Reino Unido acepta la copia privada

No podemos alabar las innovaciones tecnol¨®gicas y, a la vez, prohibir su uso al ciudadano que las compra. Con este argumento, el Gobierno brit¨¢nico ha anunciado una sacudida a las leyes que rigen el orbe digital, particularmente a las referidas a la protecci¨®n de la propiedad intelectual.

De entrada, romper¨¢ con la tradici¨®n anglosajona y permitir¨¢ la copia privada, que est¨¢ aceptada en el derecho continental, Espa?a entre ellos. Se trata de que quien es leg¨ªtimo poseedor de una obra puede obtener una copia para su uso personal (por ejemplo, grabar la canci¨®n en un CD para escucharla en el coche). La admisi¨®n de la copia privada, en la medida en que puede suponer una merma de ingresos al autor de la obra, va acompa?ada en Europa de una compensaci¨®n, el canon digital, que pagan los clientes que compran soportes de almacenamiento o grabaci¨®n o el Estado. Pero no parece que las autoridades brit¨¢nicas vayan a introducir un canon. En el documento donde presentan sus reflexiones se afirma que el da?o a los titulares de derechos, que se traducir¨ªa en una "indemnizaci¨®n justa", seg¨²n la legislaci¨®n comunitaria, es m¨ªnimo y el monto de la compensaci¨®n equitativa prevista ser¨ªa cero. Para el abogado Javier de la Cueva, sin embargo, el Gobierno deber¨¢ fijar una compensaci¨®n para cumplir con la directiva europea. Otra cosa, dice, es la soluci¨®n que se adopte.

Las autoridades no se plantean un canon digital para compensar al autor

Por el contrario, al abogado Josep Jover, que llev¨® el caso de la tienda Padawan ante el tribunal de Luxemburgo y que supuso un severo correctivo al canon digital espa?ol, no le sorprende la postura brit¨¢nica, porque en su respuesta a la consulta que les hizo el citado tribunal ya manifestaron esta opini¨®n y pusieron en duda la dimensi¨®n del da?o causado. Para Jover, la copia privada se puede equiparar a la copia de seguridad de los programas inform¨¢ticos, que no implica compensaci¨®n.

Las autoridades brit¨¢nicas tambi¨¦n han abandonado la idea de una ley que imponga el bloqueo de los sitios que vulneren los derechos de autor. No porque vayan a permitirlo, sino porque esperan que la industria de los contenidos y los operadores pacten una f¨®rmula que, pasando por la instancia judicial, permita una persecuci¨®n ¨¢gil de los mismos. La orden judicial que la semana pasada oblig¨® a BT a bloquear un sitio de enlaces a instancias de Hollywood les parece ejemplar. La industria brit¨¢nica del cine y la m¨²sica ha mostrado su descontento por estas reflexiones.

Para Jover, la cultura anglosajona es muy estricta en la fijaci¨®n de la cuant¨ªa de los da?os. "La ley Sinde, ante la evidencia de que no puede perseguir los sitios de enlaces por la v¨ªa penal, ha optado por la v¨ªa administrativa, porque en la jurisdicci¨®n civil se deber¨ªa probar con exactitud el da?o causado". El Gobierno brit¨¢nico anuncia para 2012 un sistema parecido al franc¨¦s para perseguir a los internautas que descarguen obras protegidas, basado en una serie de avisos para que desistan de su conducta antes de castigarla. El Gobierno prev¨¦ que el internauta pague 20 libras (23 euros) si quiere responder a los avisos para defenderse. Ello, dicen, evitar¨¢ recursos sin fundamento y el dinero se devolver¨¢ a quien sea inocente.

Para De la Cueva, el Gobierno est¨¢ repensando la propiedad intelectual aunque olvida a un interlocutor, el mundo de la cultura, y solo escucha a la industria. Destaca que la reforma busca soluciones a las obras hu¨¦rfanas, cuyo autor se desconoce y que est¨¢n fuera del mercado porque no se sabe qui¨¦n detenta los derechos. Subraya que la Administraci¨®n supervisar¨¢ los litigios por patentes de menor cuant¨ªa para conocer el alcance del problema y ha decidido que sea la industria quien pague el coste de rastrear e identificar las direcciones de Internet sospechosas. Ahora el 25% corre a cargo de la operadora.