Un 37% m¨¢s de familias pobres pide la renta b¨¢sica de inserci¨®n
La crisis deja en riesgo de exclusi¨®n a 200.000 n¨²cleos familiares - El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote
Las rentas b¨¢sicas de inserci¨®n, que cobran aquellas personas que no perciben ning¨²n otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se hab¨ªan incrementado un 0,40% respecto al a?o anterior, en 2008 ya subieron m¨¢s de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%. A la luz de la informaci¨®n que est¨¢n ofreciendo algunas comunidades, y de lo que opinan los expertos, no es aventurado calcular que el a?o pasado la cifra rondara ya las 200.000 familias. Los datos, a los que ha tenido acceso este peri¨®dico, son oficiales, es decir, las autonom¨ªas los han remitido as¨ª al Gobierno, aunque no se han hecho p¨²blicos. Lo mismo puede decirse de los n¨²meros de 2010: el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social ya los ha recibido, pero a¨²n no los ha dado a conocer.
Alrededor de 2 de cada 1.000 personas perciben esta prestaci¨®n
La paga se otorga una vez agotada toda la red social y econ¨®mica
Las rentas de inserci¨®n, o b¨¢sicas, las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales p¨²blicos cuando no se dispone de ning¨²n otro apoyo econ¨®mico o se han ido perdiendo los que se ten¨ªan: primero el paro y despu¨¦s las dem¨¢s ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que est¨¢n en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusi¨®n. Cuando se llega hasta ah¨ª es que se han agotado todas las redes que paraban la ca¨ªda: familia, amigos, prestaciones p¨²blicas.
Marta, de Zaragoza, elige un nombre ficticio para salvar el estigma de la pobreza y contar que vive con su hija de seis a?os, a la que el padre dej¨® un d¨ªa de pasar el dinero tras el divorcio. Era peluquera, pero la enfermedad se cruz¨®. Acaban de quitarle un ri?¨®n, as¨ª que el trabajo se esfum¨®. Ahora est¨¢ "contenta", cobra 500 y pico euros y busca un empleo.
Estas pagas, que rondan cuant¨ªas de 400 euros, toman un nombre distinto en cada autonom¨ªa. Tal variedad nominal es a su vez indicativa de las muchas diferencias que existen entre comunidades en la gesti¨®n de esta ayuda. La perciben alrededor de dos de cada 1.000 habitantes, "una cifra muy pobre cuando se conoce que hay colas de gente esperando por ellas y que se est¨¢ recurriendo a las organizaciones ben¨¦ficas cuando falta el apoyo p¨²blico al que deber¨ªan tener derecho", critica Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Pero un dato distorsiona esa media: 25,44 personas de cada 1.000 la perciben en el Pa¨ªs Vasco. En esta comunidad la Renta de Garant¨ªa de Ingreso (RGI) sobrepasa los 600 euros en algunos casos y tambi¨¦n son beneficiarios los pensionistas cuyos ingresos son muy escasos. Cuando se trata de familias de tres o m¨¢s miembros, el monto supera el 150% del salario m¨ªnimo interprofesional. Y puede haber complementos para pagar el alquiler de la vivienda. En este momento tienen 53.000 titulares de esta renta, con familia o sin ella, asegura el viceconsejero vasco de Planificaci¨®n y Empleo, Javier Ruiz.
Pero la gran singularidad del modelo vasco radica en dos factores: que la renta es un derecho garantizado por ley para aquel que cumple los requisitos, y el fuerte v¨ªnculo del perceptor con la consecuci¨®n de un empleo. "Es derecho y deber buscar y lograr un trabajo mientras se cobra esta renta, que en esta comunidad gestiona directamente el Servicio Vasco de Empleo", dice Ruiz.
Empleo y vivienda est¨¢n considerados por los expertos los dos elementos fundamentales para evitar la exclusi¨®n social.
Pero en la mayor¨ªa de las comunidades, sin embargo, las rentas cada vez son menos de inserci¨®n y m¨¢s b¨¢sicas, es decir, su v¨ªnculo con el mundo laboral se va hundiendo y emerge apenas una esquel¨¦tica prestaci¨®n asistencial, que puede ser tan eterna como la marginaci¨®n social del beneficiario. "Se est¨¢n quedando escasas en la cuant¨ªa. Y hay disparidad en los requisitos que se piden para percibirlas. Antes de la crisis esta renta la cobraba gente que ten¨ªa un perfil dif¨ªcil para encontrar empleo, pero ahora ha entrado en tromba una capa de poblaci¨®n que ha perdido el trabajo y necesita ayuda para volver a encontrarlo y salir a flote. Son dos perfiles bien distintos", explica Ram¨ªrez, de la Asociaci¨®n de Gerentes de Servicios Sociales. "El consenso social existe, todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que estas rentas deben tener una relaci¨®n directa con el empleo, pero es cierto que hay perfiles que no alcanzan las condiciones que exigir¨ªa un empleador. A esta gente cabe exigirle criterios de inserci¨®n social, como que tengan a los hijos escolarizados, vacunados, etc¨¦tera. Quiz¨¢ en esos casos la renta puede ser ilimitada. No ser¨ªa algo tan costoso siempre que se atendiera bien la otra pata, la de los que han de volver al mercado laboral. En estos casos el criterio debe ser la inserci¨®n laboral, por encima de cualquier otro", sigue Ram¨ªrez. "Y quiz¨¢ para ellos deber¨ªa ser una renta temporal, que evite la tentaci¨®n subsidiaria".
