Entidades contra el racismo acusan a la justicia de tibieza con PxC

El folleto de Plataforma per Catalunya (PxC), partido liderado por Josep Anglada, es una soflama en contra de la inmigraci¨®n: los musulmanes reciben "ayudas para obtener medicamentos gratis", son contratados "antes que los aut¨®ctonos", "no pagan impuestos" y se quedan con las "becas" escolares. Una serie de mentiras evidentes que el partido dej¨® negro sobre blanco en un panfleto que distribuy¨® en Sant Adri¨¤ de Bes¨°s. El Ayuntamiento ha llevado el caso a la fiscal¨ªa.

Entidades por la convivencia y expertos piden que se act¨²e sin tibieza contra un partido que utiliza bulos xen¨®fobos para ganar votos y advierten del peligro que suponen sus arengas de tinte racista. "No se persigue nada. Es sorprendente. Este tipo de afirmaciones puede llevar a la violencia", lamenta Sergi Santacana, abogado del Col¡¤lectiu Ronda. La asociaci¨®n tiene una batalla legal abierta con el partido xen¨®fobo por repartir panfletos en Matar¨® en las elecciones municipales. "La carta contiene un dec¨¢logo de sus ideas fascistas y racistas; la r¨¦plica de un cheque de 4.000 euros nominal destinado a un inmigrante, tambi¨¦n de contenido racista, y la lista de concejales presentados", lament¨® el bufete de abogados.

La denuncia sigue adelante. Y no es la ¨²nica. Pero las asociaciones echan en falta m¨¢s iniciativa y valent¨ªa por parte de jueces y fiscales. "Se deber¨ªa actuar m¨¢s de oficio, darle m¨¢s importancia. Es un peligro, un riesgo para el futuro", insiste Santacana. "Lo que hoy es una peque?a opini¨®n puede ir creciendo y fomentando cosas peores, como agresiones y violencia", a?ade.

Uno de los principales problemas, sostiene el presidente de la Audiencia Provincial de Girona, Fernando Lacaba, es la "nebulosa" en la que acaban envueltos muchos de los procesos. "Estamos en un Estado de derecho, donde prima la libertad de expresi¨®n y manifestaci¨®n, ?d¨®nde acaba lo uno y empieza lo otro?", se pregunta a prop¨®sito de los delitos de incitaci¨®n al racismo que puede llevar aparejado el ideario que defiende un partido como Plataforma per Catalunya.

"La libertad de expresi¨®n cubre el derecho a mentir", admite Santacana. Pero, a su entender, tiene un l¨ªmite: "Cuando puede suponer un riesgo para terceras personas o est¨¢ hecho con la intenci¨®n de injuriar o de difamar, o incluso de fomentar el odio. En ning¨²n caso se deber¨ªa poder justificar este tipo de actuaciones".

"Es muy complicado y variable. No todas las opiniones en este sentido son delito", se?alan fuentes judiciales. Ante cada uno de estos casos, la fiscal¨ªa se ve en obligada a analizar "frase por frase" para ver "hasta d¨®nde se puede llegar", a?aden fuentes legales.La fiscal¨ªa tiene varios procesos en marcha contra PxC. El responsable de la secci¨®n de delitos de odio y discriminaci¨®n de Barcelona, Miguel ?ngel Aguilar, abri¨® diligencias tras la denuncia del Col¡¤lectiu Ronda en Matar¨®. Tambi¨¦n anunci¨® una investigaci¨®n por la propaganda electoral en las municipales.

Adem¨¢s mantiene otro frente abierto: un proceso judicial iniciado en 2007 cuyo juicio est¨¢ previsto que se celebre pronto. El fiscal pide un a?o y medio de prisi¨®n para Anglada y para Juan Carlos Fuentes, exconcejal de su partido en Vic, por repartir unos pasquines que incitaban a la discriminaci¨®n del colectivo magreb¨ª.

