Europa juzgar¨¢ la factura que pagar¨¢n las Diputaciones por las ayudas ilegales

La justicia europea no dej¨® ayer margen alguno a la sorpresa y dio carpetazo definitivo al conflicto que se ha seguido durante m¨¢s de una d¨¦cada en los tribunales a cuenta de las ayudas fiscales que las haciendas vascas concedieron en los 90 a unas 300 empresas. El Tribunal de Justicia de la UE declar¨® ilegales esos incentivos porque fueron "ayudas estatales incompatibles con el mercado com¨²n". La sentencia confirma que las conocidas como minivacaciones y el cr¨¦dito del 45% a la inversi¨®n no se ajustaron a la legalidad comunitaria porque atentaban contra la libre competencia. Esta resoluci¨®n se suma a la que el mismo tribunal dict¨® en junio pasado en id¨¦ntico sentido contra las vacaciones fiscales. La Corte de Luxemburgo da la raz¨®n a la Comisi¨®n Europea (CE) y tumba todos los argumentos aportados por las tres Diputaciones. Se cierra as¨ª el cap¨ªtulo judicial referido a la legalidad de las medidas tributarias vascas y queda por dilucidar ahora si las instituciones forales de ?lava, Bizkaia y Gipuzkoa deber¨¢n hacer frente a una multa que supera los 40 millones de euros por no haber recuperado la totalidad de las ayudas otorgadas, como defiende el Ejecutivo comunitario ante los tribunales.

Bruselas pide a los tribunales multar a las haciendas con m¨¢s de 40 millones

El m¨¢ximo tribunal europeo recuerda en su ¨²ltima sentencia que las tres diputaciones adoptaron entre 1994 y 1997 unas medidas fiscales por las que otorgaban un cr¨¦dito fiscal del 45% a determinadas inversiones que superaban los 15 millones, y que en 1996 aprobaron una reducci¨®n de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades a favor de sociedades de reciente creaci¨®n (minivacaciones). Los jueces de Luxemburgo hacen constar que dichos acuerdos "no se notificaron a la Comisi¨®n".

Fue a ra¨ªz de las denuncias presentadas en 1996 y 1997 contra los beneficios concedidos a las empresas Daewoo y Ramond¨ªn, respectivamente, cuando Bruselas tuvo conocimiento de estos reg¨ªmenes fiscales y por lo que decidi¨® abrir una investigaci¨®n en 1999. En 2001, el Ejecutivo comunitario declar¨® irregulares las ayudas y orden¨® a Espa?a su recuperaci¨®n.

Ah¨ª arranc¨® el largo proceso judicial que culmin¨® ayer. La Corte de Luxemburgo concluye que la "inacci¨®n" de la CE entre 1996 y 2000 no puede interpretarse como una presunta aceptaci¨®n de las ayudas. Tambi¨¦n incide en que el Tribunal de Primera Instancia europeo no viol¨® el derecho a un proceso justo, ni que la CE contravino el principio de proporcionalidad al pedir a Espa?a que recuperase la totalidad de las ayudas.

Tras declarar ilegales estas dos medidas fiscales, los jueces pasar¨¢n ahora a determinar si aceptan la petici¨®n de Bruselas de imponer una multa a las instituciones vascas por no haber reintegrado las subvenciones. La Comisi¨®n plante¨® sancionar con 236.044 euros por cada d¨ªa que pase desde el pronunciamiento definitivo del tribunal hasta que Espa?a acate la sentencia, as¨ª como otros 25.817 euros por cada d¨ªa transcurrido desde la primera resoluci¨®n, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la siguiente.

La discusi¨®n se centra en estos momentos en la disparidad de criterios que alegan las partes sobre la recuperaci¨®n de las ayudas. Bruselas defiende que las empresas han devuelto una parte escasa de los m¨¢s de 700 millones que se otorgaron en conjunto, entre vacaciones, minivacaciones y el cr¨¦dito del 45%, mientras que las haciendas insisten en que todo el montante est¨¢ reembolsado. Las autoridades comunitarias tienen la sospecha de que las Diputaciones podr¨ªan no estar jugando limpio en este asunto, a la vista de la falta de transparencia con que han actuado hasta ahora y las trabas que han puesto en todo este proceso.