Marta sabe que debe buscar trabajo, y que ha de encontrarlo, porque su madre ya la ayud¨® cuanto pudo. "Esta paga no es para siempre. Adem¨¢s, si no lo encuentro tendr¨ªa que vender mi piso o alquilarlo y vivir con mi madre. Y las dos estamos ya acostumbradas a vivir solas", se r¨ªe.
En el Pa¨ªs Vasco hay convenios con empresas de empleo experimental, de empleo protegido y programas de contrataci¨®n preferente para perceptores de la renta de garant¨ªa de ingresos. Se tratar¨ªa con ello de rescatar a aquellos cuyo perfil no est¨¢ ligado por completo a la exclusi¨®n, pero no a los que tienen facilidades para encontrar trabajo en cuanto la econom¨ªa se enderece un poco. "Algunos no lo conseguir¨¢n nunca, pero no solo hay que atender a los que est¨¢n preparados para lograrlo. Si algo justifica la existencia de servicios sociales p¨²blicos es la atenci¨®n a colectivos en riesgo, pero que presentan habilidades personales y motivaci¨®n", dice Ruiz.
Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez hace hincapi¨¦ adem¨¢s en que no se debe olvidar la inserci¨®n social, es decir, acompa?ar estas rentas con los mecanismos necesarios para situar a esas personas, de nuevo, dentro de los m¨¢rgenes sociales. Los expertos mantienen que la renta m¨ªnima debe preservarse y en su mayor¨ªa rechazan las formas c¨®mo la Generalitat de Catalu?a ha intentado cambiar la forma de hacer efectivos los pagos con el argumento de intentar combatir el fraude.
M¨ªnimo com¨²n para la paga m¨ªnima
La renta b¨¢sica no es, a priori, un derecho del ciudadano que el Estado tenga, por tanto, la obligaci¨®n de proveer. Por eso su concesi¨®n est¨¢ sujeta a la disponibilidad de dinero por parte de las Administraciones. Y en la actual situaci¨®n de crisis, con las arcas p¨²blicas casi vac¨ªas, eso implica que en muchos de estos casos, hasta miles de ellos, se est¨¢n derivando sin m¨¢s a las organizaciones ben¨¦ficas.
Pero en los ¨²ltimos a?os este planteamiento est¨¢ cambiando. Algunas comunidades aut¨®nomas han ido redactando leyes de servicios sociales que mejoran este aspecto. En el caso del Pa¨ªs Vasco, por ejemplo, esta renta ya es un derecho. En otros territorios iban camino de ello, pero la crisis se ha cruzado en su implantaci¨®n y no se han desarrollado las leyes.
El reto, dicen los expertos, es una ley estatal, un marco general que ponga unos m¨ªnimos comunes en este panorama. "Si el Estado es quien fija la cuant¨ªa que se percibe como salario m¨ªnimo interprofesional, tambi¨¦n deber¨ªa fijar la renta para toda Espa?a, al menos el suelo, sin perjuicio de que las comunidades las aumenten", se?ala Patrocinio de las Heras, que fue una de las responsables de la pol¨ªtica social en los ochenta, cuando se pusieron las bases del cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales tal cual se conocen ahora. Y no solo con la cuant¨ªa han de establecerse unos m¨ªnimos comunes, tambi¨¦n con los requisitos para acceder a estas rentas, dicen los expertos. Pero para esto es necesario que se libre un dinero a las comunidades, si no, ninguna querr¨¢ entrar en el asunto, sostienen. Pero ahora, cuando m¨¢s atenci¨®n necesitan las pol¨ªticas sociales, m¨¢s paradas est¨¢n las reflexiones y la tijera est¨¢ haciendo de las suyas. La red europea contra la pobreza (EAPN, en sus siglas inglesas) en la que participan delegaciones de unos 30 pa¨ªses, ya ha dado la voz de alarma. En su ¨²ltima reuni¨®n en Lisboa, en junio, redactaron un manifiesto donde se pide a los Estados que "obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversi¨®n social".
Y recuerdan la necesidad de establecer una renta m¨ªnima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza.
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