y el resto, 854 pisos, ser¨¢n los que este promover¨ªa y construir¨ªa por s¨ª mismo, con la posibilidad de verlos ampliados en otros 1.000.

El consejero present¨® la operaci¨®n como una iniciativa "pionera" en el conjunto de Espa?a y un ejemplo de "colaboraci¨®n p¨²blico-privada" y de iniciativas "imaginativas y variadas" que persiguen un doble objetivo: conseguir viviendas para destinarlas al alquiler y obtener recursos econ¨®micos para construir nuevas promociones de vivienda protegida.

El prop¨®sito del Ejecutivo, de acuerdo con el Plan Director de Vivienda, es "dar un fuerte impulso" al alquiler. El Gobierno ha elegido, entre otras exploradas, esta f¨®rmula, que no computa como deuda p¨²blica. Con ella evita el impacto en los presupuestos p¨²blicos y esquiva las restricciones crediticias de las entidades financieras, dijo Arriola. Es la primera de este tipo que se va a poner en pr¨¢ctica en Espa?a. El Ejecutivo alcanzar¨¢ con ella un tercer objetivo: el saneamiento de las sociedades Visesa y Alokabide, que ganar¨¢n en solvencia y podr¨¢n seguir realizando pol¨ªticas de alquiler, subray¨®. Al final de todo el proceso, asegur¨®, el Gobierno habr¨¢ obtenido 28 millones de euros por las ventas, ingresar¨¢ otros 21,6 en devoluciones de subvenciones de Alokabide e intereses legales y se ahorrar¨¢ 77 millones de euros en subvenciones al inversor privado.