En la causa est¨¢ tambi¨¦n la organizaci¨®n SOS Racisme, muy beligerante con el ideario que propaga PxC. "Difunden bulos que son falsos, con un temerario desprecio a la verdad para captar votos", lamenta ?scar Vicario, abogado de la organizaci¨®n. PxC logr¨® en las ¨²ltimas elecciones municipales 67 concejales, frente a los 17 de los anteriores comicios. "La fiscal¨ªa est¨¢ siendo suave con ellos. Al final lo que les va parando los pies son las luchas individuales", se queja el letrado.

Aunque matiza que el problema no es tanto catal¨¢n (la fiscal¨ªa contra los delitos de odio y discriminaci¨®n recibi¨® el a?o pasado 171 denuncias de los de los Mossos d'Esquadra y abri¨® 69 procedimientos judiciales) como de actitud de una instituci¨®n muy jerarquizada.

"Incluso deber¨ªa investigarse si PxC cumple las exigencias de la ley de partidos, que proh¨ªbe expl¨ªcitamente cualquier mensaje xen¨®fobo", a?ade el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. A su entender, los fiscales deben estudiar si PxC infringe la "triple dimensi¨®n" legal: la directiva europea de igualdad de trato por origen racial y ¨¦tnico, el art¨ªculo 510 del C¨®digo Penal (que castiga a los que provocan "la discriminaci¨®n, odio o la violencia" contra determinados colectivos o difunden "informaciones injuriosas" sobre grupos o asociaciones) y la citada ley de partidos.

Pero la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo merma en la pr¨¢ctica la aplicaci¨®n del art¨ªculo 510. En una sentencia del mes de junio, el Supremo absolvi¨® a cuatro neonazis de la librer¨ªa Kalki. "Los alemanes no ten¨ªan raz¨®n porque no quemaron a todos los jud¨ªos" y "el negro puro se encuentra cultural y socialmente en el escal¨®n m¨¢s bajo", afirmaban en sus libros.

El tribunal consider¨® que sus aseveraciones no eran suficientes para justificar una condena por difusi¨®n de ideas genocidas y contra los derechos fundamentales. La sentencia, con un voto particular en contra, del magistrado Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, interpret¨® que las afirmaciones est¨¢n amparadas por la libertad de expresi¨®n porque no constituyen una "incitaci¨®n directa" al genocidio ni suponen "la creaci¨®n de un clima de opini¨®n" que pueda llevar a "actos concretos de discriminaci¨®n, odio o violencia".

"Es algo descabellado", se queja Vicario. "Parece que nadie vaya a actuar contra ellos hasta que haya sangre de verdad", a?ade. El letrado arremete contra la sentencia del Supremo porque "vac¨ªa de contenido" el apartado primero del art¨ªculo 510, al interpretar que es necesaria una incitaci¨®n directa. SOS Racismo ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, junto con la asociaci¨®n Amical de Mauthausen

Ante esta situaci¨®n, las asociaciones como SOS Racisme intentan actuar bas¨¢ndose en el punto 2 del art¨ªculo 510, que castiga a los que "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones con relaci¨®n a su ideolog¨ªa, religi¨®n o creencias" o por pertenecer a una "etnia o raza". El problema, explica Vicario, es que por ahora no hay jurisprudencia en este sentido. Ni siquiera hay un n¨²mero considerable de sentencias en primera instancia.

"La libertad de expresi¨®n no es una libertad sin l¨ªmites. En Europa, tenemos un ordenamiento jur¨ªdico basado en los derechos humanos y tenemos las constituciones que limitan ese ejercicio de libertad", resume Ibarra. Vicario da un paso m¨¢s y pide una reforma de la ley de partidos para que no solo el Gobierno y la fiscal¨ªa puedan presentar una demanda de ilegalizaci¨®n de una organizaci¨®n. "Si pudi¨¦semos presentarla nosotros, lo har¨ªamos", concluye el abogado.